La sediciosa protesta policial de Buenos Aires que cruzó todos los límites hasta acorralar la Quinta de Olivos con el Presidente dentro trajo a la memoria momentos negros de la historia reciente. Hombres armados por el Estado con demandas extorsivas que pusieron en vilo a todo el país con la condescendencia y aceptación cómplice de quienes se paran de un lado de la grieta. Pero con esto no se juega. Ni se hace política. La estabilidad democrática es una conquista que costó demasiado en la Argentina como para ser sometida a las miserias políticas.

La fusión atípica de bombos y armas, sin embargo, corrió el manto piadoso que cubre a la idea abstracta de un país federal. Alberto Fernández para cuidar el bastión principal del peronismo y a su gobernador, el joven Axel Kicillof, hizo lo que tantos otros presidentes hicieron antes: darle más dinero. Esta vez se lo sacó a Horacio Rodríguez Larreta, el referente de Cambiemos que dirige el distrito más rico del país. Pero en realidad, se lo sacó un poco a todos. Es la plata “federal” que se reparte cuantiosa apenas en el centro del país ante la mirada atónita de los demás gobernadores. 

Carlos Menem premió a Eduardo Duhalde con el Fondo del Conurbano, Mauricio Macri le duplicó -por decreto- la coparticipación al propio Rodríguez Larreta y después, Pacto Fiscal mediante, le cedió a María Eugenia Vidal 40 mil millones de pesos, mientras que en 2019 esa cifra se incrementó hasta llegar a los 65 mil millones. Cien mil millones en dos años. La pregunta es ¿qué hizo la gobernadora con esos recursos? Al mismo tiempo, Buenos Aires incrementó exponencialmente su deuda pública. Los agentes policiales cobraban un salario inicial de 30 mil pesos y ahora recibirán 44 mil, casi lo mismo que un uniformado misionero que recién se inicia.

La explosiva demanda de incrementos salariales también obedece a un constante deterioro del poder adquisitivo en los últimos cuatro años. Los salarios siempre corrieron detrás de la inflación, especialmente en el último año de la gestión Macri, con una suba de precios récord, que no se registraba desde 1991.Los gobernadores no aplaudieron el recorte a Larreta, pero respaldaron al Presidente, aunque con una sutileza: destacaron la necesidad de “reabrir el diálogo” sobre la distribución de recursos para “evitar cualquier tipo de favoritismo”, para “empezar a corregir los desequilibrios de un país concentrado”.

Reducir desigualdades para una Argentina Federal pic.twitter.com/ZbtlEd5g99

— Oscar Herrera Ahuad (@herrerayflia) September 10, 2020

El propio Larreta, aunque irá a la Corte, sabe que no tiene mucho por patalear. Lo que fue dado por decreto, por decreto fue quitado. El alcalde no está dispuesto a romper lanzas. “Toda mi vida elegí el camino del diálogo y más en este contexto: por encima de cualquier discrepancia política, estuve desde el primer día junto al Presidente y al Gobernador de la Provincia trabajando y coordinando acciones para cuidar la vida de los argentinos”, se desmarcó de los más radicalizados de Cambiemos. Sabe además que posiblemente sea el momento para ocupar él el rol central de la oposición. El Presidente lo puso en ese sitial al victimizarlo. 

Misiones no recibió la misma atención que Buenos Aires cuando negoció con los policías locales ni asistencia extra para discutir con los docentes que cortaron rutas esta semana. En esencia el conflicto es el mismo que enfrentó Axel, pero la vara es distinta por más que el Presidente repita que quiere ser el “más federal” de los porteños.

Misiones hace años viene reclamando del país central una corrección del coeficiente de coparticipación y una compensación por los años perdidos y hasta le puso monto: 126 mil millones de pesos. 

Cambiemos prometía el artículo 10 de la ley Pymes, aunque nunca se sabrá si el Presidente llegó a saber de qué se trataba. Ahora se negocia finalmente la reglamentación de ese artículo y declarar a Misiones como zona libre de impuestos para atraer inversiones y generar hasta 1.100 millones de dólares vía exportaciones, el triple de lo vendido al exterior en 2019. Pero, a pesar de que Fernández firmó un compromiso de campaña, cuando vino a Misiones se desentendió: “Todas las provincias piden lo mismo”. Y no. Los argumentos no son los mismos y las condiciones geopolíticas tampoco. 

En lo que va del año, Buenos Aires se quedó con la mejor porción de coparticipación -que es más baja que la inflación- con el 25,9% del total nacional distribuido a los distritos. La provincia de Misiones en el período enero – agosto 2020 recibió un total de $42.038,2 millones por transferencias automáticas (coparticipación, leyes especiales y compensación por Consenso Fiscal), mientras que por Transferencias No Automáticas (ATN, programas de Ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social, entre otros) recibió otros $4.288 millones.

En el primer caso (transferencias automáticas), tuvo un incremento interanual del 29,1%, muy por debajo de la inflación a partir de las bruscas caídas de la recaudación producto de la pandemia y su consecuente cuarentena. 

Observando la participación en el total nacional de recursos transferidos a las provincias, el Chaco equivale al 4,3% del total nacional, primera en el NEA; Corrientes participa del 3,2%, Formosa el 3,1% y Misiones el 3%. 

Misiones es la más perjudicada en el reparto nacional, al no haber correlación entre cantidad de habitantes, la participación en el PBI y lo que efectivamente recibe. El principal punto de discusión es lo atrasada que quedó la coparticipación: para ponerlo en números, en el acumulado enero–agosto 2020, Misiones recibió 20.000 millones menos que Chaco, pero tiene más habitantes.

