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Nación modifica el RIGI: amplía el universo de proveedores locales y flexibiliza las reorganizaciones societarias

El Decreto 1366/2026 introduce cambios en la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. La reforma redefine qué empresas pueden ser consideradas proveedoras locales, establece nuevas reglas para transferencias de participaciones y reorganizaciones de los vehículos de inversión y amplía las fuentes de divisas computables para financiar proyectos.

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El Gobierno nacional modificó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante el Decreto 1366/2026, publicado en el Boletín Oficial el 16 de noviembre. La medida introduce adecuaciones en cinco aspectos centrales del esquema creado por la Ley de Bases: la definición de proveedores locales, los plazos de inversión, las transferencias de participaciones societarias, las reorganizaciones de los vehículos de proyecto y el tratamiento de los aportes de divisas provenientes de sujetos vinculados.

Los cambios buscan precisar las condiciones de funcionamiento del régimen y resolver aspectos operativos identificados durante su implementación. Entre sus principales modificaciones aparece un criterio de mayor apertura para la participación de empresas radicadas en Argentina en las cadenas de suministro de los grandes proyectos de inversión, independientemente de la nacionalidad o residencia de sus accionistas y de la composición de su capital social.

La reforma también incorpora procedimientos específicos para las modificaciones en la estructura jurídica de los Vehículos de Proyecto Único (VPU), contempla la posibilidad de transformar sucursales dedicadas en sociedades argentinas y establece condiciones para reconocer aportes de capital y financiamiento externo canalizados a través de accionistas y socios vinculados a los proyectos.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro Diego Santilli, y entra en vigencia desde su publicación.

Proveedores locales: el capital extranjero deja de ser un impedimento

Uno de los cambios de mayor alcance para el entramado empresario argentino se encuentra en la nueva definición de proveedor local incorporada al artículo 3 del Anexo I del Decreto 749/2024.

Hasta ahora, la interpretación de los requisitos para acceder a esa condición contemplaba restricciones vinculadas con la composición societaria de las empresas. Con la modificación, el criterio pasa a concentrarse en la constitución y el domicilio de la persona jurídica en el país, sin considerar la nacionalidad o residencia de sus accionistas ni la estructura de su capital.

De esta manera, podrán ser consideradas proveedoras locales las personas jurídicas constituidas y domiciliadas en Argentina, así como las personas humanas con domicilio fiscal en el territorio nacional, siempre que presten servicios o suministren bienes destinados a uno o más VPU adheridos al RIGI.

Para los bienes, el decreto mantiene una condición adicional: deberán cumplir con los criterios de origen nacional establecidos en el Anexo I del Acuerdo de Complementación Económica N.º 18 del Mercosur y sus protocolos adicionales. La autoridad de aplicación será responsable de precisar la metodología para determinar ese origen.

La modificación tiene implicancias para las empresas argentinas con participación de capital extranjero que desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicios en el país. Bajo el nuevo criterio, su estructura accionaria no constituye por sí misma un obstáculo para integrarse como proveedoras de proyectos alcanzados por el régimen.

El objetivo expresado en los fundamentos de la norma es ampliar la concurrencia de empresas radicadas en el país y favorecer los encadenamientos productivos locales. La medida puede resultar relevante para sectores como la construcción, la ingeniería, los servicios industriales, la logística, el mantenimiento y el suministro de equipamiento, cuya participación depende de las características técnicas y comerciales de cada proyecto.

La definición, sin embargo, no convierte automáticamente en nacional a cualquier bien comercializado por una empresa argentina: el origen de los productos deberá acreditarse conforme a las disposiciones específicas del Mercosur.

Proyectos de exportación: una fecha límite para el monto total de inversión

Otro de los puntos modificados corresponde a los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), contemplados en el artículo 172 de la Ley 27.742.

El decreto introduce una precisión sobre el cumplimiento de los compromisos de inversión y establece que deberá existir una fecha límite para alcanzar el monto mínimo de inversión en activos computables correspondiente al Proyecto Único en su conjunto.

La modificación apunta a diferenciar dos obligaciones que tienen parámetros propios: por un lado, el monto mínimo de inversión exigido para la totalidad del proyecto y, por otro, los compromisos y montos mínimos correspondientes a cada una de sus etapas.

La nueva reglamentación no modifica las exigencias de inversión establecidas para cada etapa ni sus respectivos plazos de cumplimiento. Lo que hace es establecer un hito temporal específico para verificar el cumplimiento del monto mínimo global, que deberá quedar identificado tanto en el plan de inversión como en el acto administrativo de aprobación.

Además, la fecha límite deberá guardar relación con las prácticas habituales del sector económico en el que se desarrolle el proyecto, atendiendo a los tiempos razonables para su ejecución.

