La situación fiscal de las provincias dio un giro durante 2025. Tras haber registrado superávit en 2024, el consolidado de los distritos subnacionales finalizó el año con déficit, producto de una combinación de menor crecimiento de los ingresos y una expansión del gasto que superó ampliamente la evolución de la recaudación. El deterioro de las cuentas públicas provinciales ayuda a explicar el creciente conflicto entre los gobernadores y el Gobierno nacional por la distribución de recursos y el financiamiento de las administraciones locales.

De acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), elaborado sobre datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) y del INDEC, las 23 jurisdicciones analizadas —con excepción de La Pampa, por falta de información completa— pasaron de un superávit primario de $4,8 billones en 2024 a un déficit de $380.000 millones en 2025, medido a valores constantes de mayo de 2026.

El deterioro fue aún más marcado en el resultado financiero. Una vez computado el pago de intereses de deuda, las provincias cerraron el ejercicio con un déficit de $3,6 billones, en contraste con el superávit de $2 billones alcanzado el año anterior. En términos agregados, el rojo fiscal representó el 2,1% de los ingresos totales provinciales y el equivalente al 0,33% del Producto Bruto Interno (PBI).

Menor actividad y caída de la recaudación

El informe atribuye el cambio de escenario principalmente al impacto de la desaceleración económica sobre los ingresos provinciales. Mientras la recaudación perdió dinamismo, el gasto continuó creciendo en términos reales.

Los ingresos totales aumentaron apenas un 3,4% interanual en términos reales, mientras que el gasto primario avanzó un 6,8%, ampliando el desequilibrio fiscal.

Entre los recursos, el crecimiento estuvo impulsado principalmente por la mejora de la recaudación tributaria propia y de las contribuciones a los sistemas previsionales provinciales. Los ingresos tributarios locales crecieron un 3,6% real, con desempeños destacados del Impuesto de Sellos, que aumentó un 28,7%, y del impuesto Automotor, con una suba del 21,8%.

Sin embargo, esa mejora no alcanzó para compensar la menor dinámica de otros ingresos vinculados al nivel de actividad económica y a la coparticipación federal.

El gasto en personal volvió a ser el principal motor

Del lado de las erogaciones, el IARAF identifica al gasto en personal como el componente que más incidió en el aumento del gasto primario.

Según el estudio, las remuneraciones explicaron el 43% del incremento total del gasto provincial consolidado, consolidándose nuevamente como el principal factor de presión sobre las cuentas públicas.

También crecieron otros componentes relevantes del presupuesto provincial. La inversión real directa aumentó un 23,1% en términos reales, mientras que las prestaciones de la seguridad social registraron una expansión del 11%.

El deterioro de las finanzas provinciales también ayuda a comprender el endurecimiento de la relación entre los gobernadores y la administración nacional durante los últimos meses.

Frente a la caída de los recursos, el Gobierno nacional debió implementar en marzo un mecanismo excepcional que permitió adelantar fondos de coparticipación para aliviar las tensiones financieras de varias jurisdicciones.

El escenario fiscal de las provincias se convirtió así en uno de los principales focos de negociación entre las administraciones provinciales y la Casa Rosada, en un contexto donde la política de equilibrio fiscal del Gobierno nacional convive con crecientes dificultades financieras en los estados subnacionales.

La evolución de la actividad económica durante 2026 y el comportamiento de la recaudación serán variables determinantes para evaluar si las provincias logran recomponer sus cuentas o si el déficit observado en 2025 marca el inicio de un nuevo ciclo de restricciones fiscales.