El Gobierno adjudicó por $2.550 millones un relevamiento integral de la infraestructura portuaria del país
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación contrató a Nadir Soluciones Integrales SAS para relevar y georreferenciar instalaciones terrestres, áreas acuáticas y zonas de conexión entre tierra y agua. El servicio tendrá una duración inicial de 12 meses y se financiará con partidas de los presupuestos 2026 y 2027.
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La Agencia Nacional de Puertos y Navegación adjudicó por $2.550 millones la contratación de un servicio de relevamiento integral, multimodal y georreferenciado de la infraestructura portuaria de todo el país. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 60/2026, publicada este 15 de octubre en el Boletín Oficial, que designó a Nadir Soluciones Integrales SAS como responsable de ejecutar los trabajos.
El contrato contempla el relevamiento de áreas terrestres, espacios acuáticos y zonas de interfase entre tierra y agua. El objetivo operativo es reunir información sistematizada y georreferenciada sobre las infraestructuras portuarias, un insumo que puede contribuir a mejorar el conocimiento del sistema, la planificación de intervenciones y la gestión de los activos vinculados a la actividad portuaria.
La contratación tendrá un plazo inicial de 12 meses desde el perfeccionamiento de la orden de compra y prevé una opción de prórroga por un período igual o menor al original, dentro de las condiciones establecidas en el pliego. La resolución no detalla un cronograma de relevamiento por puerto ni especifica qué instalaciones serán abordadas primero.
Una licitación con una sola oferta
La adjudicación se realizó a través de la Licitación Pública 508-0001-LPU26, de etapa única y alcance nacional, tramitada mediante el sistema electrónico de contrataciones COMPR.AR. Según los antecedentes incorporados en la resolución, el llamado recibió una única oferta, presentada por Nadir Soluciones Integrales SAS.
La Comisión Evaluadora analizó la documentación y concluyó que la propuesta cumplía con los requisitos administrativos y técnicos establecidos en los pliegos y que su precio resultaba conveniente para el organismo. El dictamen fue publicado y notificado a través del sistema de contrataciones, y no recibió impugnaciones dentro del plazo previsto.
La existencia de una sola oferta no invalida por sí misma el procedimiento, pero constituye un dato relevante para el seguimiento de la contratación pública. La información disponible en la resolución no permite establecer por qué no se presentaron otros oferentes ni evaluar, por sí sola, si hubo condiciones que limitaron la competencia.
En ese contexto, la publicación de los antecedentes contractuales, las especificaciones técnicas y los resultados de la ejecución será relevante para conocer el alcance efectivo del servicio y verificar si los productos entregados responden a los objetivos previstos.
Cómo se distribuirá el gasto entre 2026 y 2027
El monto total adjudicado asciende a $2.550 millones, con una distribución presupuestaria que concentra la mayor parte del gasto en el ejercicio 2027. Para 2026 se asignaron $643.387.500, mientras que para 2027 se previeron $1.906.612.500.
La resolución establece que, antes de emitir cada solicitud de provisión, deberá verificarse la disponibilidad de crédito y cuota presupuestaria y registrarse el compromiso correspondiente. De esta manera, la ejecución financiera queda vinculada a los requerimientos que formule el área responsable, dentro de los límites contractuales y presupuestarios.
El procedimiento se instrumentó bajo la modalidad de orden de compra abierta. Esto significa que la adjudicación fija las condiciones y cantidades máximas previstas, pero no obliga a la Agencia a solicitar la totalidad de los servicios contemplados. La demanda efectiva dependerá de las necesidades del organismo durante la vigencia del contrato, hasta alcanzar los máximos establecidos o el vencimiento del plazo, lo que ocurra primero.
Por ese motivo, el monto adjudicado no debe interpretarse automáticamente como un desembolso inmediato ni como una garantía de ejecución íntegra de todas las prestaciones previstas. El seguimiento de las solicitudes de provisión y de los pagos permitirá conocer cuánto del monto contratado se utiliza efectivamente.
El control de la prestación y los desafíos de implementación
La resolución también designó una Comisión de Recepción, integrada por tres miembros titulares y tres suplentes, que tendrá a su cargo verificar el cumplimiento de las prestaciones de acuerdo con los pliegos, las especificaciones técnicas y la oferta adjudicada.
Ese control será central para evaluar la calidad y utilidad del relevamiento. En un sistema portuario con infraestructuras terrestres y acuáticas, contar con información sistematizada puede facilitar la identificación de activos, mejorar la planificación de tareas de mantenimiento y aportar elementos para ordenar futuras inversiones. Sin embargo, esos beneficios dependerán de la cobertura real del trabajo, la calidad de los datos obtenidos y su posterior utilización por parte de las autoridades.
La Resolución 60/2026 formaliza la adjudicación y las condiciones generales de contratación, pero no presenta resultados del relevamiento ni identifica indicadores de desempeño, entregables por jurisdicción o mecanismos específicos de acceso público a la información producida. Esos aspectos deberán analizarse a partir de los pliegos y de la documentación que se genere durante la ejecución.
Para el sector portuario, el valor de la contratación no se medirá únicamente por el cumplimiento del servicio contratado, sino también por la capacidad de convertir los datos relevados en herramientas concretas de gestión. La disponibilidad de información actualizada y georreferenciada puede respaldar decisiones sobre infraestructura, operación y mantenimiento, siempre que exista continuidad en su actualización y que los organismos competentes puedan utilizarla de manera efectiva.
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