Gobierno uruguayo designó canciller interino pero sigue reclamo para que explique escándalo judicial

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El Gobierno de Uruguay designó hoy como canciller interino a Diego Escuder tras la renuncia de Francisco Bustillo en medio del escándalo generado por el ocultamiento de información a la Justicia en el caso del pasaporte entregado al narcotraficante Sebastián Marset, y de los reclamos de la oposición y hasta de parte del oficialismo para que el presidente Luis Lacalle Pou dé explicaciones por la crisis en el Ejecutivo.

La vice a cargo del Gobierno -por el viaje de Lacalle Pou a Estados Unidos-, Beatriz Argimón aceptó la renuncia de Bustillo y designó como nuevo canciller a Escuder, que se desempeñaba como director general de Secretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores, además de ratificar en el cargo al subsecretario de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni.

Varios medios de Montevideo -entre ellos el diario El Observador y TV Ciudad- remarcaron la condición de interino de Escuder, que estará en el cargo hasta que se elija quien ocupará la Cancillería.

La salida de Bustillo anoche no acalló los reclamos del opositor Frente Amplio (FA) y de una parte de la coalición de Gobierno para que el Ejecutivo responda por el caso.

El senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, partido de ultraderecha que forma parte de la alianza de Gobierno, consideró que el presidente debe dar explicaciones por el accionar de su asesor Roberto Lafluf, directamente involucrado en el escándalo.

“Entra un nuevo elemento que es Presidencia de la República, porque claramente el señor Lafluf, por lo menos por lo que uno tiene derecho a creer, no actúa por cuenta propia cuando convoca a esa reunión y cuando pide que alguna documentación se adultere”, dijo el general retirado a la televisión uruguaya, en declaraciones recogidas por La Diaria.

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El caso estalló después de que la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Carolina Ache entregara ayer a la Fiscalía unos chats que cruzó con Bustillo, en los que éste le sugería que “pierda” el celular para evitar darle a la Justicia conversaciones vinculadas a la entrega del pasaporte uruguayo a Marset.

Además, Ache aportó a la Justicia documentación para probar que el asesor presidencial Lafluf destruyó un acta notarial de la Cancillería que contenía chats que mantuvo sobre el tema con el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, y le pidió a ella que borrara los mensajes y certificara con una escribana que esos mensajes no estaban en su celular.

“Esto no se soluciona solo con la renuncia de Bustillo”, evaluó Manini Ríos a Montevideo Portal. “Acá tiene que haber más remociones, más decisiones y con celeridad”, indicó.

Ante la consulta sobre si Cabildo Abierto consideraría irse de la coalición de Gobierno, dijo que “están todas las opciones encima de la mesa”.

“Cabildo Abierto esperará a conocer las explicaciones y las decisiones del presidente, así como también el descargo de Bustillo el viernes y luego tomaremos una decisión”, añadió.

Después de que trascendieran las declaraciones de Ache ante la Fiscalía, el Frente Amplio había reclamado la renuncia de Bustillo, así como del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y de Lafluf.

El presidente del FA, Fernando Pereira, consideró ayer que a Bustillo deberían sumársele Heber y Maciel y pidió que “Lafluf no permanezca ni un minuto más en la asesoría del presidente”, por estos “hechos” que son “de una enorme gravedad y también de una enorme oscuridad”.

“Hace mucho tiempo que el Frente Amplio viene diciendo que tanto Bustillo como el ministro Heber deberían haber sido removidos de sus cargos”, recordó Pereira,

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El político frenteamplista descartó por el momento que se esté considerando pedir un juicio político a Lacalle Pou, pero dijo que la alianza espera que el Gobierno “tome las medidas adecuadas para garantizar la institucionalidad” y que el mandatario regrese “lo antes posible” de Estados Unidos, donde viajó esta semana para participar de una cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEP) organizada por el presidente Joe Biden.

La polémica entrega del pasaporte uruguayo a Marset sacudió ya el año pasado al Gobierno de Lacalle Pou y derivó en ese momento en la destitución de un funcionario de la Dirección Nacional de Identificación Civil.

Marset, prófugo de la Justicia e involucrado en el tráfico de cocaína en la región, recibió en 2021 un pasaporte uruguayo a través de un proceso exprés mientras se encontraba detenido en Dubai por intentar ingresar con un pasaporte paraguayo falso.

En agosto último, logró escapar de un operativo policial en Bolivia, donde se investiga ahora si tuvo ayuda policial y de funcionarios.

En Paraguay se sospecha, además, que puede tener relación con el asesinato, en mayo del año pasado, del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien fue atacado a tiros en una playa de Cartagena, Colombia, durante su luna de miel.

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