Yerbateros cuestionan a Sturzenegger: “La historia exportadora no empezó en diciembre de 2023”
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Representantes de organizaciones de productores yerbateros de Misiones cuestionaron al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, por atribuir al DNU 70/2023 el “desembarco” de la yerba mate argentina en China. En un documento conjunto, señalaron que en mayo de 2005 ya se anunciaba la llegada del producto a ese mercado y sostuvieron que el desarrollo exportador fue resultado del trabajo de empresas, cooperativas, productores y trabajadores, acompañado por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
El pronunciamiento lleva las firmas de Hugo Sand, titular de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones; Jorge Skripczuk, presidente de la Asociación Civil Impulso Yerbatero; Antonio Franza, de la Asociación de los Yerbateros del Alto Uruguay; Julio Alfredo Petterson, presidente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte; y Salvador María Torres, secretario general del Movimiento Agrario de Misiones (MAM).
Los firmantes rechazaron la vinculación entre la desregulación y la apertura del mercado chino planteada por el ministro en una publicación en la red social X. “La exportación de yerba mate no nació con el DNU 70/2023, ni es el resultado de una supuesta magia desreguladora”, expresaron.
La yerba argentina en China. Gracias DNU 70/23! https://t.co/39We9ofc1c
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) October 3, 2026
Según sostuvieron, la inserción internacional de la yerba argentina se construyó durante décadas mediante políticas de desarrollo comercial, promoción internacional, investigación y control de calidad, mientras el INYM conservaba las facultades otorgadas por el Congreso.
Como antecedente, citaron el Plan Estratégico para el Sector Yerbatero Argentino 2013-2028, presentado en 2014 después de un trabajo conjunto del INYM, los gobiernos de Misiones y Corrientes, el INTA y la Universidad Nacional de Misiones. Indicaron que ese documento ya proponía conquistar mercados externos, diversificar productos, mejorar los procesos productivos, fortalecer los estándares de calidad y consolidar una cadena competitiva y sustentable.
También señalaron que la revisión de medio término del plan, realizada en 2022, identificó los avances y las tareas pendientes. Entre las acciones que debían profundizarse mencionaron las misiones comerciales, las rondas de negocios internacionales, la adaptación de productos y procesos a las exigencias de los mercados y el desarrollo de protocolos de análisis de calidad.
“El sector ya sabía hacia dónde debía avanzar y había construido una hoja de ruta para hacerlo”, afirmaron. En ese sentido, defendieron la contribución del INYM a la promoción comercial, la investigación, la capacitación, el mejoramiento de las prácticas productivas y la aplicación de estándares y controles.
El documento también cuestionó los fundamentos y los efectos del DNU 70/2023 sobre el organismo. Los representantes sostuvieron que el Poder Ejecutivo alteró unilateralmente la institucionalidad del sector, sin demostrar la necesidad y urgencia constitucional ni una motivación suficiente para sustituir el diseño establecido por el Congreso mediante la Ley 25.564.
A su entender, esa modificación afectó a un organismo creado para intervenir en una cadena económica estructuralmente desigual y evitar que las decisiones quedaran concentradas en los actores de mayor poder económico.
Los firmantes señalaron que el decreto eliminó facultades esenciales para proteger a productores y tareferos y restringió las herramientas de intervención del INYM sobre las relaciones económicas de la cadena. Al mismo tiempo, afirmaron que los actores más poderosos conservaron la capacidad material de incidir tanto sobre el precio de la materia prima como sobre el precio de venta del producto terminado.
“La concentración económica no es sinónimo de competencia”, expresaron. Según su planteo, cuando pocos actores pueden condicionar los precios y las reglas de una actividad, la desregulación desplaza el poder desde las instituciones públicas hacia quienes cuentan con mayor capacidad económica para imponer sus intereses.
Las objeciones también alcanzaron al proyecto de “reordenamiento normativo” impulsado por el Ministerio de Desregulación. Los representantes advirtieron que la iniciativa pretende eliminar herramientas de fiscalización y control que contribuyeron a garantizar la calidad y la inocuidad de la yerba mate.
En particular, cuestionaron la supresión y el debilitamiento de procedimientos de inspección, muestreo y control, así como la sustitución de capacidades propias del INYM por mecanismos dependientes de otras fuentes de información y de acuerdos todavía sujetos a implementación.
Para los firmantes, esos cambios dejan libradas al mercado cuestiones que requieren conocimiento técnico, prevención y responsabilidad pública. Sostuvieron que el consumidor no puede comprobar por sí mismo, frente a una góndola, la composición, la inocuidad ni las condiciones de producción del alimento que compra.
“La libertad del consumidor no consiste en abandonarlo a su suerte, sino en garantizarle que lo que compra ha sido sometido a controles adecuados”, señalaron.
El documento vinculó esos controles con la sustentabilidad productiva y la confianza de los mercados internacionales. Los representantes incluyeron entre esas dimensiones el uso de agroquímicos, la protección de los suelos, la calidad de la materia prima y la inocuidad del alimento, y rechazaron que queden subordinadas a la conveniencia económica de cada operador.
También advirtieron que el debilitamiento de las capacidades institucionales puede comprometer las condiciones que permitieron desarrollar las exportaciones. “El récord de hoy no es una garantía para mañana”, expresaron, y sostuvieron que la política celebrada por Sturzenegger puede erosionar la confianza en la yerba mate argentina, su calidad y su capacidad para competir en los mercados internacionales.
“No hay mérito en apropiarse de los resultados del trabajo ajeno mientras se destruyen las herramientas que permitieron alcanzarlos”, concluyeron. “Eso no es desregulación: es transferir poder económico a los más fuertes y presentar esa transferencia como libertad”.
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