El 24 de septiembre, productores yerbateros de Misiones realizaron un abrazo simbólico al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) en Posadas, exigiendo al Gobierno nacional que restituya las funciones de regulación y fijación de precios. Denuncian que la desregulación “beneficia a los industriales y no a los productores” y que la medida agrava la crisis económica del sector primario.

La manifestación tuvo el acompañamiento de Intendentes de varias comunas que se acercaron porque “la producción yerbatera nos impacta directamente en nuestros municipios”, describió Carlos Sartori, intendente de Campo Grande. Otro de los intendentes presentes fue Hugo Humeniuk, de Concepción de la Sierra quien primero acompañaba las medidas desregulatorias, pero como terminó afectado por ser productor yerbatero ahora se suma al reclamo a Nación.

Llamó la atención la aparición de los dirigentes y candidatos del radicalismo misionero, que acompañaban todas las medidas de La Libertad Avanza, hasta que fueron excluidos del armado del oficialismo nacional, por lo que ahora se hacen eco de los reclamos sociales y se hicieron presentes en la manifestación.

Reclamo por el rol del INYM y unidad provincial

La movilización reunió a asociaciones agrarias, cooperativas, tareferos y productores independientes de distintas zonas de Misiones, quienes expresaron que el instituto fue “vaciamiento institucional” tras la quita de facultades de regulación y fijación de precios.

Jorge Skripczuk, referente del grupo Impulso Yerbatero, sostuvo que “la desregulación beneficia a los industriales y no a los productores” y recalcó que el INYM se financia con recursos propios. “Durante más de 20 años se sostuvo de manera autónoma y hoy se evidencia la importancia de su rol”, enfatizó.

En la misma línea, el productor apostoleño Luis Andrusyszyn advirtió que el debilitamiento del instituto responde a intereses de sectores extra provinciales que buscan “hacer grandes negocios y dejar fuera a los pequeños y medianos productores”. Llamó a la unidad del sector: “Esta problemática es de todos los misioneros, no de un partido político. El fanatismo divide, la unidad es la única salida”.

Avance judicial y denuncia por incumplimiento

En paralelo al acto, los productores acompañados por el abogado Federico Padolsky presentaron una medida cautelar ante la Justicia Federal. El escrito solicita al juez que intime al Poder Ejecutivo Nacional a designar de inmediato un presidente del INYM, dado que el capítulo yerbatero del Decreto 70/2023 se encuentra suspendido por decisión de la jueza Fiore de Posadas, fallo ratificado por la Cámara Federal.

Padolsky explicó: “Estamos frente a un incumplimiento de deberes de funcionario público y desobediencia judicial. Además, entendemos que la desregulación favorece al oligopolio yerbatero sin necesidad ni urgencia que justifique el decreto”. Según el escrito, la transferencia de ingresos desde los productores primarios hacia la industria en 2024 superó los $140.000 millones, fondos que no ingresaron a la economía misionera.

Impacto económico y llamados de atención

Los testimonios de los productores coincidieron en señalar la pérdida de rentabilidad y el desfinanciamiento de las familias rurales. Hugo Sand, dirigente histórico del sector, calculó que el primer año de desregulación implicó una pérdida de $200.000 millones para los productores, sobre una producción de casi mil millones de kilos de hoja verde.

Por su parte, Matías Pellizzer, productor de Dos Arroyos, advirtió que la eliminación de controles afecta también a la calidad de la yerba: “Hoy viene yerba de afuera, sin trazabilidad ni sanidad, mientras el precio de góndola sube y el de la hoja verde no”.

Desde San Pedro, Waldemar Schwider, de la asociación civil Casa Yerbatera, agregó que el objetivo inmediato es lograr la designación de autoridades, pero que la reconstrucción del INYM exigirá “un instituto sano, con credibilidad y que defienda a pequeños y medianos productores”.

La protesta en Posadas mostró que el conflicto yerbatero se ha consolidado como un tema central de la agenda económica y social de Misiones. El pedido de restitución de las facultades regulatorias del INYM se articula con reclamos judiciales y políticos que ponen en cuestión el Decreto 70/2023, considerado inconstitucional por sectores productivos.

Mientras el Gobierno nacional mantiene silencio sobre la designación de autoridades, los productores advierten que la continuidad de la desregulación profundizará la pérdida de ingresos, afectará al comercio local y podría derivar en un escenario de conflictividad social similar al de la crisis del 2001.