Exportar la batalla cultural, importar la incertidumbre

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La visita de Javier Milei a España dejó bastante más que una sucesión de insultos y desencuentros diplomáticos. Expuso una concepción de la política exterior que convierte las relaciones entre Estados en una extensión de la disputa ideológica doméstica. El presidente argentino viajó para respaldar a sus aliados, atacar a sus adversarios y presentarse como protagonista internacional de la batalla cultural contra el progresismo. El resultado fue una escena incómoda incluso para sectores de la derecha española con los que busca construir una alianza.

Milei atacó a Pedro Sánchez, insultó a periodistas que le formularon preguntas incómodas y convocó a los españoles a sacar a los socialistas del poder. La Cancillería española condenó sus declaraciones, mientras dirigentes del Partido Popular cuestionaron sus exabruptos. Vox mantuvo su afinidad ideológica, aunque Santiago Abascal no participó personalmente de la recepción. Tampoco se concretó un encuentro personal con el rey Felipe VI.

No se trata de una anécdota de protocolo. España es un país central para los vínculos económicos, políticos y culturales de la Argentina con Europa. Convertir una visita presidencial en una tribuna de campaña ajena supone subordinar la diplomacia a una estrategia de confrontación. La pregunta es qué obtiene la Argentina de esa operación, más allá de la exposición internacional de su presidente.

Milei no actúa en soledad. Su discurso forma parte de una corriente internacional que articula a dirigentes de derecha radical, cuestiona consensos democráticos y presenta a sus adversarios como enemigos que deben ser expulsados de la vida pública. La relación con Donald Trump y la afinidad con dirigentes como Santiago Abascal expresan la voluntad de construir un bloque político que trascienda las fronteras nacionales.

La batalla cultural es, en ese esquema, algo más que una herramienta electoral. Busca establecer quiénes son los adversarios legítimos, qué instituciones merecen reconocimiento y qué derechos pueden ser presentados como obstáculos para la libertad. El conflicto permanente no aparece como un costo de la estrategia: es parte de su funcionamiento.

Pero la proyección internacional también tiene límites. Una cosa es cultivar afinidades ideológicas y otra, muy distinta, construir relaciones capaces de producir beneficios concretos para el país. Los intereses nacionales no desaparecen porque dos dirigentes compartan consignas. Tampoco los gobiernos extranjeros están obligados a asumir los costos de las provocaciones de un aliado.

Mientras Milei intenta exportar su modelo político, la economía argentina ofrece un panorama menos concluyente que el de sus discursos. El Financial Times, en su último análisis, reconoció la reducción de la inflación y el superávit fiscal, pero advirtió que la actividad económica está estancada. Según los datos citados por el periódico, los salarios reales permanecen alrededor de un 10% por debajo de los niveles de comienzos de 2023 y se perdieron unos 300.000 empleos formales desde que Milei asumió.

El diagnóstico obliga a distinguir estabilización de recuperación. La reducción de la inflación no equivale, por sí misma, a una mejora sostenida de la producción, el empleo y los ingresos. Mientras la minería y la energía aparecen como motores del modelo, amplios sectores de la industria y el comercio enfrentan la debilidad del consumo y la competencia de las importaciones.

Incluso en la minería, presentada como una de las grandes ganadoras del programa, el crecimiento de la actividad no garantiza más empleo. La Asociación Obrera Minera Argentina denuncia la pérdida de 3.000 puestos de trabajo desde la asunción de Milei. El dato contrasta con el crecimiento interanual del 11,1% registrado por la explotación de minas y canteras. La expansión de una actividad intensiva en capital puede aumentar la producción sin generar puestos suficientes para compensar las pérdidas de otros sectores.

La promesa oficial es que las inversiones futuras terminarán derramándose sobre el conjunto de la economía. El problema es cuánto puede sostenerse esa expectativa cuando el presente acumula dificultades. La riqueza de los recursos naturales no garantiza, por sí sola, una distribución amplia de sus beneficios.

Tampoco los mercados ofrecen una señal inequívoca de confianza. El viernes 23 de octubre, el riesgo país cerró en 707 puntos básicos, uno de sus niveles más altos del año, mientras los bonos soberanos en dólares acumularon pérdidas. La volatilidad internacional contribuyó al retroceso, pero también pesaron los datos de actividad económica y las dudas sobre la velocidad de la recuperación. La estabilidad fiscal no alcanza para despejar todas las incertidumbres ni garantiza el acceso al financiamiento en condiciones favorables.

