Postales de Grecia

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El Gobierno logró salir airoso de un foco de conflicto que estuvo a un puñado de voluntades de poner en riesgo todo el andamiaje jurídico que sostiene el modelo económico. Los espacios no oficialistas no alcanzaron el quórum necesario para voltear el DNU 70/23, lo que fue celebrado por el oficialismo como una victoria que en realidad no es tal. Pasados casi tres años de gestión, la red de contención política apenas resiste el peso de un Gobierno que se esmera cada día en desdeñarla. Los hilos dependen casi con exclusividad de un modo que resiste el paso del tiempo: toma y daca. 

“Otro fracaso más para los desestabilizadores”, se apuró en celebrar Diego Hartfield. “Una vez más, la oposición carente de propuestas reales intenta voltear lo que funciona bien. Hoy intentaron voltear el DNU 70/23 y como no hubo quórum se levantó la sesión. Querían que vuelvan las leyes que le jodían la vida a la gente. Ley de Alquileres, Cielos Abiertos, Ley de Góndolas y dejar sin internet a casi 3 millones de personas. No soportan que la Argentina avance y que los argentinos puedan decidir por sus propios medios. Game, set and match, kukas. La libertad avanza”, enumeró el diputado libertario. Omitió, deliberadamente, que el decreto presidencial contiene también la supresión de la ley de Tierras y la desregulación del mercado yerbatero, que rompió el equilibrio en una de las principales economías misioneras e impactó en miles de productores que deben subsistir con precios de miseria. La yerba lleva 29 meses en crisis según Coninagro, a la que poco se puede acusar de “kuka”.  

La realidad muestra menos entusiasmo que el ex tenista. El DNU 70/23 no mejoró la vida de casi nadie en la Argentina. Encareció lo que ya estaba caro. 

La frustrada sesión en la que se iba a tratar el DNU que había sido rechazado inicialmente por el Senado, coincidó con una nueva marcha federal en defensa de la Universidad Pública. La educación es uno de los sectores más desfinanciados por la obsesión libertaria en alcanzar el déficit cero. La movilización terminó, como cada vez que el Gobierno estuvo acosado por las protestas, en una represión concentrada en los alrededores del Congreso, donde las cámaras de televisión pudieron captar a revoltosos sospechosamente liberados del control policial. Gases lacrimógenos, balas de goma, corridas y piedras. La paradoja del Gobierno que dice preocuparse por el estado de la educación pero la deja a la intemperie. 

El mismo día, pero del otro lado del mundo, en Bangkok, Tailandia, durante las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional, su presidenta, Kristalina Georgieva lanzó una inquietante metáfora sobre la Argentina ante un exultante Luis Caputo. “Van a ser como Grecia, van a repagar”,  arengó la ejecutiva refiriéndose a la Argentina y la posibilidad de que pague su deuda por adelantado. “Te vas a sorprender”, respondió alegre el ministro argentino, que había sido eyectado del cargo durante el macrismo por pedido de Christine Lagarde.

El paralelismo debería ser mirado más en profundidad y con contexto.Grecia dejó de ser el enfermo de Europa, al menos para los mercados financieros. Después de tres rescates internacionales, una década de austeridad y una crisis que pulverizó una cuarta parte de su economía, Atenas volvió a crecer, recuperó la confianza de los inversores y exhibe superávits fiscales que muchos gobiernos europeos envidian. La deuda pública, que llegó a superar el 200% del PIB durante la pandemia, bajó al 146% en 2025 y podría retroceder hasta el 134% en 2027. 

Pero detrás del celebrado milagro griego hay una historia bastante menos luminosa: salarios y jubilaciones recortados durante años, servicios públicos debilitados, emigración de trabajadores calificados y una sociedad que debió sacrificar buena parte de su bienestar para garantizar la estabilidad financiera. El rescate del FMI y sus socios europeos evitó la quiebra desordenada del Estado, pero también protegió al sistema bancario continental. Grecia salvó su solvencia a un costo social extraordinario. 