La Provincia, de todos modos, se las arregla con lo propio para resolver las demandas en un contexto inusual como la pandemia. Atendió primero la situación policial y después cerró sendos acuerdos con docentes y trabajadores de la salud. Los principales gremios celebraron los resultados de las paritarias: en el caso de la salud, cinco mil pesos al básico. En el caso de los docentes, se acordó un salario inicial por cargo de 27.500 pesos y el básico aumentó casi 60 por ciento entre febrero y septiembre -pasó de 5.805,77 en febrero a 9,277,77 pesos-. Ningún otro gremio, menos en el sector privado, tuvo un incremento semejante. 

Sin embargo, hay un sector históricamente opositor en el espacio sindical. En el caso de la salud, ATE y CTA aceptaron la propuesta del Gobierno. En Educación, los gremios reconocidos sellaron el acuerdo. Pero a la calle salen los inorgánicos. El viernes, día del Maestro, hubo varios cortes de ruta en la provincia y un llamado al diálogo de parte del Gobierno que se encontró con la intransigencia sindical fuera de tiempo. Con sueldos al día desde hace más de quince años y aumentos en medio de una pandemia que los tiene fuera del aula, no hubo caso de acercar posiciones para levantar la medida de fuerza y disolver las concentraciones, que además ponen en riesgo la salud de los manifestantes y la de todos los misioneros. 

Según trascendió, en la mesa de negociaciones hubo ofertas para mover el salario de bolsillo de los docentes, pero extrañamente los sindicalistas se plantaron en el número mágico de un básico de 12.800 pesos. Después aceptaron bajarlo a 10.500 para finalmente retirarse de la mesa ante la explicación oficial: no se puede poner en riesgo el equilibrio de las finanzas para cumplir con un solo sector, cuando hay muchas actividades que están a media máquina y miles de personas vieron menguar sus ingresos por el coronavirus. Comprometer recursos en plena incertidumbre no es práctica del Gobierno. “Lo que prometemos, cumplimos”, sentenció uno de los negociadores oficiales. Pero ¿cómo prometer algo si no se sabe cuándo se recuperará la economía? ¿Cómo prometer algo si no se sabe qué pasará con la recaudación? 

Los sindicalistas disidentes perdieron una oportunidad de llevar más dinero inmediato al bolsillo. Se quedaron con el viejo manual de las negociaciones sindicales cuando el tiempo es otro. Hoy la urgencia es el bolsillo y jubilarse es posible con numerosas opciones que puso el propio Estado para salvar el problema futuro, como la Ventana Previsional, que permite el retiro con un monto más cercano al salario activo. 

¿Por qué tanto énfasis en el básico más que en el salario de bolsillo? Más allá de la lógica opositora, también se explica en que varios de los caciques descontentos tienen sueldos altos. El básico que piden los elevaría a casi cien mil, con aumentos de entre 15 y 20 mil pesos. Otros están con licencias eternas y acarician los 80 mil pesos. ¿Es mucho? ¿Es poco? Dependerá de la lupa, pero es mucho más de lo que pelean por sus representados.

No advierte el ala dura sindical que el colectivo social mira con cansancio sus desmanes. No es casual que las principales cámaras de la provincia y el país llamaran a un acercamiento para evitar poner en riesgo el estatus sanitario de Misiones que “se vería tirado a la basura en caso de tener que retroceder por contagios evitables”.

“El sector privado una vez más se vería en clara desventaja frente al empleo público, que de cualquier manera seguirá percibiendo sus haberes, en caso de tener que retroceder las actividades de todos los sectores productivos de la provincia”, señaló en un documento la Confederación Económica de Misiones. “Otra caída en la producción y el comercio sería un golpe letal a la economía misionera”, advierte la entidad.

Muchas empresas están a duras penas cubriendo costos y tratando de no despedir por las pocas ventas en plena cuarentena. Muchos empleados rezan por no perder su fuente laboral, lejos de los beneficios de la estabilidad estatal. Miles más perdieron su trabajo. Lejos de la mesura, con un mensaje bélico, los sindicalistas disidentes prometieron “golpear con más fuerza convencidos de no desistir hasta alzarnos con una victoria”.

La batalla de Misiones es otra. Cuidar la economía y la salud son las prioridades en una lucha desigual contra un enemigo invisible. La foto indica que los esfuerzos están valiendo la pena. Misiones es la provincia con menos contagios de coronavirus en la Argentina -solo quedan dos con menos de cien casos- gracias a un enorme esfuerzo para abrir la economía en forma paulatina y con los protocolos de salud adaptados a la nueva normalidad. Desde agosto a este fin de semana hubo varias provincias con crecimientos de casos de superiores al cien por ciento. En diez días San Luis y Tucumán el total de casos acumulados de coronavirus se incrementó un 142% respecto de agosto, mientras que en Santa Fe el aumento fue de 99% y en Mendoza de 81%, según un análisis realizado por la docente e investigadora Soledad Retamar en base a los datos oficiales. En Misiones se pasó de 54 a 65. El esfuerzo es siempre doble. No es sólo evitar contagios de la Argentina, sino que se cuele algún contacto desde Brasil: en los tres estados fronterizos hay 500 mil contagios y más de diez mil muertos. 

Pero es apenas una foto. Nada garantiza que no crezcan los contagios y por eso, con sensatez, es poco probable que vuelvan las clases presenciales en lo que resta del año. Asimismo, se hará lo posible por extender el cierre de las fronteras hasta después de las fiestas de diciembre.

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