Guardia alta

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Nosotros lo debemos mejorar”. Lacónico, un diputado nacional describió la sensación al conocer los números del Presupuesto nacional reservado para Misiones. Son 113 mil millones de pesos que resultan poco y dicen mucho. Son 113 mil millones que ratifican la inequidad en el reparto de los recursos federales y que robustecen la posición de Misiones al reclamar una compensación histórica y convertir a la tierra colorada en una zona libre de impuestos para poder producir la riqueza que el país central nunca distribuyó y tardará eternidades en equilibrar. 

En términos nominales, el presupuesto coloca a Misiones como la provincia 17 en cantidad de recursos. Pero en gastos de capital, los que cambian algo, Misiones ocupa el puesto 21. Los 113 mil millones son solo 16.073.768.680 más que este año, con lo que Misiones es la tercera provincia donde menos crece la proyección de recursos nacionales.  Es 16,4% más que el presupuesto vigente y cerca de la mitad de la inflación proyectada para 2020 -la de 2021 está pensada en 29%-, redondeando así el tercer incremento más bajo de todo el país, solo superando a Formosa (+14,7%) y Santiago del Estero (+15,8%).

Volviendo a la cuestión del gasto de capital, Misiones se ve fuertemente perjudicada en la asignación, sin que existiese un criterio claro para ello. No se logra entender con precisión como dos provincias vecinas tienen tantas diferencias en la asignación de recursos de inversión (Corrientes crece 364,2% y Misiones solo 61,5%). De hecho, históricamente Misiones y Chaco lideraban en el NEA en cuanto a las asignaciones de partidas presupuestarias para gasto de capital, y ahora Misiones pasaría a quedar tercera en el NEA, más cerca de Formosa (que se ubica última) que de Chaco que se ubica primera.

Para verlo en números absolutos: Chaco tendrá $7 mil millones más que Misiones para inversión de capital; y Misiones apenas $2.550 millones más que Formosa, que tiene la mitad de habitantes. 

Paradojas de la política, el distrito que se queja en la Corte por la quita por decreto de 1,5 puntos de coparticipación, sigue siendo el más beneficiado en el reparto de la torta. En Capital Federal se queda el 26,37 por ciento del presupuesto, lo que equivale a más de dos billones de pesos. En segundo lugar, Buenos Aires, donde gobierna Axel Kicillof desde ahora con más coparticipación, se queda con poco menos de dos billones de pesos. 

Por eso será fundamental la muñeca que exhiban los diputados nacionales misioneros para poder incorporar más recursos y obras a un mezquino proyecto. Las conversaciones ya se iniciaron con Sergio Massa, quien tiene el aval del ministro del Interior, Wado De Pedro, para negociar con los gobernadores.

El país central sigue ensimismado en su ombligo. La discusión política se dirime en una retórica que no escapa de lo pueril en Gobierno-Cambiemos y la “agenda federal” queda en un segundo plano. El cambio de color no remueve estratos de la política concentrada. Algunos problemas se profundizan y los remedios se repiten sin tonos. 

El cepo hard al dólar es una receta que, a la vista está, no curó la enfermedad. Cristina dejó su Gobierno con restricciones a la compra de divisas verdes. Mauricio Macri hizo campaña prometiendo liberar todos los controles, pero se fue del poder con un super cepo de apenas 200 dólares por mes. Alberto Fernández cierra más el grifo con un nuevo impuesto pero el problema sigue siendo el mismo: el peso no es confiable y la Argentina no produce los dólares necesarios para cubrir sus necesidades. 

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Con Macri se tapó el rojo con un endeudamiento atroz. Ahora, en medio de la pandemia, se busca evitar ese placebo para poder salir de la terapia intensiva por lo menos hasta que el Fondo Monetario Internacional alivie la carga de vencimientos en una negociación que recién comienza, tras el acuerdo con los acreedores privados. ¿Hay otro camino? Quizás no. Peor sería una devaluación que dispare precios y haga incontenible la inflación que a duras penas está desacelerando. Pero el mismo remedio aplicado una y otra vez demuestra su escasa eficacia, amén de que esconde otras inequidades que salen a la luz apenas se escarba un poco: no es lo mismo el que fuga dinero a un paraíso fiscal que el pequeño ahorrista que busca alcanzar el sueño de la casa propia y que, al ritmo de 200 dólares mensuales, tardará lo que sus nietos lleguen a la universidad. 

El atraso federal está a la vista cuando el Gobierno anuncia una inoportuna suba del precio de los combustibles “con la decisión de recomponer asimetrías históricas a nivel federal, recortando brechas entre la Capital Federal y el interior del país”: en Misiones la nafta premium superó largamente los 72 pesos, mientras que en el centro del país, cuesta casi cinco pesos menos. Efectivamente se achicó mínimamente la brecha que era superior en agosto.

