Economía informó la firma del contrato de concesión a Camino Selva del Tramo Noreste
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La Red Federal de Concesiones incorporará más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales a un esquema de gestión 100% privada, luego de la firma de los contratos correspondientes a la Etapa III. En el noreste argentino, Caminos Selva S.A. asumirá desde este miércoles 7 de octubre la explotación, administración y mantenimiento del Tramo Noreste, en una modificación del modelo de gestión que alcanza corredores considerados estratégicos para la conectividad regional y la actividad productiva.
La firma de los contratos fue informada por Vialidad Nacional e incluye ocho tramos: Centro, Centro Norte, Noroeste, Litoral, Noreste, Mesopotámico, Chaco y Cuyo. En cada caso, distintas sociedades concesionarias tomarán a su cargo las tareas previstas en los contratos, mientras el organismo nacional conservará la función de supervisar el cumplimiento de los niveles de servicio y las condiciones de transitabilidad.
Para el noreste, el cambio tiene como protagonista a Caminos Selva S.A., que tendrá bajo su responsabilidad el Tramo Noreste. La incorporación se produce dentro de una transformación más amplia del esquema de administración de las rutas nacionales, que con esta tercera etapa alcanza más de 9.000 kilómetros bajo el nuevo modelo de gestión.
El Tramo Noreste dentro de una red estratégica
La nueva concesión se inscribe en una red vial que cumple funciones que exceden el tránsito cotidiano. Las rutas nacionales articulan el movimiento de cargas, conectan zonas productivas con mercados, sostienen desplazamientos regionales y forman parte de los circuitos utilizados por el turismo.
En una región como el noreste, donde las distancias y la conectividad terrestre tienen una incidencia directa sobre los costos logísticos, el mantenimiento de los corredores constituye una variable relevante para las actividades económicas que dependen del transporte por carretera.
El modelo que comienza a implementarse establece que las empresas concesionarias deberán financiar las obras y las tareas de mantenimiento previstas contractualmente. La participación estatal, de acuerdo con el esquema informado por Vialidad Nacional, se concentra en la supervisión del cumplimiento de las obligaciones y de los estándares de servicio establecidos.
La diferencia respecto de los esquemas anteriores radica precisamente en la estructura de financiamiento y gestión. Según informó Vialidad Nacional, el nuevo sistema reemplaza modalidades concesionadas que requerían aportes del Estado Nacional para su funcionamiento.
Más de 3.900 kilómetros bajo gestión privada
La Etapa III comprende más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales y autopistas distribuidos entre corredores del centro, noroeste y noreste del país. La distribución contempla distintas empresas para cada tramo, con responsabilidades específicas sobre la infraestructura que reciben.
COVICEN S.A. tomará el Tramo Centro; AUTOVÍA AL NORTE S.A.U. estará a cargo del Centro Norte; AUTOVIA DEL NOA S.A. asumirá el Noroeste; CORREDOR LITORAL S.A. tendrá el Litoral; Caminos Selva S.A. administrará el Noreste; MESOPOTÁMICO S.A. quedará al frente del tramo Mesopotámico; VÍAS DEL PARANÁ MEDIO S.A. gestionará Chaco-Santa Fe y CAMINOS DEL ACONCAGUA tendrá a su cargo Cuyo.
El proceso supone que las empresas comiencen a asumir progresivamente las responsabilidades operativas contempladas en sus contratos. Para los usuarios, el aspecto central será cómo esa estructura se traduce en condiciones concretas de transitabilidad, mantenimiento y atención de los corredores.
El desafío para la infraestructura del noreste
El nuevo esquema coloca el mantenimiento vial en el centro de una relación contractual entre las concesionarias y el Estado nacional. La empresa que asume el Tramo Noreste deberá afrontar las inversiones y tareas comprometidas, mientras Vialidad Nacional tendrá la responsabilidad de verificar que los niveles de servicio exigidos sean efectivamente cumplidos.
Esa supervisión adquiere particular relevancia porque el funcionamiento de una concesión vial no se mide únicamente por la ejecución de obras puntuales. También involucra la conservación de las rutas, la respuesta ante contingencias y la continuidad de condiciones adecuadas para el tránsito.
Para las economías regionales, la calidad de los corredores viales tiene una incidencia directa sobre la circulación de materias primas, productos elaborados y bienes de consumo. También condiciona los tiempos de traslado y la conexión entre localidades, centros urbanos, zonas productivas y destinos turísticos.
El componente turístico forma parte igualmente del alcance de la nueva etapa. En el noreste, los corredores nacionales funcionan como vías de acceso a distintos destinos y atractivos, por lo que las condiciones de circulación forman parte de la infraestructura necesaria para sostener los desplazamientos de visitantes.
Un cambio de modelo que comienza a medirse en la ruta
Con la incorporación de la Etapa III, la Red Federal de Concesiones supera los 9.000 kilómetros de rutas nacionales bajo el nuevo esquema de gestión. El alcance del proceso transforma la administración de una parte significativa de la infraestructura vial nacional y desplaza hacia las concesionarias la responsabilidad financiera sobre las inversiones y tareas previstas en los contratos.
El desafío comienza ahora en la etapa operativa. La discusión sobre el modelo de concesión deja paso a una cuestión más concreta: cómo se ejecutarán las obligaciones contractuales y qué resultados tendrán sobre la calidad de las rutas.
Para los usuarios del Tramo Noreste, la referencia inmediata será la evolución de la transitabilidad, el mantenimiento y la respuesta de la infraestructura frente a las necesidades del transporte y las comunidades que dependen de esos corredores.
Vialidad Nacional mantiene disponibles sus canales del Centro de Atención al Usuario para consultas vinculadas con las rutas nacionales y los servicios correspondientes. El nuevo esquema abre así una etapa en la que la calidad de la gestión vial deberá observarse tanto desde las obligaciones asumidas por las concesionarias como desde la capacidad de control del organismo nacional.
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