La precisión resulta relevante para iniciativas de gran escala y ejecución prolongada, particularmente aquellas vinculadas con infraestructura, energía, minería y actividades exportadoras, donde los desembolsos de capital se distribuyen en diferentes períodos y etapas operativas.

Transferencias societarias: nuevas reglas para los vehículos de inversión

El tercer eje de la reforma introduce modificaciones al artículo 62 de la reglamentación y establece condiciones específicas para las adquisiciones, fusiones, transferencias de participaciones y reorganizaciones de los VPU.

En materia de adquisiciones y fusiones, el decreto ratifica el principio de Proyecto Único. Los vehículos adheridos al RIGI no podrán incorporar proyectos diferentes mediante operaciones societarias que desvirtúen esa condición. Las adquisiciones o fusiones deberán corresponder a ampliaciones del mismo proyecto o, excepcionalmente, contar con la aprobación de la autoridad de aplicación cuando involucren dos o más proyectos RIGI.

En este último supuesto, la autoridad podrá autorizar la conformación de un único proyecto, al que se aplicarán los derechos y obligaciones correspondientes al proyecto que tenga la fecha de adhesión más antigua. También podrá establecer condiciones adicionales para aprobar la operación.

La norma, además, precisa que terceros podrán adquirir acciones, cuotas o participaciones de un VPU adherido sin que esa operación altere los derechos que el vehículo y su proyecto tienen dentro del régimen.

Sin embargo, introduce una distinción importante para el cálculo de las inversiones mínimas: las adquisiciones de participaciones societarias realizadas después de presentada la solicitud de adhesión no podrán computarse como inversiones en activos computables a los efectos del cumplimiento del monto mínimo previsto por el artículo 174 de la Ley de Bases.

El criterio separa la transferencia de propiedad de una participación empresarial de la incorporación efectiva de nuevos activos al proyecto. En términos económicos, permite modificaciones en la composición accionaria sin que el cambio de titularidad sea considerado, por sí mismo, una nueva inversión productiva.

Uniones transitorias: plazos y condiciones para incorporar nuevos socios

El decreto también establece un procedimiento específico para los VPU constituidos como uniones transitorias de empresas (UTE) u otros contratos asociativos.

A partir de la modificación, sus integrantes podrán ceder total o parcialmente sus participaciones o incorporar nuevos miembros sin que esas operaciones impliquen la pérdida de los derechos adquiridos por el vehículo ni alteren las condiciones del proyecto adherido.

Para concretar esas modificaciones deberán informar la operación a la autoridad de aplicación dentro de los 15 días corridos posteriores a su inscripción en el Registro Público.

La presentación deberá acreditar el consentimiento de los demás integrantes, salvo que exista una dispensa contractual; que el nuevo miembro no se encuentre alcanzado por las causales de exclusión del régimen; que los bienes afectados al proyecto sean transferidos al nuevo integrante o incorporados al fondo común operativo, y que el ingresante asuma los compromisos de inversión y las garantías pendientes.

La autoridad de aplicación contará con 30 días corridos para formular observaciones. Si transcurre ese plazo sin objeciones, la operación se considerará conformada.

Un aspecto relevante es que el integrante que cede su participación continuará respondiendo solidariamente por las obligaciones del régimen devengadas hasta la inscripción de la transferencia.

Al igual que ocurre con la adquisición de acciones de un VPU, la cesión de participaciones en estos contratos asociativos no podrá computarse como inversión en activos para alcanzar los montos mínimos exigidos por el RIGI.

El procedimiento introduce mayor previsibilidad para estructuras empresariales que suelen utilizarse en proyectos de infraestructura, energía y explotación de recursos naturales, donde la participación de distintos socios puede modificarse durante las etapas de desarrollo y ejecución.

Sucursales dedicadas: habilitan su transformación en sociedades argentinas

Otra modificación significativa alcanza a las sucursales dedicadas adheridas al RIGI. La nueva reglamentación permite que puedan reorganizarse mediante la transferencia integral de los activos, pasivos, derechos y obligaciones afectados al proyecto hacia una sociedad anónima (SA) o una sociedad anónima unipersonal (SAU) constituida específicamente para ese propósito.

La operación requerirá autorización previa de la autoridad de aplicación y la nueva sociedad deberá reunir las condiciones exigidas para ser considerada VPU desde su inscripción.

El decreto contempla distintas alternativas jurídicas para instrumentar la transferencia. Cuando la sociedad de la que depende la sucursal dedicada esté constituida en Argentina, podrá utilizarse el mecanismo de escisión previsto en el artículo 88 de la Ley General de Sociedades. También podrán emplearse el aporte en especie o la transferencia de fondo de comercio, conforme a la Ley 11.867.

