Productores cuestionan el reordenamiento del INYM y piden una trazabilidad integral

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Organizaciones de productores yerbateros de Misiones cuestionaron el proyecto de reordenamiento normativo del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y advirtieron que el esquema propuesto puede aumentar las obligaciones administrativas sobre el productor primario mientras reduce fuentes propias de información y control del organismo. El planteo fue difundido en respuesta a las declaraciones del presidente del INYM, Rodrigo Correa, quien presentó la iniciativa como una herramienta orientada a mejorar la trazabilidad y favorecer al sector productivo.

La discusión se concentra en cómo se distribuyen las obligaciones y las fuentes de información dentro de la cadena. Según las entidades firmantes, el nuevo esquema propone que el productor se adecue a un sistema sustentado en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA), polígonos y el Documento de Tránsito Vegetal electrónico (DTV-e), con nuevos requerimientos registrales y administrativos para documentar los movimientos de hoja verde.

Organizaciones y entidades vinculadas a la producción yerbatera difundieron una respuesta a las declaraciones del presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, Rodrigo Correa, quien presentó el proyecto de Reordenamiento Normativo del INYM en Radio República el 25/9 como una medida destinada a mejorar la trazabilidad y favorecer a los productores.

Las organizaciones sostienen que el problema está en mirar lo que el proyecto hace concretamente con el productor primario.
El nuevo esquema plantea que el productor deba adecuarse a un sistema basado en RENSPA, polígonos y DTV-e, incorporando nuevas obligaciones registrales y administrativas y generando documentación para los movimientos de hoja verde.

En términos concretos, advierten, esto significa más registros, más documentación, más conectividad, más trámites y más responsabilidad sobre el dato para quien produce en la chacra.

“Para quien está sentado en una oficina, un trámite puede ser solamente un trámite. Para un productor que trabaja una chacra familiar, puede significar perder una mañana de trabajo, pagar un gestor, conseguir conectividad, contratar asesoramiento o quedar expuesto a no poder cumplir.”

Las organizaciones cuestionan especialmente que estas nuevas cargas recaigan sobre el productor al mismo tiempo que el proyecto avanza sobre las herramientas que el INYM utiliza para conocer qué sucede después de que la hoja verde abandona la chacra.

El proyecto prevé el reemplazo progresivo de las declaraciones juradas de movimientos y stock que actualmente presentan los operadores ante el INYM por información proveniente de otros sistemas, principalmente RENSPA, RNE y DTV-e.
Y allí ubican el núcleo de su crítica.

“Al productor se lo registra. ¿Quién registra lo que ocurre después?”

Las entidades sostienen que hablar de trazabilidad solamente por el hecho de utilizar un DTV-e resulta insuficiente.
El documento puede registrar que determinada cantidad de hoja verde sale de una chacra y se dirige hacia un establecimiento, pero eso no permite, por sí solo, reconstruir toda la historia posterior del producto.

“Una cosa es saber cuánto salió de una chacra. Otra es saber cuánto ingresó efectivamente al establecimiento, cuánto se transformó, cuánto quedó almacenado, cuánto existe en stock y cuánto volvió a salir.”

Por eso plantean que la trazabilidad no puede terminar en la tranquera.

Para las organizaciones, una verdadera trazabilidad requiere poder seguir el producto a través de toda la cadena y contar con información suficiente para contrastar lo que sale del origen con lo que efectivamente ocurre en los establecimientos que reciben, elaboran, almacenan y vuelven a comercializar esa producción. También debe permitir que el consumidor pueda conocer el recorrido del producto y contar con información suficiente para saber que aquello que está consumiendo no es fruto de una explotación, sino de una producción realizada bajo condiciones legales, laborales, ambientales y productivas adecuadas.

El cuestionamiento afirma que el proyecto de “reordenamiento normativo” propone, simultáneamente, dejar fuera del ámbito específico del INYM distintas materias y herramientas vinculadas con la documentación de movimientos, los registros de plantas, yerbales y viveros, la cosecha, la cosecha mecanizada, determinados controles sobre declaraciones juradas y aspectos específicos de calidad e inocuidad.

