La disputa por la hegemonía

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Ningún proyecto de poder se conforma con gobernar. Necesita, además, la hegemonía para que su manera de entender el mundo sea aceptada como la única posible. Que sus ideas dejen de parecer una elección política y se conviertan en sentido común. Que lo que beneficia a unos aparezca como necesario para todos.

Esa es la apuesta más ambiciosa de la batalla cultural: no solamente cambiar las políticas públicas, sino transformar los criterios con los que una sociedad interpreta la realidad, reconoce sus derechos y define qué puede esperar del Estado.

El proyecto libertario entendió esa dimensión desde el comienzo. El ajuste económico, la desregulación y la redefinición de las funciones estatales forman parte de una transformación que necesita algo más que decisiones de gobierno: necesita construir legitimidad, naturalizar sus consecuencias y presentar su orientación como inevitable.

Pero la hegemonía no se decreta. Se construye, se disputa y también encuentra resistencias. Y para entender hasta dónde puede avanzar esa transformación hay que mirar más allá de las fronteras argentinas: los intereses financieros que respaldan al Gobierno, la estrategia regional de Donald Trump, la disputa por Brasil y las relaciones de poder que se reorganizan alrededor de ese proyecto.

La disputa por el sentido común también se expresa en las conversaciones digitales. El informe de Ad Hoc sobre septiembre de 2026 registró una recuperación del protagonismo de Milei en las conversaciones públicas y una mayor capacidad de coordinación de la comunidad libertaria para disputar la agenda. Pero la centralidad digital no equivale, por sí misma, a consenso social, del mismo modo que el volumen de menciones no permite medir adhesiones. La pregunta relevante es otra: hasta qué punto esa capacidad para imponer temas y organizar el debate consigue transformar una interpretación de la realidad en sentido común duradero.

El mercado y sus garantes

La economía ofrece una de las principales contradicciones de este proceso. Mientras el Gobierno presenta el retiro del Estado como condición para liberar las fuerzas del mercado, la estabilidad financiera argentina continúa dependiendo, en parte, de decisiones tomadas fuera del país.

A comienzos de octubre, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dejó abierta la posibilidad de que Washington vuelva a intervenir financieramente para respaldar a la Argentina si el gobierno de Javier Milei lo necesita. También reivindicó el apoyo otorgado en 2025 y lo vinculó con una estrategia que, según sus declaraciones, contribuyó a modificar el escenario político regional.

La declaración merece atención por algo más que su dimensión financiera. Expone la relación entre el sostenimiento de un programa económico y los objetivos geopolíticos de la principal potencia occidental. El respaldo no aparece aislado de una estrategia regional: forma parte de una disputa por la influencia política y económica en América Latina.

Al mismo tiempo, Barron’s, una prestigiosa publicación financiera estadounidense, describió a Milei como un presidente que pierde impulso político a un año de las elecciones de 2027, pero señaló que los bonos argentinos todavía resultaban atractivos para los inversores. El análisis puso en relación las dificultades económicas del país con las oportunidades que los títulos de deuda ofrecen a sus tenedores.

La distancia entre esas dos realidades —la economía que viven los hogares y la que evalúan los mercados— no es un detalle menor. El capital financiero puede encontrar oportunidades donde la sociedad experimenta dificultades. Puede evaluar rendimientos, precios y riesgos sin que eso implique una mejora equivalente en el empleo, los ingresos o las condiciones de vida.

No hay contradicción necesaria desde la lógica de un inversor. La cuestión política aparece cuando esa lógica se presenta como medida universal del bienestar.

El problema, entonces, no consiste simplemente en que el Gobierno reciba ayuda externa. Consiste en observar qué condiciones económicas, políticas y estratégicas acompañan ese respaldo, qué compromisos implica y qué margen de decisión conserva el Estado argentino.

Brasil no es solamente Brasil

La dimensión regional permite ampliar la mirada. La atención que la administración de Donald Trump dedica a Brasil no puede entenderse exclusivamente como una cuestión electoral. Están en juego la relación con China, el acceso a recursos estratégicos, la cooperación en materia de seguridad y el alineamiento de los gobiernos sudamericanos.

La disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se desarrolla en ese escenario. El respaldo político de Trump al espacio bolsonarista y las diferencias entre ambos proyectos sobre la relación con Washington y Beijing muestran que Brasil ocupa un lugar central en la competencia por la orientación política de América del Sur.

Argentina y Brasil tienen historias, estructuras económicas y dinámicas políticas diferentes. Pero ambos forman parte de una región en la que las grandes potencias buscan asegurar alianzas, mercados y acceso a recursos naturales. El alineamiento internacional deja de ser una cuestión diplomática separada de la política interna: también condiciona las opciones económicas, las relaciones comerciales y las posibilidades de desarrollar una estrategia regional propia.

En ese contexto, la relación entre Milei y Trump adquiere un significado que excede la afinidad ideológica. El respaldo financiero, la cooperación política y la coincidencia en determinados objetivos regionales forman parte de un mismo escenario de poder.

La pregunta es qué lugar ocupa la Argentina en esa estrategia y cuánto de su orientación económica responde a decisiones propias, cuánto a condicionamientos financieros y cuánto a una coincidencia más amplia con los objetivos de Washington.

Qué Estado queda después del desarme

Si la discusión se limita a determinar si Milei quiere más o menos Estado, corremos el riesgo de aceptar los términos en los que el propio Gobierno presenta su proyecto.

Un Estado puede reducir su intervención en la protección social, la educación, la ciencia o el desarrollo productivo y, al mismo tiempo, conservar o ampliar su capacidad para disciplinar, desregular, garantizar determinadas condiciones de inversión o reorganizar las relaciones entre el capital y el trabajo.

No es una contradicción accidental. Son funciones diferentes, con beneficiarios y consecuencias también diferentes.

Por eso, la pregunta relevante no es solamente qué organismos se eliminan o cuánto se reduce el gasto. Es qué capacidades públicas se pierden, cuáles se preservan, qué intereses encuentran nuevas oportunidades y qué decisiones quedan cada vez más condicionadas por actores económicos o financieros con mayor poder de negociación.

La transformación del Estado necesita, además, una justificación cultural. La desregulación debe presentarse como libertad; la reducción de derechos, como modernización; la subordinación a determinadas exigencias financieras, como ausencia de alternativas.

La batalla por las palabras es también una batalla por delimitar qué puede discutirse y qué pretende quedar fuera de discusión.

Los límites de la naturalización

Sin embargo, una cosa es instalar una interpretación de la realidad y otra conseguir que esa interpretación resista el contraste con la experiencia social.

Cuando los ingresos no alcanzan, el empleo se vuelve incierto y los servicios públicos se deterioran, las explicaciones oficiales encuentran un límite: la vida cotidiana. Eso no significa que una sociedad abandone automáticamente las ideas que un gobierno logró instalar, ni que exista una relación mecánica entre dificultades económicas y cambios políticos. Significa que la construcción del sentido común es un proceso abierto, atravesado por conflictos y resistencias.

La hegemonía nunca es solamente imposición. También requiere capacidad para organizar expectativas, producir consensos y presentar un proyecto particular como si expresara el interés general.

Por eso, la batalla cultural no debería medirse únicamente por la circulación de consignas en las redes sociales o por la capacidad de un dirigente para dominar la conversación pública. La cuestión más profunda es si las ideas que promueve consiguen convertirse en criterios duraderos para interpretar la sociedad y orientar sus decisiones.

La pregunta que queda abierta es si el proyecto libertario puede consolidar esa transformación mientras la economía impone sus propios límites y el sostenimiento financiero depende, en parte, de respaldos externos. Y, al mismo tiempo, qué ocurre con una sociedad a la que se le pide naturalizar el retiro del Estado mientras otros poderes —económicos, financieros y geopolíticos— ganan capacidad para condicionar sus opciones.

Cómo dijimos hace un tiempo, no se trata solamente de cuánto Estado quiere Milei. Se trata de qué Estado está construyendo mientras dice que lo está destruyendo.

Y de algo más: qué ideas necesita convertir en sentido común para que esa transformación parezca inevitable, qué intereses se benefician con ella y hasta dónde la sociedad está dispuesta a aceptar esa naturalización.

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