El plenario nacional de secretarios generales de seccionales de la Asociación Bancaria (AB), que lidera Sergio Palazzo, facultó hoy al Secretariado General a “adoptar las medidas de fuerza que se propongan y sean aprobadas por la CGT y toda otra acción que se considere necesaria en el actual contexto”, informó la organización sindical.

El plenario de las 53 seccionales bancarias deliberó hoy y fue convocado por Palazzo de urgencia ante el DNU desregulador de la economía anunciado por el presidente Javier Milei.

“Frente al avasallamiento a los derechos laborales y a la Constitución Nacional, impuesto con un DNU que solo beneficia a los poderosos y pretende esclavizar a los trabajadores, el Secretariado fue facultado a adoptar las medidas que correspondan”, señalaron Palazzo y el secretario de Prensa, Claudio Bustelo.

El gremio decidió el alerta y asamblea permanente en cada sucursal del Banco Nación a partir del miércoles próximo, porque “la Patria y el Nación, que es el banco del pueblo, no se venden”, aseguraron los dirigentes.

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (Stvyara), que lidera Graciela Aleñá, rechazó “el ajuste que impone el DNU” del Gobierno y sostuvo que “esas medidas violan todos los términos de la Constitución”, por lo que adelantó que el gremio adoptará en los próximos días medidas “de defensa”.

“El sindicato adoptará medidas de defensa de los trabajadores ante esos anuncios. Los viales rechazan el DNU” de Milei, quien dijo que contiene ‘las bases para la reconstrucción de la economía’. Esa excusa carece de total veracidad”, afirmó Aleñá.

El decreto -dijo- “es violatorio de todos los términos de la Carta Magna, atenta contra los derechos adquiridos y viola el estado de derecho de las

personas”.

La Federación Nacional de Peones de Taxis (Fepetax), a cargo de Jorge García, decidió el estado de alerta y movilización nacional del gremio; sostuvo que “los derechos y la dignidad no se arrasan por decreto” y repudió las decisiones de Milei.

“A 40 años de democracia y, luego de haber logrado con luchas y sangre de mártires obreros la concordia y ese sistema de gobierno en la Patria, ahora se pretende arrasar los derechos de los ciudadanos y enajenar la riqueza nacional de una manera peor que en las épocas de las dictaduras”, afirmaron García y el secretario de Finanzas, Miguel Soto.

Un documento de la Fepetax sostuvo que el gremio “no se quedará de brazos cruzados, porque los derechos de los trabajadores y la dignidad del pueblo no se negocian a favor de unos pocos”, y añadió que “el compromiso con el movimiento obrero no reconoce amenazas, por lo que junto con los delegados se decidió el alerta y movilización”.

La conducción del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), a cargo de Marina Jaureguiberry, dispuso el alerta y movilización ante “el brutal avasallamiento a los derechos del pueblo”, al repudiar el DNU.

Esa medida “es de forma manifiesta inconstitucional porque el presidente se arrogó facultades legislativas y derogó más de 300 leyes sin existir razones objetivas que justifiquen la necesidad y urgencia. De esta manera se destruye el andamiaje jurídico y social, que son pilares del acuerdo democrático en el que se funda la Patria”, afirmó.

El gremio añadió que ese DNU modifica “las normas del derecho del trabajo individuales y colectivas y destruye el principio protectorio en favor del trabajador”.

Además, dijo, “rompe la estructura solidaria del sistema de salud al limitar el acceso al sistema, ya que cada trabajador y su familia tendrán la salud que puedan pagar”.

En tanto, la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines (Fatica) rechazó el remate de la Argentina”; repudió “el mega DNU del Gobierno” y determinó el estado de alerta.

“Un punto que alarma en particular es el referido a la baja de la producción industrial con apertura importadora y exportadora, que es indiscriminada y preocupa a los trabajadores. El resultado será como siempre el mismo: cierre de decenas de miles de pequeñas y medianas empresas (Pymes), crecimiento astronómico de la desocupación y la sustitución de la industria nacional por una ilimitada invasión de productos extranjeros. En resumen, se tratará de un verdadero industricidio”, sostuvo el gremio.

La Federación Única de Viajantes de la Argentina y la Asociación de Viajantes Vendedores de la Argentina consideraron “inconstitucional” el DNU dictado por el Gobierno y dijo que “estamos siendo testigos de un avasallamiento masivo de los derechos de los trabajadores que han sido obtenidos mediante la lucha y la defensa durante más de un siglo”.

Añadió que “en forma totalmente arbitraria y unilateral ha dispuesto extinguir el estatuto del viajante (Ley 14.546) que desde hace más de 60 años viene reglando y otorgando el marco normativo indispensable para la comercialización de los bienes, productos y servicios en todo el territorio nacional”.

La conducción sindical dijo en un comunicado que “convocamos a todos los trabajadores viajantes vendedores a estar en alerta para defender el Estatuto del Viajante como herramienta fundamental que garantiza y protege la particularidad de las relaciones laborales enmarcadas en su ámbito de aplicación”.

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