El conflicto desatado entre productores de Colonia Aurora y la Prefectura, por los tractores que son traídos de Brasil, también desnuda inequidades y la sinrazón de una estructura aduanera e impositiva que deja fuera de competencia a los que viven lejos de los puertos de importación. Cruzando el río Uruguay se consigue un tractor usado en buen estado a un millón de pesos. Una unidad nueva en Argentina cuesta de 2,5 a cuatro millones. El colono misionero además puede pagar en cómodas cuotas o con productos, al valor del dólar de mercado y no al oficial. “Es el verdadero trueque blue”, definió un conocedor de los negocios de frontera. Es ilegal, sí. Pero para que la importación sea “legal”, hay que inscribirse como importador (para eso se contrata despachante de Aduana y mínimo un contador) y después hay que tramitar el Certificado de Importación de Bienes Usados que acredita que no hay producción nacional de eso que se quiere traer. Ni queriendo se puede hacer legal. 

Según datos del Censo Nacional Agropecuario 2018, en Misiones se encuentra el 4,09% del total de los tractores del país. Pero el 90,45 por ciento de las máquinas de quince años y más. Claramente, no se puede atender esta situación con la lógica de la Pampa Húmeda.

“Problemáticas como estas forman parte de las asimetrías que existen en la frontera. “Un tractor en Brasil, a pocos metros de Misiones, cuesta la mitad de precio que en Argentina. Por eso reclamamos y justificamos objetivamente el tratamiento de nuestra provincia con un régimen impositivo diferenciado para que estas cosas no ocurran”, remarcó el gobernador Oscar Herrera Ahuad después de reunirse con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.

El mandatario misionero insistió en que la política impositiva diferencial permitirá que “los elementos productivos de nuestros trabajadores acá en Misiones puedan costar lo mismo que en la Pampa húmeda. El pequeño productor tiene también que tener la posibilidad de acceder a la tecnología a la que pueden acceder productores de enormes extensiones en otras extensiones”.

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En calma y sin exacerbar un clima caliente, Herrera desactivó el conflicto y Frederic se comprometió a encontrar soluciones inmediatas a la problemática de frontera. Habrá que esperar. 

Mientras tanto, Misiones se sigue arreglando con lo propio. En un raid de pocas horas, el Gobernador desactivó reclamos y anunció incrementos salariales para todos los estatales, con un piso mínimo de 30 mil pesos. En paralelo, reacomodó las paritarias docentes que se habían negociado antes. El mínimo de 27.500 se elevó a 30.000, con un básico acordado en 10.500 pesos. 

En el año de la pandemia, el gremio docente consiguió fuertes reivindicaciones. En enero el básico estaba en 5.805 pesos. A fines de septiembre habrá aumentado 80,88 por ciento. Con el salario de bolsillo pasó algo similar. De estar a la cola, a codearse con el promedio nacional. Es decir, se recuperó poder adquisitivo ante una inflación que rondará el 35 por ciento anual. 

Pocos gremios pueden jactarse de haber conseguido semejantes logros. Pocas provincias otorgaron incrementos parecidos. En la cercana Corrientes el básico es de 9.070 y los docentes cobran un salario inicial de 25 mil.

Por eso mismo la protesta del sindicalismo intransigente tuvo escaso respaldo social. En plena oleada de contagios, los docentes salieron a la calle sin respetar medidas de resguardo poniendo en riesgo su propia salud y la de los demás, provocando un innecesario riesgo para la salud pública que tiene en vilo al país. 

En Misiones, pese a que es la provincia con menos casos, el número de contagios de coronavirus creció 31 por ciento desde agosto. “Tomar la calle” no hace más que potenciar el riesgo. 

Más allá de eso, la idea de presionar hasta “la conquista” en un escenario donde muchos misioneros perdieron ingresos o sus trabajos y dependen de la asistencia social, está fuera de contexto. El que salió a la calle a protestar tiene un sueldo al día asegurado. Pero el Estado debe velar por todos y sostener una economía provincial que de a poco se reactiva. La política educativa no es sólo salarios. Misiones fue la tercera provincia que más aumentó la inversión propia en el sistema educativo desde 2005, según un estudio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. En el mismo período, la inversión promedio en el país, decreció. 

Si las protestas no tuvieron respaldo social lo si consiguieron de la política. En Misiones, terruño ajeno, Cambiemos y el Frente de Todos coinciden en las mismas prácticas y se dejan ver abiertamente en los piquetes. 

No es un dato casual. La política tradicional está alejada de las necesidades del día a día. Debería comenzar a preocupar la fragmentación que se evidencia con fuerza en las encuestas. En un sondeo realizado por la consultora Zurban-Córdoba, el 26,7 por ciento dijo no sentirse representado por ninguna fuerza. Es cuatro puntos más que el peronismo y más del doble que la representatividad de Cambiemos.

Otro estudio de la consultora Innovación Política y Desarrollo revela que la imagen positiva de Alberto Fernández es del 41,5%, mientras que la negativa creció al 54,1%. La diferencia neta entre ambas imágenes es superior a los 12 puntos.

Para el ex Presidente Mauricio Macri su imagen negativa también supera a su imagen positiva. La primera se corresponde con un 59% de los encuestados y la segunda con un 37,7%.

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