Hoy, bajo el gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis, Grecia ofrece una paradoja económica: las cuentas públicas mejoran mucho más rápido que las condiciones de vida. El FMI proyecta un crecimiento de 1,8% para 2026 y 1,7% para 2027, mientras la inflación, especialmente en energía y alimentos, sigue erosionando los ingresos familiares. Casi uno de cada cinco habitantes permanece en riesgo de pobreza. El turismo, las inversiones inmobiliarias y los fondos europeos sostienen la recuperación, pero no alcanzan para resolver los problemas estructurales de productividad, empleo y competitividad. La economía volvió a funcionar, aunque con una fragilidad evidente: depende de recursos comunitarios extraordinarios que comienzan a agotarse y de una disciplina fiscal que deja márgenes estrechos para recomponer el tejido social. 

El horizonte tampoco invita a triunfalismos. El propio FMI advierte que el crecimiento griego podría desacelerarse hacia el 1,5% anual en el mediano plazo, condicionado por el envejecimiento poblacional, la baja productividad y la insuficiente participación laboral. 

Grecia continúa condicionada por una deuda gigantesca, aunque administrable gracias a los largos plazos y las condiciones favorables de buena parte de sus préstamos. 

Grecia demuestra que un país puede recuperar la confianza de los acreedores mucho antes de recuperar el bienestar de sus ciudadanos. Y que salir de una crisis de deuda no significa necesariamente salir de las consecuencias del ajuste.

El paralelismo con la Argentina resulta inquietante. Cuando Georgieva presenta a Grecia como ejemplo de recuperación económica, desde la experiencia social, puede sonar a una advertencia. La crisis griega empezó en 2009 y sus efectos todavía se perciben, aunque puede pagar la deuda. El gobierno de Javier Milei transita un camino que comparte elementos con el ajuste helénico: disciplina fiscal extrema, reducción del gasto público, deterioro de ingresos reales y la promesa de que el sacrificio presente permitirá alcanzar una prosperidad futura. 

Mientras el Presidente celebra el ajuste como pilar de su éxito, los datos de la economía se empeñan en mostrar una crisis de magnitud. La inflación volvió al terreno alcista y ya son más de 32 mil las empresas que cerraron desde diciembre de 2023.  

El último plan de ajuste alcanzó al plan Remediar, una de las principales herramientas de acceso gratuito a medicamentos para los sectores de menores ingresos: de un listado de 128 medicamentos quedaron apenas seis. Quedan fuera de ese esquema medicamentos tan habituales como la metformina para la diabetes, la levotiroxina para trastornos tiroideos, la amoxicilina para infecciones bacterianas y el salbutamol para enfermedades respiratorias. No se trata simplemente de una reorganización administrativa. Es una decisión que modifica el alcance de la política sanitaria nacional y pone en cuestión una de las funciones elementales del Estado: garantizar que una persona pueda acceder a un tratamiento aunque no tenga dinero para pagarlo.

Lo que la Nación deja de financiar no necesariamente desaparece como gasto: se traslada a las provincias, a los municipios o directamente al bolsillo -ya estresados- de los pacientes. 

Para jurisdicciones como Misiones, que ya sostienen buena parte de la atención sanitaria con recursos propios, significa una presión adicional sobre presupuestos exigidos por la caída de la actividad económica y de la recaudación. Misiones destinará 1.200 millones mensuales a la compra de medicamentos para los centros de atención primaria. En el mejor de los casos, el gasto cambia de jurisdicción; en el peor, se traduce en tratamientos interrumpidos, enfermedades que se agravan y pacientes que terminan llegando a hospitales con cuadros que podrían haberse resuelto mucho antes. Lo barato, saldrá caro. Y habrá, inevitablemente, un costo en vidas. 

