Nación establece nuevas reglas para abrir la red ferroviaria de cargas a múltiples operadores
La Resolución 1984/2026 fija procedimientos de acceso, criterios para asignar capacidad, obligaciones de los administradores de infraestructura y mecanismos para evitar tratos discriminatorios. La CNRT deberá elaborar una propuesta de régimen sancionatorio.
El Ministerio de Economía aprobó nuevas pautas para implementar el sistema de acceso abierto en el transporte ferroviario de cargas. La medida, formalizada mediante la Resolución 1984/2026, reglamenta aspectos operativos del Decreto 1027/2018 y establece reglas comunes para que distintos operadores puedan utilizar la infraestructura de la Red Ferroviaria Nacional, independientemente de quién tenga a su cargo su administración.
La decisión se inscribe en el proceso de reorganización del sistema ferroviario de cargas y en el esquema de desintegración vertical previsto para la privatización de Belgrano Cargas y Logística, que contempla separar la administración de las vías de la prestación de los servicios de transporte. Bajo ese modelo, los concesionarios de infraestructura y los operadores ferroviarios deberán coordinar sus actividades mediante procedimientos y condiciones comunes.
El objetivo operativo es establecer criterios previsibles para solicitar el acceso a las vías, obtener ventanas de circulación, contratar capacidad y utilizar los servicios asociados. La norma también busca que la infraestructura disponible pueda ser utilizada por distintos prestadores bajo condiciones equitativas, transparentes y no discriminatorias.
La resolución no implica que toda la red quede habilitada de manera automática para cualquier operador. La utilización efectiva dependerá de las condiciones técnicas, operativas y de seguridad de cada tramo, de la capacidad disponible y de los contratos o instrumentos jurídicos que regulen la administración de la infraestructura.
Un procedimiento común para solicitar el acceso
El anexo aprobado por Economía establece que cada administrador de infraestructura ferroviaria deberá presentar ante la Secretaría de Transporte un Procedimiento de Solicitud de Acceso para su consideración. La autoridad tendrá un plazo de 15 días hábiles administrativos para expedirse. Si no lo hace dentro de ese período, el administrador podrá aplicarlo provisionalmente, aunque deberá adecuarlo a la versión que finalmente sea aprobada.
Ese procedimiento deberá contemplar las distintas etapas del trámite: la solicitud del operador, la verificación de los requisitos previos, la asignación de ventanas de paso y capacidad, la formalización de un Convenio de Circulación y la comprobación de las condiciones necesarias para que los trenes puedan operar.
La normativa fija además un plazo máximo de 30 días hábiles administrativos para que el administrador resuelva cada solicitud de acceso. Ese período podrá suspenderse una sola vez si resulta necesario pedir documentación adicional o corregir la presentación. En ese caso, el administrador deberá concentrar todas las observaciones en un único requerimiento.
Los operadores interesados deberán estar inscriptos en el Registro de Operadores de Cargas y de Pasajeros de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), informar el origen y destino de la carga, el recorrido, el tipo y volumen estimado de mercadería y la frecuencia prevista. También tendrán que acreditar los seguros exigidos, presentar el plan de carga, identificar al personal de conducción y sus habilitaciones, y detallar los medios previstos para atender contingencias o emergencias.
La norma establece que se priorice la utilización de canales digitales para gestionar las solicitudes con mayor inmediatez. Una vez aprobado, el procedimiento deberá publicarse en los sitios web del administrador y de la CNRT.
Ventanas de paso, peajes y condiciones de circulación
Uno de los puntos centrales del nuevo marco es la formalización de un Convenio de Circulación entre el administrador de infraestructura y cada operador habilitado. Ese instrumento deberá precisar las rutas contratadas, los tramos de vía, los horarios solicitados y la capacidad asignada.
También deberá incluir las condiciones técnicas y operativas aplicables, como velocidades máximas, carga por eje, prioridades de paso y restricciones derivadas del estado de la infraestructura. El convenio podrá contemplar acuerdos sobre servicios auxiliares, reparaciones menores, intercambio de información en tiempo real, protocolos de emergencia y utilización de patios ferroviarios y playas de maniobra.
La Secretaría de Transporte deberá considerar el modelo de convenio presentado por cada administrador dentro de un plazo de 15 días hábiles administrativos. Si no se pronuncia, el administrador podrá utilizarlo de manera provisional, dejando constancia de que deberá adecuarlo al modelo que resulte aprobado definitivamente.
Una vez autorizada una solicitud de acceso, el Convenio de Circulación deberá celebrarse dentro de los 60 días corridos siguientes. La contratación de capacidad se determinará de manera anticipada y en función de la disponibilidad de infraestructura en el sector correspondiente.
En materia económica, la norma define el peaje como la contraprestación que recibe el administrador por el acceso a la red. Incluye el derecho de paso o reserva de capacidad y los servicios obligatorios que correspondan según el contrato de concesión o instrumento aplicable.
Transparencia para evitar ventajas entre operadores
El nuevo régimen establece obligaciones de información para los administradores de infraestructura. Deberán publicar y mantener actualizados en sus páginas web datos sobre la clasificación de las vías, la capacidad disponible y comprometida, las ventanas de paso asignadas, las restricciones operativas y los programas de mantenimiento que puedan afectar la circulación.
También deberán informar el peaje vigente y su metodología de cálculo, el reglamento operativo, los procedimientos de acceso, los criterios para asignar capacidad y las características técnicas de cada tramo. La información incluirá mapas, trochas, cargas máximas por eje, velocidades permitidas, conexiones con otros administradores, desvíos y espacios disponibles en estaciones y patios ferroviarios.
La publicación de estos datos busca que los operadores puedan conocer las condiciones reales de la red antes de solicitar su utilización y evaluar la viabilidad de sus servicios de transporte.