La dimensión internacional de esta estrategia no puede separarse de su dimensión económica. El Gobierno necesita inversiones, divisas y acceso al financiamiento externo. Al mismo tiempo, presenta su programa como una transformación histórica que exige sacrificios presentes a cambio de prosperidad futura. La confianza de los mercados puede contribuir a estabilizar las variables financieras, pero no reemplaza la actividad productiva ni resuelve automáticamente la distribución de los costos y beneficios.

La contradicción también aparece en el terreno institucional. El viernes 23 de octubre, después de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyera al Presidente, a Karina Milei y a otros investigados en la causa $LIBRA, Milei volvió a cargar contra los periodistas que habían investigado el caso. Los calificó de corruptos y ensobrados y afirmó que debían «quemarse en la hoguera».

El fallo se dictó sin convocar a indagatoria a los acusados y mientras persistían interrogantes sobre parte de la evidencia y la trazabilidad del dinero. El sobreseimiento es una resolución judicial que debe ser considerada, pero no convierte automáticamente en falsas las investigaciones periodísticas ni vuelve ilegítimo preguntar por los hechos.

Hay, además, una circunstancia que merece escrutinio público: en julio, el Gobierno designó jueza federal a Ana María Cristina Juan, esposa de Martínez de Giorgi. La coincidencia plantea interrogantes sobre la percepción de independencia judicial, aunque no demuestra por sí misma la existencia de un acuerdo o intercambio de favores. La transparencia de las actuaciones es indispensable, precisamente porque se trata de una causa que involucra al Presidente.

El episodio vuelve a conectar los planos nacional e internacional. En Madrid, Milei insultó a una periodista que le formuló preguntas incómodas. En la Argentina, atacó a quienes investigaron una causa que lo involucra. En ambos escenarios, una pregunta se transforma en motivo de descalificación y confrontación.

No alcanza con invocar el alineamiento con las potencias occidentales para dar por garantizados los intereses argentinos. La política exterior requiere capacidad de negociación, previsibilidad y una lectura concreta de los intereses en juego. Los vínculos con Estados Unidos, Europa y los países de la región deben evaluarse por sus resultados, no por la intensidad de las declaraciones presidenciales.

En este punto aparece una contradicción central del proyecto libertario. Milei proclama la retirada del Estado, pero utiliza la investidura presidencial y los recursos diplomáticos para intervenir en disputas políticas extranjeras. Predica la libertad mientras descalifica a quienes cuestionan su gestión. Presenta la confrontación como una virtud, incluso cuando puede comprometer relaciones que excedan su mandato personal.

La pregunta no es si un presidente debe tener ideas y aliados internacionales. La cuestión es si la política exterior está al servicio de los intereses del país o si el país termina al servicio de la construcción política de su presidente.

En este escenario, la política argentina también empieza a mostrar movimientos que exceden la disputa cotidiana. La segunda reunión de los principales dirigentes del peronismo reunió a Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa, junto a Germán Martínez y José Mayans, presidentes de los bloques legislativos, y gobernadores como Ricardo Quintela, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto y Gustavo Melella, además del senador Gerardo Zamora.

El encuentro tuvo una agenda concreta: coordinar posiciones parlamentarias, discutir el Presupuesto 2027, sostener las PASO y analizar el deterioro de la situación económica y social. Los participantes pusieron el foco en el endeudamiento de las familias, la caída de la actividad, el empleo, las economías regionales y el financiamiento de las universidades y de las políticas de discapacidad.

La reunión no elimina las diferencias internas ni resuelve la disputa por los liderazgos. Pero señala la necesidad de construir acuerdos frente a un Gobierno que busca modificar las reglas de juego mientras profundiza su programa económico. La unidad política no se decreta: exige discutir prioridades, construir coincidencias y ofrecer una alternativa capaz de responder a los problemas cotidianos de la sociedad.

Mientras tanto, los argentinos siguen esperando que la estabilización se convierta en una mejora tangible. El Gobierno puede exhibir indicadores fiscales y prometer una nueva etapa de inversiones, pero esa promesa convive con salarios que perdieron poder adquisitivo, empleos formales que desaparecen, bonos que retroceden y familias que ajustan sus gastos para llegar a fin de mes.

Mientras Milei exporta su batalla cultural, la sociedad argentina importa cada vez más incertidumbre. Él discute con periodistas en Madrid; acá, millones discuten con la calculadora.

La distancia entre esas dos escenas no es un detalle de comunicación. Es el problema político de fondo: un proyecto que busca reconocimiento internacional mientras todavía intenta demostrar que puede transformar sus promesas económicas en una mejora concreta para la mayoría.

Habría que avisarle al presidente que sus insultos demuestran que está lejos de lograrlo.

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