“Argentina: todo destrucción, ninguna creación. Tomar ganancias”. La sentencia no pertenece a un dirigente opositor ni a un economista nostálgico del intervencionismo estatal. Es el diagnóstico de BCA Research, una prestigiosa firma internacional de análisis macroeconómico que acaba de recomendar a sus clientes salir de los bonos y las acciones argentinas. La conclusión es demoledora porque apunta al corazón del experimento libertario: Milei consiguió destruir parte del viejo entramado productivo, pero no logró construir otro capaz de generar empleo, inversión y bienestar. La economía real sigue pagando una factura cada vez más pesada. 

Según los datos recogidos por la consultora, desde el inicio del Gobierno hasta junio de 2026 el empleo cayó 10,2% en la construcción y 7,6% en la industria manufacturera. Mientras tanto, el crédito se convirtió en un privilegio prohibitivo, con tasas reales esperadas superiores al 40% anual para préstamos personales y al 60% para tarjetas. La paradoja es brutal: se celebra la estabilidad de las planillas mientras se deteriora la estabilidad de las familias. Esta advertencia no llega desde quienes cuestionan ideológicamente al Gobierno, sino desde el mismo universo financiero internacional al que Milei pretende seducir.

El problema de fondo es que la destrucción creativa que prometía el liberalismo económico parece haberse quedado solamente con la primera mitad de la fórmula. Vaca Muerta, el litio, el cobre y los grandes proyectos amparados por el RIGI pueden multiplicar las exportaciones, pero difícilmente reemplacen los empleos que desaparecen en las fábricas, el comercio y la construcción. Son negocios intensivos en capital, no grandes generadores de trabajo, y sus frutos más importantes llegarían después de 2029. En el medio hay una sociedad que necesita ingresos hoy, empresas que no venden, provincias que pierden actividad y una clase media que descubre que la inflación puede bajar sin que mejore su calidad de vida. BCA identifica, además, una encerrona política: los inversores esperan las elecciones de 2027 para decidir, pero Milei necesita que inviertan antes para llegar competitivo a esas elecciones. Es el círculo vicioso de un modelo que exige paciencia a quienes ya agotaron sus reservas de resistencia.

Son varios los gobernadores que ya no toleran más ser los contrapesos de la “gobernabilidad”. Es que los estallidos del ajuste son siempre locales y del Gobierno nacional no reciben más que desdén y evasivas. 

El gobernador Hugo Passalacqua está en ese lote. La convivencia seguirá siendo democrática, pero ya no a costa de sacrificar intereses de Misiones. Las elecciones se harán a fines de junio o en los primeros días de julio para tomar distancia del debate nacional. 

De todos modos, la diferenciación ya se percibe. La distribución presupuestaria, con Educación y Salud a la cabeza y con una enorme inyección de recursos a la recuperación económica, son las banderas que ondea el Movimiento por lo que Viene. Pero así como busca tomar distancia de la Nación, también hay una diferenciación del antes. Una decisión sorpresiva del Gobernador fue el envío a la Legislatura de un proyecto de ley para que el Tribunal de Cuentas comience a auscultar las cuentas de empresas y sociedades del Estado, que estaban en una zona gris y muchas veces eran utilizadas como refugio político. Ahora deberán someterse a la más estricta transparencia de un organismo de la Constitución que acaba de pasar los filtros más exigentes para convertirse en auditor del Banco Interamericano de Desarrollo. 

La decisión de Passalacqua tiene sentido hacia dentro y hacia afuera. La oposición hace lo que mejor le sale y pone la lupa sobre lo que gasta y deja de gastar el Estado provincial, aunque hace la vista gorda con lo que hace la Nación.