La resolución prohíbe expresamente las prácticas que discriminen o restrinjan indebidamente el acceso de terceros, tanto por decisiones comerciales como por criterios técnicos u operativos. Para identificar posibles situaciones de trato desigual, incorpora parámetros específicos.
En tramos con infraestructura saturada, se presumirá una situación discriminatoria cuando exista una desviación estadística superior al 15% en la asignación de ventanas de paso de alta demanda a favor del propio administrador o de operadores vinculados societariamente con él, en comparación con solicitudes similares de terceros durante un período trimestral.
También se considerará un indicador de posible discriminación una diferencia superior al 10% en el peaje cobrado a operadores vinculados con el administrador frente a terceros, siempre que no pueda justificarse por factores objetivos, como la clase de vía, el tipo de carga, la distancia recorrida, el volumen contratado o las condiciones de firmeza de la reserva de capacidad.
Los administradores deberán informar mensualmente a la CNRT los peajes percibidos, identificando a cada operador y los criterios utilizados para determinar los valores. La autoridad de control podrá solicitar aclaraciones o revisar esos importes cuando existan indicios de trato discriminatorio.
La norma incorpora exigencias adicionales cuando el administrador de infraestructura también participa como operador ferroviario o mantiene vínculos de control con alguna empresa transportista. En esos casos deberá llevar registros económico-financieros diferenciados y documentar la capacidad asignada a sus propias operaciones o a las de empresas vinculadas.
Si se detecta que esa capacidad reservada está subutilizada y limita el acceso de terceros, la Secretaría de Transporte podrá establecer límites, previo informe técnico de la CNRT. La disposición exceptúa de esa posibilidad a la capacidad reservada en el marco de acuerdos de inversión aprobados por el Ministerio de Economía dentro de los respectivos contratos de concesión.
Servicios obligatorios, mantenimiento y seguridad
El anexo diferencia entre los servicios obligatorios incluidos en el peaje y las prestaciones adicionales que pueden ofrecerse mediante un pago específico. Los primeros comprenden las prestaciones mínimas necesarias para permitir la circulación de las formaciones, de acuerdo con el contrato o instrumento jurídico aplicable.
Entre ellas se encuentran el acceso a patios ferroviarios, el armado de rutas, la revisión y el alistamiento de formaciones, el estacionamiento del material rodante en tránsito y la gestión de la circulación conforme al plan de carga acordado.
Los administradores deberán garantizar el acceso a los patios habilitados durante las 24 horas, todos los días del año, en condiciones adecuadas para realizar maniobras, ingresos y egresos. También deberán facilitar el ingreso del personal de los operadores a las instalaciones para efectuar reparaciones menores y accidentales que permitan recuperar condiciones suficientes de seguridad.
La normativa establece que los servicios obligatorios incluidos en el peaje no podrán generar cargos adicionales. En cambio, prestaciones como el suministro de combustible y lubricantes o determinadas reparaciones menores podrán ofrecerse como servicios adicionales, con precios acordados entre las partes y bajo condiciones equitativas y no discriminatorias.
Los operadores también podrán abastecerse de combustible y lubricantes por sus propios medios. En ese supuesto, el administrador deberá permitir el ingreso y suministro de esos insumos en instalaciones habilitadas, siempre que se respeten las condiciones de seguridad y operación.
La seguridad del material rodante ocupa otro apartado específico. El alistamiento de locomotoras deberá incluir controles de combustible, aceites y fluidos, sistemas de freno, enganches y acoples, además de las verificaciones necesarias para confirmar su aptitud antes de iniciar la marcha.
Si una locomotora no reúne las condiciones mínimas exigidas, el administrador deberá notificar al operador e inmovilizar preventivamente la unidad hasta que se subsanen las deficiencias. En caso de ser necesario trasladarla a un taller o centro de reparación, deberá realizar las intervenciones mínimas de emergencia y auxilio. La reparación definitiva y el mantenimiento correctivo o preventivo quedarán a cargo y costo del operador ferroviario.
La CNRT deberá elaborar las pautas del régimen sancionatorio
La Resolución 1984/2026 encomienda a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte la elaboración de una propuesta de régimen sancionatorio para su aprobación por el Ministerio de Economía. Las pautas deberán incorporarse a los Convenios de Circulación y establecer las responsabilidades de los operadores por el uso de la infraestructura bajo la modalidad de acceso abierto.
Este punto completa el esquema de obligaciones que deberán cumplir los participantes del sistema, aunque la resolución no aprueba todavía el régimen de sanciones: dispone que la CNRT prepare la propuesta correspondiente.
La implementación del acceso abierto requiere, además de reglas de ingreso, mecanismos para coordinar horarios, distribuir capacidad, asegurar condiciones técnicas y resolver posibles conflictos entre operadores y administradores. La publicación de información sobre la red y los criterios de asignación será un elemento relevante para que las empresas puedan planificar sus servicios y evaluar los costos logísticos.
El alcance económico del nuevo esquema dependerá de su aplicación efectiva en cada línea, de la capacidad disponible y del estado de la infraestructura. Para los sectores productivos, la posibilidad de contar con más operadores ferroviarios podría ampliar las alternativas de transporte de cargas, aunque su impacto sobre costos, tiempos y cobertura estará condicionado por las inversiones, la disponibilidad de vías y la calidad de los servicios.
Con la entrada en vigencia de la resolución desde su publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno establece un marco operativo para avanzar en la apertura del transporte ferroviario de cargas. El próximo paso institucional será la elaboración de las pautas sancionatorias y la aprobación de los procedimientos y convenios que deberán ordenar la relación entre quienes administren la infraestructura y quienes la utilicen.
