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Corrientes declaró la emergencia hídrica por 180 días ante la amenaza de El Niño

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La Legislatura de Corrientes aprobó la declaración de emergencia climática e hídrica por 180 días, en un contexto de creciente preocupación por las precipitaciones previstas para los próximos meses y sus posibles consecuencias sobre las localidades ubicadas en las cuencas de los principales ríos de la provincia.

La iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado, recibió la aprobación definitiva de la Cámara de Diputados y fue remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación.

La normativa establece que la emergencia podrá prorrogarse por otros 180 días si persisten las condiciones críticas asociadas al fenómeno climático de El Niño.

Su alcance comprende situaciones que puedan comprometer los recursos naturales, la seguridad de la población, los bienes públicos y privados, la actividad productiva, el sistema energético y las vías de comunicación.

Alerta por las lluvias hasta abril de 2027

Durante el tratamiento legislativo, el diputado Norberto Ast fundamentó la necesidad de contar con herramientas para afrontar posibles contingencias climáticas, particularmente ante los pronósticos de precipitaciones que se extienden hasta abril de 2027.

El legislador puso especial atención en las localidades ribereñas, históricamente expuestas a las crecidas de los ríos y a los efectos de las lluvias persistentes.

Entre las ciudades mencionadas se encuentran Ituzaingó, Itatí, Paso de la Patria, Empedrado, Bella Vista, Goya y Esquina, donde los eventuales incrementos de los niveles hídricos podrían comprometer viviendas, caminos, infraestructura y actividades económicas.

La preocupación también alcanza al sector agropecuario, particularmente a la ganadería, una de las principales actividades productivas de Corrientes, cuya dinámica puede verse afectada por el anegamiento de campos, las dificultades de acceso a los establecimientos rurales y el deterioro de los caminos.

En ese sentido, el diputado Ricardo Leconte expresó su acompañamiento a la iniciativa, pese a señalar que habitualmente mantiene una posición contraria a las declaraciones de emergencia.

Leconte consideró que las circunstancias justifican una respuesta preventiva del Estado provincial, ante los riesgos que las precipitaciones podrían representar para la población, sus bienes, la producción ganadera y la infraestructura urbana y rural.

Una emergencia con impacto sobre la economía regional

La decisión legislativa incorpora una dimensión económica relevante: la necesidad de anticipar los efectos de un eventual período de lluvias extraordinarias sobre la producción, el transporte y la prestación de servicios esenciales.

En una provincia donde la actividad agropecuaria tiene un peso significativo y numerosas localidades mantienen una relación directa con los ríos Paraná y Uruguay, los fenómenos hídricos pueden generar consecuencias que exceden las áreas inundadas.

El deterioro de caminos rurales, las dificultades para trasladar hacienda y mercaderías, las interrupciones en las comunicaciones y los eventuales daños sobre instalaciones energéticas constituyen algunos de los riesgos contemplados por la normativa.

La declaración de emergencia establece un marco legal para afrontar esas contingencias, aunque su alcance operativo dependerá de las disposiciones de la ley y de las medidas que adopte el Ejecutivo provincial.

Con la sanción definitiva, Corrientes busca anticiparse a un escenario climático potencialmente adverso durante el verano y los primeros meses de 2027, con especial atención sobre las comunidades ribereñas y las actividades productivas más expuestas.

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