El Gobierno nacional profundizó su estrategia de retiro del Estado de la actividad productiva y ratificó que el objetivo es desprenderse de la totalidad de las empresas públicas. Así lo confirmó Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, quien detalló que hay más de 40 firmas en proceso de privatización o cierre, en una política que apunta a redefinir el rol estatal en la economía.

La definición no es menor: según lo expuesto, la decisión abarca tanto compañías deficitarias como aquellas con balances positivos. El criterio no distingue desempeño, sino que responde a una directiva política central. “El objetivo es vender todo. Todas”, sostuvo el funcionario, al tiempo que aclaró que la discusión pasa ahora por los tiempos y las condiciones de cada operación.

Del déficit fiscal al rediseño del Estado

El proceso se inscribe en una lógica económica basada en el equilibrio fiscal y en la reducción del gasto público. Desde la visión oficial, las empresas estatales representan una carga estructural financiada por el conjunto de la población.

Chaher planteó que el problema no es coyuntural sino sistémico: incluso cuando las compañías logran ordenarse, ese equilibrio puede perderse si no operan bajo reglas de mercado. Bajo este diagnóstico, el Gobierno considera que la gestión pública no garantiza sostenibilidad en el tiempo.

En paralelo, el plan incluye una reconfiguración jurídica. La conversión de 13 empresas en Sociedades Anónimas busca, según lo informado, imponer estándares de control y transparencia similares a los del sector privado. Esta transformación funciona como paso previo a su eventual venta.

Ventas masivas, cierres y búsqueda de inversores

La hoja de ruta oficial contempla distintos mecanismos según el caso. En empresas como AySA, se proyecta la venta del 90% del paquete accionario, con un 10% reservado para los empleados. En otros casos, directamente se avanza en el cierre de estructuras consideradas sin función operativa.

El proceso también incluye activos estratégicos como Transener, donde ya se recibieron ofertas por USD 887 millones para adquirir parte del control accionario. Según lo informado, el Gobierno prioriza inversores con experiencia en los sectores involucrados, con el objetivo de sostener la operación a largo plazo.

Otro eje clave es el “blindaje” de las privatizaciones. La estrategia apunta a diseñar contratos que encarezcan eventuales intentos de reestatización, mediante penalidades económicas y compromisos internacionales.

Además, el esquema se extiende a sectores como energía (Enarsa), transporte ferroviario y aerocomercial, donde el Gobierno ya manifestó su intención de avanzar sin excepciones.

Concentración de decisiones y respaldo político

La centralización de la estrategia en la Agencia de Transformación refleja un alineamiento directo con la conducción política del Ejecutivo. La consigna de vender todas las empresas no surge de evaluaciones sectoriales aisladas, sino de una definición política integral.

En ese marco, el Gobierno refuerza su narrativa de disciplina fiscal y eficiencia como ejes de gestión. La decisión de no diferenciar entre empresas rentables y deficitarias implica un cambio respecto de modelos anteriores, donde se buscaba sostener ciertas compañías por su valor estratégico.

Al mismo tiempo, el enfoque legal para blindar las operaciones revela una preocupación por la sostenibilidad política del proceso en el tiempo, más allá del actual mandato.

Inversión, activos y mercado local

Desde el punto de vista económico, el proceso abre un escenario de transferencia de activos hacia el sector privado. Según lo señalado, una parte significativa de las operaciones recientes fue protagonizada por capitales locales, lo que marca un cambio respecto de experiencias anteriores.

El Gobierno sostiene que no se trata de una liquidación de activos, sino de una búsqueda de inversores que consideren viables los negocios en el contexto argentino. Sin embargo, el valor de las empresas y las condiciones de venta siguen siendo objeto de debate en el mercado.

En sectores como energía y transporte, la reconfiguración podría impactar en la estructura de costos y en la dinámica de inversión, aunque los efectos concretos dependerán de la implementación de cada proceso.