El Gobierno fija en $27.200 millones el cupo para recuperar créditos fiscales de IVA: energía concentra el 90%

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El Ministerio de Economía fijó en $27.200 millones el límite máximo anual para afrontar las solicitudes de recupero de saldos acumulados de crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondientes principalmente a créditos generados durante 2025. Del total autorizado, $24.500 millones fueron asignados al sector energético, $2.500 millones al transporte y los $200 millones restantes al resto de las actividades alcanzadas por el régimen.

La medida fue establecida mediante la Resolución 1759/2026, firmada por el ministro de Economía, Luis Andrés Caputo, y publicada este 7 de octubre. El mecanismo alcanza a determinados sujetos que desarrollan actividades calificadas como servicios públicos y que perciben subsidios, compensaciones tarifarias o fondos de asistencia económica del Estado nacional.

El régimen previsto por la Ley de IVA permite que estos sujetos recuperen determinados saldos acumulados de crédito fiscal cuando los ingresos tarifarios se encuentran reducidos como consecuencia de esos mecanismos de asistencia estatal. El beneficio está vinculado con créditos fiscales originados en la compra, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes —con excepción de automóviles— y en locaciones de obras o servicios efectivamente destinados a las operaciones alcanzadas.

La normativa establece, sin embargo, que el recupero no es ilimitado. El monto que puede reconocerse debe surgir de un cálculo que contempla el saldo a favor generado por las operaciones y descuenta el saldo que se habría determinado si los subsidios, compensaciones tarifarias o fondos de asistencia hubieran estado alcanzados por la alícuota de IVA correspondiente a la tarifa.

La resolución de Economía establece ahora el techo presupuestario para las solicitudes correspondientes a los créditos fiscales cuyo derecho a cómputo se generó durante 2025, además de incluir saldos de períodos anteriores que se encuentren en condiciones de ser recuperados y que no hayan sido alcanzados por los límites establecidos en los años correspondientes.

El dato central de la distribución es la fuerte concentración sectorial. De los $27.200 millones habilitados, el sector energético recibirá un cupo de hasta $24.500 millones, equivalente a alrededor del 90% del total. El transporte contará con $2.500 millones, mientras que otros sectores económicos dispondrán en conjunto de $200 millones.

El esquema continúa una política que el Ministerio de Economía viene aplicando mediante sucesivas resoluciones para establecer el límite anual de este mecanismo. La propia Resolución 1759/2026 menciona los cupos fijados para los créditos fiscales generados entre 2018 y 2024 y señala que la nueva asignación responde a las condiciones generales imperantes en materia de ingresos presupuestarios.

Desde el punto de vista operativo, la resolución no crea un nuevo impuesto ni modifica la alícuota del IVA. Lo que establece es el límite anual de recursos que podrá destinarse a atender las solicitudes de recupero que cumplan las condiciones previstas por la legislación y su reglamentación.

La medida también introduce un dato relevante para las empresas involucradas: la posibilidad de recuperar estos créditos fiscales queda condicionada por un cupo sectorial determinado por el Estado nacional. Por eso, el monto establecido funciona como un límite global para las erogaciones que demande el régimen durante el período alcanzado.

El mecanismo busca compatibilizar el tratamiento fiscal previsto para actividades reguladas o asistidas por el Estado con las restricciones presupuestarias existentes. Para las empresas alcanzadas, el efecto económico concreto dependerá de los saldos que tengan reconocidos, de su encuadre dentro del régimen y del orden y procedimiento aplicable a las solicitudes.

Con esta resolución, Economía habilitó para 2026 un nuevo límite de $27.200 millones destinado a canalizar el recupero de créditos fiscales de IVA acumulados. La asignación deja en evidencia el peso que tienen energía y transporte dentro del mecanismo y fija el marco presupuestario con el que deberán procesarse las solicitudes correspondientes a los créditos generados durante 2025 y determinados saldos anteriores pendientes de recuperación.

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