El contraste volvió a quedar en evidencia en la Legislatura. La Libertad Avanza presentó cinco proyectos que permiten conocer con bastante claridad su concepción de la educación: más controles, más evaluaciones, premios por asistencia, directores con poder para elegir docentes y subsidios a escuelas privadas que incluso podrán reconocer una rentabilidad empresarial. Hay propuestas atendibles, como transparentar la matrícula y auditar los recursos públicos. Pero el problema está en el modelo que las articula. La escuela aparece, ante todo, como una unidad administrativa cuyos costos deben optimizarse, sus trabajadores deben medirse y sus resultados deben convertirse en indicadores. Se habla mucho de eficiencia y bastante menos de inversión. No hay una propuesta presupuestaria integral para mejorar salarios, infraestructura, conectividad o las condiciones materiales del aprendizaje. La promesa es hacer más con los recursos existentes que ya son escasos. Y esa fórmula, en una provincia donde la educación rural y de frontera exige esfuerzos que ninguna planilla de costos alcanza a explicar, puede terminar confundiendo el gasto que debe corregirse con la inversión que debe sostenerse.

El diputado Adrián Nuñez presentó sus iniciativas sin inmutarse. Y sin poner en contexto: los resultados educativos son malos en el mundo y generalizados en el país. Pero además, no se puede hablar de mejoras el mismo tiempo en que se ejecuta un ajuste récord en la educación. Según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA, la inversión nacional en Educación y Cultura se desplomó un 47,7% en términos reales entre 2023 y 2025, con una reducción del 43,2% en 2024 y otro 7,9% en 2025. El deterioro alcanza todos los niveles: las becas estudiantiles perdieron un 42,5% de financiamiento durante 2025 y los programas socioeducativos sufrieron un recorte del 49,5%. Para 2026, la inversión educativa nacional equivale a apenas el 0,77% del PBI, el nivel más bajo de las últimas dos décadas, mientras que el proyecto de Presupuesto 2027 contempla solamente 0,79%, un 44% por debajo de 2023 en términos reales.

En las universidades, el presupuesto de 2026 se ubica un 25,3% por debajo del de 2023 y los salarios docentes acumulan una pérdida del 24,2% de su poder adquisitivo.

El ajuste no solamente compromete el presente de las aulas: erosiona la formación de capital humano, la movilidad social y las posibilidades de desarrollo económico de las próximas generaciones.

Hay una contradicción política todavía más profunda. Mientras se propone premiar económicamente la asistencia docente y otorgar a los directores mayor poder para seleccionar a sus equipos, se reconoce expresamente la rentabilidad de las instituciones educativas privadas que reciben aportes estatales. Para el docente público, incentivos condicionados y mayor evaluación; para el establecimiento privado, autonomía de gestión y posibilidad de obtener ganancias con participación de fondos públicos. Los proyectos contienen garantías y controles que corresponde reconocer, pero no disipan esa asimetría conceptual. Tampoco explican cómo una mayor vigilancia administrativa resolverá las dificultades de aprendizaje de los chicos que llegan a la escuela atravesados por la pobreza, las desigualdades territoriales o la falta de recursos. Evaluar es necesario, administrar bien también. Pero una política educativa no puede reducirse a contar alumnos, controlar ausencias y reorganizar cargos. La educación pública no es una empresa que deba demostrar rentabilidad: es una responsabilidad del Estado que debe garantizar igualdad de oportunidades, incluso -y especialmente- allí donde educar resulta más costoso.

Hay una película que permite asomarse a los riesgos de una educación pública administrada bajo la lógica de los resultados, la competencia y el prestigio institucional. Se llama Bad Education (2019), protagonizada por Hugh Jackman y basada en un escándalo real ocurrido en un distrito escolar de Nueva York. Allí, un superintendente consigue convertir a su institución en una de las más prestigiosas del país, mientras detrás de los indicadores de excelencia se esconde un gigantesco desfalco.

Cuando la educación comienza a medirse exclusivamente por rankings, eficiencia administrativa y resultados competitivos, se corre el riesgo de confundir la calidad educativa con el éxito de una gestión empresarial. Y cuando, además, el Estado retira recursos del sistema, la promesa de libertad de elección puede convertirse en una ficción: las familias con dinero tendrán opciones, mientras las demás deberán conformarse con lo que quede.

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