El ministro de Economía, Luis Caputo, explicitó este jueves una tensión central del programa económico: el Gobierno no puede forzar la demanda de pesos en un contexto donde la inflación volvió a acelerarse, al tiempo que confirmó que no recurrirá al mercado internacional para refinanciar deuda. La definición, realizada durante el 21° Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas, combina dos datos políticos clave: una inflación que no termina de ceder —2,9% en febrero por segundo mes consecutivo— y una estrategia financiera que se repliega hacia fuentes alternativas para cubrir vencimientos por unos USD 9.000 millones. La pregunta queda abierta: ¿es un ajuste táctico o el reconocimiento de un límite estructural del esquema económico?

El límite de la demanda de pesos y el rediseño del programa

Caputo puso el foco en un punto sensible del modelo: la demanda de dinero. Mientras el equipo económico controla la emisión, admite que no puede incidir directamente en la decisión de los argentinos de mantener pesos. Esa variable, sostuvo, explica parte de la resistencia inflacionaria reciente.

El diagnóstico oficial vincula la suba de precios a factores puntuales: la recomposición de precios regulados y el impacto de la carne. En esa lectura, se trataría de un desvío transitorio dentro de un sendero de desinflación que debería retomarse “más temprano que tarde”. Sin embargo, el reconocimiento de un “retroceso” en los últimos siete u ocho meses introduce una señal política relevante: el programa ya no se presenta como lineal.

En paralelo, el ministro descartó una herramienta clásica de gestión: la emisión de deuda en los mercados internacionales. La decisión implica un cambio de posicionamiento respecto de evaluaciones previas —mencionó que se analizó hacia fines del año pasado— y refuerza una narrativa oficial centrada en el superávit fiscal y la reducción del endeudamiento.

En su lugar, el Gobierno apuesta a una combinación de financiamiento local, venta de activos y mecanismos alternativos aún no detallados públicamente. Según Caputo, estas opciones permitirían cubrir los próximos tres vencimientos de capital —julio de este año, enero y julio del próximo— por aproximadamente USD 9.000 millones.

Deuda, mercado y FMI: equilibrio sin acceso pleno

La decisión de no acudir al mercado internacional no ocurre en el vacío. El propio ministro reconoció que el nivel de riesgo país resulta “exagerado” en relación con las condiciones técnicas, lo que sugiere una brecha entre la evaluación del Gobierno y la percepción del mercado.

En ese contexto, la estrategia oficial busca sostener el cumplimiento de pagos mientras se espera una mejora en las condiciones de financiamiento. La lógica es clara: evitar endeudarse caro cuando existen alternativas más baratas, aunque esas fuentes no hayan sido aún explicitadas.

El vínculo con el Fondo Monetario Internacional aparece como un respaldo político en ese esquema. Caputo calificó la relación como “espectacular” y destacó un nivel de confianza inédito, en medio de la segunda revisión en curso. Sin embargo, también recordó que en 2027 vencen USD 3.000 millones adicionales con el organismo, lo que proyecta la tensión financiera más allá del corto plazo.

Impacto político: señales mixtas para el mercado y la gobernabilidad

El mensaje del ministro deja una doble lectura. Por un lado, reafirma la disciplina fiscal y la decisión de evitar nueva deuda externa, lo que fortalece la narrativa de sostenibilidad. Por otro, admite límites en la política monetaria y reconoce que la inflación aún no está completamente bajo control.

En términos de correlación de fuerzas, el Gobierno intenta sostener credibilidad ante los mercados y el FMI sin ceder a la presión de financiarse externamente. Esa postura condiciona el margen de maniobra: obliga a consolidar el mercado local, acelerar mecanismos alternativos y mantener el superávit como ancla política.

El dato no menor es que el propio ministro identificó el escepticismo social como un factor relevante. Esa percepción, dijo, pesa tanto como las variables económicas. En clave política, implica que la estabilización no solo depende de indicadores, sino también de expectativas.

Un equilibrio inestable hacia 2027

El programa económico entra en una fase más compleja. La inflación no desciende al ritmo esperado, la demanda de pesos sigue siendo una variable incierta y el acceso al financiamiento externo continúa limitado.

En ese escenario, el Gobierno apuesta a ganar tiempo: cumplir vencimientos con recursos propios o alternativos, sostener el orden fiscal y esperar que la desinflación retome su curso. La incógnita es si esa estrategia alcanzará para consolidar el esquema antes de los compromisos más exigentes, especialmente los de 2027.

Las próximas semanas serán clave para observar dos variables: la evolución de la inflación tras la recomposición de precios y la presentación concreta de las fuentes de financiamiento alternativas. Ahí se juega algo más que una cuestión técnica: la consistencia política de un modelo que busca sostenerse sin recurrir a las herramientas tradicionales del mercado.