De esta manera sostienen que el sistema propuesto por la presidencia “puede conocer cada vez más al productor y, al mismo tiempo, perder información propia sobre lo que ocurre con su producción después de salir de la chacra.”
“Al productor se lo registra. Al productor se lo identifica. Al productor se lo documenta. Al productor se lo controla. Pero la trazabilidad no puede terminar en la tranquera.”

Más obligaciones para el productor, menos herramientas para el INYM

Las organizaciones señalan que el mentado “reordenamiento” reemplaza “progresivamente fuentes propias de información del Instituto por información generada fuera de él”, mientras se incrementan las obligaciones que debe cumplir el productor en el origen de la cadena.

“El DTV-e puede ser una herramienta de trazabilidad. Lo que no puede ser es el sustituto de todos los demás datos que permiten conocer qué ocurrió con el producto después de su traslado.”

Según el documento difundido, la trazabilidad se fortalece cuando existen distintas fuentes de información que pueden ser cruzadas y contrastadas, no cuando se elimina una fuente de información propia.

En ese sentido, las entidades advierten que el productor no puede terminar siendo el punto de máxima exigencia documental de un sistema que, al mismo tiempo, reduce las herramientas institucionales para conocer qué ocurre en los restantes eslabones de la cadena.

“Primero perdimos herramientas para defender el precio; ahora quieren cargarnos con más obligaciones”

Las organizaciones también vinculan el nuevo proyecto con el proceso de transformación que sufrió el INYM en los últimos años.

Recuerdan que el productor ya perdió herramientas institucionales para discutir el valor de su producción y sostienen que ahora aparece una nueva etapa: mayores exigencias administrativas para el productor primario mientras se reducen registros, controles y fuentes de información propias del organismo.

“No estamos cuestionando que el Estado conozca más sobre la producción. Lo que cuestionamos es que mientras se conoce cada vez más al productor, se desarmen las herramientas que permiten conocer qué ocurre con su producción después de que sale de la chacra.”

“El productor no es un número en una base de datos”

Finalmente, las organizaciones remarcan que detrás de cada registro existe una realidad productiva concreta.

“El productor misionero no vive en un sistema informático. Vive en una chacra, tiene una familia, una plantación, muchas veces una deuda. Tiene que pagar el combustible, al tarefero, mantener el yerbal y esperar años para que una planta produzca.”

Por eso rechazan que la palabra “trazabilidad” sea utilizada como justificación suficiente para imponer nuevas obligaciones al sector primario.

Las entidades sostienen que defender al productor implica reducir sus costos, fortalecer sus herramientas y preservar instituciones capaces de conocer y controlar la totalidad de la cadena.

El documento concluye con una advertencia: “No queremos que, en nombre de la trazabilidad y de nuestros supuestos intereses, nos quiten también la capacidad del organismo de conocer y controlar lo que sucede después de que nuestra hoja verde sale de la chacra.”

Y sintetiza el planteo en una frase: “La verdadera trazabilidad no consiste en saber cada vez más sobre una parte de la cadena y cada vez menos sobre las restantes. Consiste en poder reconstruir la totalidad del recorrido del producto.”

Firman: Para las entidades firmantes —Hugo Sand, Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones; Jorge Skripczuk, Asociación Civil Impulso Yerbatero; Antonio Franza, Asociación de los Yerbateros del Alto Uruguay; Julio Alfredo Petterson, Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte y Salvador María Torres, Movimiento Agrario de Misiones—, la trazabilidad efectiva no consiste en acumular información sobre un único punto de la cadena, sino en poder contrastar los datos de origen con los movimientos posteriores. El debate que continuará dentro del INYM deberá definir, sobre esa base, cómo compatibilizar digitalización y simplificación de trámites con información suficiente para controlar el conjunto de la actividad yerbatera.

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