La derogación de una norma vigente desde 2001 busca agilizar la actualización de los criterios de patentabilidad. El cambio impacta especialmente en sectores vinculados a biotecnología, innovación agropecuaria, genética vegetal y economía del conocimiento.

El Gobierno nacional derogó una resolución conjunta que desde hace casi 25 años regulaba la elaboración y modificación de las directrices técnicas utilizadas para evaluar solicitudes de patentes en Argentina. La medida, oficializada mediante la Resolución Conjunta 1/2026 de las Secretarías de Agricultura e Industria, transfiere plenamente al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) la facultad de revisar y actualizar los criterios de patentabilidad sin necesidad de intervenciones administrativas adicionales.

Aunque se trata de una modificación regulatoria de bajo perfil, su alcance trasciende el ámbito jurídico. La decisión apunta a reducir burocracia en un área estratégica para la innovación tecnológica y podría tener efectos sobre sectores donde la protección de desarrollos científicos resulta un activo económico central, como la biotecnología, la genética aplicada al agro, los insumos biológicos, la industria farmacéutica y la economía del conocimiento.

Un cambio institucional con impacto en la innovación

La norma eliminada había creado en 2001 un Grupo de Trabajo Permanente en Propiedad Intelectual integrado por organismos como el INTA, el INASE, el SENASA y el propio INPI para elaborar criterios vinculados al patentamiento de materia viva y sustancias naturales.

Aquella estructura respondió a un contexto tecnológico muy diferente al actual. El avance de la biotecnología, la edición genética, los bioinsumos y las nuevas tecnologías aplicadas a la producción agropecuaria generó escenarios que no existían cuando se diseñó aquel esquema.

Según argumenta el Gobierno, la obligación de incorporar validaciones externas y procedimientos específicos para modificar directrices técnicas terminó convirtiéndose en una barrera para adaptar los criterios de examen a la velocidad que exige la innovación.

La nueva resolución sostiene que las funciones para definir y actualizar esas directrices ya se encuentran contempladas dentro de las atribuciones legales del INPI, por lo que mantener mecanismos adicionales de aprobación resultaba redundante.

Las directrices de patentamiento son documentos técnicos que orientan a los examinadores del INPI sobre cómo interpretar la legislación vigente al analizar una solicitud de patente.

No modifican la ley, pero sí tienen incidencia práctica sobre la previsibilidad que enfrentan empresas, investigadores y desarrolladores al momento de proteger una innovación.

Para sectores intensivos en investigación y desarrollo, la velocidad con que se actualizan estos criterios puede ser determinante.

Entre los principales efectos esperados aparecen: mayor capacidad de adaptación a nuevas tecnologías sin necesidad de procesos administrativos complejos. Reducción de tiempos regulatorios para revisar criterios técnicos de patentabilidad. Mayor alineamiento con estándares internacionales utilizados por oficinas de propiedad intelectual de otros países. Más previsibilidad para proyectos de inversión tecnológica que requieren protección de activos intangibles.

El impacto potencial en el agro y la bioeconomía

La decisión adquiere una relevancia particular para la agroindustria argentina.

La discusión sobre la patentabilidad de organismos vivos, desarrollos genéticos, procesos biológicos o innovaciones derivadas de recursos naturales ha sido históricamente uno de los temas más sensibles dentro de la propiedad intelectual aplicada al agro.

En una economía donde la generación de valor agregado depende cada vez más del conocimiento incorporado a semillas, genética animal, biotecnología y bioinsumos, la capacidad de contar con reglas técnicas actualizadas se transforma en un factor de competitividad.

Para provincias como Misiones, donde ganan espacio actividades vinculadas a la biotecnología forestal, la investigación aplicada a cultivos regionales y los desarrollos tecnológicos asociados a la bioeconomía, la modernización de los procesos vinculados a la propiedad intelectual constituye una señal observada con atención por universidades, centros tecnológicos y empresas innovadoras.

Menos burocracia, más responsabilidad técnica

La resolución no modifica los requisitos legales para obtener una patente ni altera los límites establecidos por la legislación argentina.

Lo que cambia es quién tiene la capacidad operativa para adaptar los criterios de evaluación.

A partir de ahora, el INPI concentrará plenamente esa responsabilidad técnica, fortaleciendo su rol como autoridad especializada en propiedad industrial.

El desafío será encontrar un equilibrio entre agilidad regulatoria y seguridad jurídica. La previsibilidad que demandan los inversores tecnológicos depende tanto de la rapidez para actualizar criterios como de la consistencia con que esos criterios se aplican a lo largo del tiempo.

La derogación de una norma administrativa puede parecer un movimiento menor dentro del amplio proceso de desregulación impulsado por el Gobierno. Sin embargo, en los sectores donde el conocimiento constituye el principal activo económico, las reglas de propiedad intelectual tienen un impacto directo sobre las decisiones de inversión.

La verdadera medida de esta reforma no estará en la eliminación de un procedimiento, sino en la capacidad del INPI para construir un sistema de patentamiento más dinámico, previsible y compatible con los ciclos de innovación que hoy dominan la competitividad global. Para el agro tecnológico, la biotecnología y la economía del conocimiento, ese será el indicador que el mercado seguirá de cerca durante los próximos años.