La condición central es que exista una transmisión efectiva de la totalidad de los elementos vinculados al proyecto.

Una vez concretada la operación, la nueva sociedad sustituirá a la sucursal dedicada como vehículo adherido al RIGI y asumirá la totalidad de sus beneficios, obligaciones y compromisos.

La reorganización no implicará una nueva adhesión al régimen ni modificará la fecha de incorporación original, los plazos aplicables o las condiciones del plan de inversión aprobado. De esta manera, se preserva la continuidad jurídica y económica del proyecto.

La sociedad de la que dependía la sucursal continuará respondiendo solidariamente por las obligaciones devengadas hasta la inscripción de la transferencia. Además, la autorización administrativa no reemplazará los consentimientos de terceros que sean necesarios para transferir concesiones, permisos u otros derechos vinculados con el proyecto.

Financiamiento externo: amplían las divisas que pueden computarse

El último eje de la reforma modifica el artículo 100, inciso c), de la reglamentación y amplía los sujetos cuyos aportes de divisas pueden considerarse para acreditar el financiamiento de los proyectos RIGI.

La disposición está vinculada con el régimen de acceso al mercado de cambios y, específicamente, con los proyectos que incorporaron en su análisis de factibilidad económica el incentivo previsto por el artículo 198 de la Ley 27.742 para los cobros de exportaciones.

En estos casos, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) podrá establecer que los VPU solamente accedan al mercado de cambios cuando el total de divisas ingresadas desde el exterior y liquidadas por el vehículo sea igual o superior a los importes demandados para el proyecto hasta ese momento, incluido el acceso solicitado.

La nueva reglamentación precisa que, además de los fondos ingresados directamente por el VPU, podrán computarse las divisas provenientes de aportes de no residentes y de endeudamientos financieros externos, incluidas las emisiones de valores negociables, canalizadas por distintos sujetos vinculados con la estructura societaria del proyecto.

Entre ellos se encuentran los integrantes de uniones transitorias y otros contratos asociativos que actúen como VPU, las sociedades que sean accionistas directas o indirectas de esos integrantes, los accionistas o socios directos e indirectos del propio vehículo y la sociedad titular de una sucursal dedicada.

Para que esos fondos puedan computarse deberán ingresar desde el exterior, liquidarse en el mercado de cambios y destinarse efectivamente al desarrollo del Proyecto Único. También deberán contar con registros contables específicos y mecanismos que permitan garantizar su trazabilidad y afectación al proyecto, de acuerdo con los procedimientos que establezca el BCRA.

La disposición mantiene las excepciones previstas por la Ley de Bases para los pagos de intereses de endeudamientos financieros y los dividendos habilitados conforme al último párrafo del artículo 199.

El cambio resulta relevante para las estructuras de financiamiento de grandes inversiones, que pueden involucrar matrices internacionales, sociedades controlantes, accionistas indirectos y diferentes vehículos de asociación. La nueva redacción permite reconocer aportes canalizados a través de esas estructuras, siempre que se demuestre su efectiva aplicación al proyecto.

El RIGI incorpora ajustes operativos para sostener inversiones de largo plazo

La modificación reglamentaria no altera los objetivos centrales del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ni los beneficios establecidos por la Ley 27.742. Introduce precisiones sobre la forma en que las empresas pueden organizarse, financiarse y participar en las cadenas de suministro de los proyectos adheridos.

Para el entramado productivo argentino, la redefinición de proveedor local abre la posibilidad de que más empresas constituidas en el país, incluso aquellas con capital extranjero, participen en las contrataciones de los grandes proyectos. Para los inversores, las nuevas reglas establecen procedimientos específicos ante cambios societarios, incorporación de socios y reorganizaciones empresariales.

En paralelo, la ampliación de las fuentes de divisas computables reconoce la diversidad de estructuras financieras utilizadas para desarrollar proyectos de gran escala, aunque mantiene exigencias de ingreso, liquidación, registro y trazabilidad de los fondos.

El impacto de estas modificaciones dependerá de su aplicación concreta y de la capacidad de las empresas locales para cumplir con los requisitos técnicos, financieros y operativos que demanda la cadena de proveedores del RIGI.

Con el Decreto 1366/2026, el Poder Ejecutivo introduce una nueva instancia de adecuación normativa de un régimen que busca atraer inversiones de largo plazo. El desafío será que esa arquitectura de incentivos también contribuya a ampliar la participación de empresas radicadas en Argentina, fortalecer capacidades productivas y generar encadenamientos económicos alrededor de los proyectos de gran escala.

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