El Gobierno de Misiones puso en marcha este martes 7 de abril de 2026 la obra de la Línea de Alta Tensión 132 kV San Isidro – Alem – Oberá II, con una inversión de US$72 millones y un horizonte técnico que promete cubrir la demanda energética de la zona centro por dos décadas. El inicio formal, encabezado por Hugo Passalacqua en Fachinal, no es solo una obra de infraestructura: es una señal política en un contexto donde la energía vuelve a ser un factor de competitividad.

Una obra estratégica para un sistema bajo presión

El proyecto contempla 116 kilómetros de línea aérea de alta tensión, con un tramo de 80 kilómetros de doble terna entre San Isidro y Leandro N. Alem, y otros 36 kilómetros de simple terna hasta Oberá, con previsión de ampliación. A esto se suma la construcción de una nueva estación transformadora en Alem y la ampliación de las estaciones de San Isidro y Oberá II.

La ejecución se financiará mediante un crédito de la Corporación Andina de Fomento y tendrá un plazo de obra de dos años, con una primera etapa —hasta Alem— prevista para marzo de 2027. El despliegue incluye más de 600 estructuras y tres obradores en Fachinal, Cerro Azul y Alem, lo que distribuye la ejecución en distintos frentes.

Desde el punto de vista técnico, la infraestructura apunta a resolver un problema concreto: la limitada disponibilidad y confiabilidad del servicio eléctrico en una región con fuerte perfil industrial. La obra permitirá redistribuir cargas, reducir interrupciones y responder a picos de demanda en momentos críticos.

Energía, industria y planificación: el eje del Gobierno provincial

El impacto alcanzará a más de 300 mil beneficiarios entre directos e indirectos, con mejoras en la calidad del suministro para más de 100 mil familias.

Pero el punto central es otro: la capacidad de sostener la expansión productiva. La zona centro concentra actividades intensivas en consumo energético —aserraderos, secaderos de yerba y té, talleres— que hoy operan con limitaciones. La nueva línea busca corregir ese cuello de botella.

En paralelo, el proyecto incorpora una variable de largo plazo: la posibilidad de integrar nuevas fuentes de generación renovable. Esto no solo amplía la matriz energética, sino que introduce un componente de previsibilidad en un sistema históricamente tensionado.

Impacto económico

En términos políticos, la obra posiciona al Gobierno provincial en un terreno estratégico: la infraestructura como herramienta de desarrollo. La inversión, financiada con crédito internacional, permite sostener una agenda propia en un contexto donde los recursos suelen ser restrictivos.

El componente laboral también tiene peso. Se estima que más del 80% de la mano de obra será local, lo que introduce un efecto inmediato en economías regionales. A eso se suma el impacto indirecto: mayor disponibilidad energética como condición para nuevas inversiones privadas.

En ese esquema, el Estado provincial articula con empresas como Pro Obra S.A. e Ingar S.A., consolidando un modelo mixto de ejecución. No es un dato menor: la coordinación público-privada aparece como una constante en proyectos de esta escala.

Un movimiento estructural con tiempos largos

La línea San Isidro – Alem – Oberá II no es una obra de impacto inmediato. Sus resultados se proyectan en plazos largos: dos años de ejecución y hasta 20 años de cobertura de demanda.

Ese desfase entre inversión y resultado plantea un desafío político. La infraestructura energética no se traduce en rédito inmediato, pero define condiciones estructurales para el crecimiento. En ese equilibrio se juega parte de la estrategia.

En las próximas semanas, la atención estará puesta en el ritmo de ejecución, la coordinación de los distintos frentes de obra y la capacidad de sostener el financiamiento. También en cómo esta inversión se articula con nuevas radicaciones industriales.

La obra ya está en marcha. Lo que queda por verse es si logra transformar una necesidad histórica en una ventaja competitiva sostenida.