Allanan el despacho y la vivienda de José Luis Espert en el marco de una causa por presunto lavado de dinero vinculado a Fred Machado.

La Justicia Federal de San Isidro dispuso allanamientos simultáneos en el domicilio del diputado y en su despacho del Congreso. La investigación, originada por una denuncia de Juan Grabois, apunta a una transferencia de USD 200.000 realizada por el empresario argentino acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

La Justicia avanza sobre Espert por presuntos vínculos con una red internacional

Por orden del Juzgado Federal N.º 2 de San Isidro, a cargo del magistrado Lino Mirabelli, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron este jueves allanamientos en el domicilio particular del diputado nacional José Luis Espert, ubicado en la localidad bonaerense de Beccar, y en su despacho del Congreso de la Nación.

Las medidas se enmarcan en una investigación por presunto lavado de dinero derivada de una denuncia presentada por el dirigente social Juan Grabois, que señala al legislador por sus supuestos vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, actualmente imputado y detenido por narcotráfico en los Estados Unidos.

Fuentes judiciales confirmaron que el operativo fue ejecutado bajo secreto de sumario por orden del fiscal federal Federico Domínguez. Durante el allanamiento en su vivienda, Espert entregó voluntariamente un teléfono celular, que quedará en poder de la Justicia hasta su peritaje forense.

El propio legislador recibió a los agentes en su domicilio acompañado por su equipo de abogados. Paralelamente, en el Congreso, la Cámara de Diputados autorizó el ingreso de la PFA al despacho del legislador, en cumplimiento del pedido judicial remitido por Mirabelli, conforme al procedimiento previsto para funcionarios con fueros parlamentarios.

El despacho de Espert quedó clausurado con fajas de seguridad, mientras personal judicial retiraba documentación y equipos electrónicos.

La denuncia de Grabois y la transferencia investigada

La causa tuvo origen en una transferencia de USD 200.000 que, según registros financieros del Bank of America, fue realizada por una empresa vinculada a Fred Machado a nombre de Espert. La denuncia plantea que esos fondos podrían provenir de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes, juzgada por la justicia federal del Estado de Texas (EE.UU.), y que podrían configurar el delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 303 inciso 1 del Código Penal argentino.

El nombre del diputado libertario aparece además en documentación contable paralela utilizada como prueba en el juicio que culminó con la condena de Debra Mercer-Erwin, socia comercial de Machado.

En su descargo público, Espert explicó que el pago correspondía a un “adelanto de honorarios profesionales” por un asesoramiento económico a la firma Minas del Pueblo de Guatemala, presuntamente vinculada al empresario.

“Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista. Era un contrato de un millón de dólares, del cual recibí un anticipo de 200 mil”, afirmó Espert en un video difundido en redes sociales.

Según su versión, el trabajo nunca se concretó por la irrupción de la pandemia y porque, tras su participación electoral de 2019, no retomó la actividad profesional privada.

Efectos políticos: licencia, renuncia y crisis interna en La Libertad Avanza

El escándalo judicial derivó en una serie de decisiones políticas inmediatas por parte del legislador. En primer lugar, renunció a su candidatura electoral de cara a las elecciones del 26 de octubre, y luego solicitó licencia en su banca de la Cámara de Diputados. También renunció a la presidencia de la Comisión de Presupuesto, uno de los espacios de mayor influencia legislativa dentro del oficialismo.

En paralelo, la Policía Federal también allanó la vivienda de Fred Machado en Viedma, donde el empresario cumplía prisión domiciliaria mientras avanza su proceso de extradición a Estados Unidos. En ese procedimiento, los agentes encontraron el contrato de locación de servicios completo, en el que se consignaba un pago total de USD 1.000.000 a favor de Espert.

Fuentes judiciales confirmaron que la investigación busca determinar si existió una intermediación financiera o societaria orientada a encubrir operaciones de lavado internacional de activos a través de contratos de asesoría ficticios.

La resolución de Mirabelli se inscribe en una línea de cooperación judicial con Estados Unidos, que desde 2023 mantiene abierta una causa espejo vinculada a las operaciones financieras del empresario argentino.

De comprobarse los vínculos, el caso podría derivar en una acusación formal contra el diputado por lavado de dinero y asociación ilícita, con potencial impacto político sobre el bloque de La Libertad Avanza, que enfrenta su primera crisis institucional de magnitud desde la asunción de Javier Milei.

Por el momento, el expediente continuará bajo secreto de sumario mientras se analizan los dispositivos electrónicos incautados y las transferencias bancarias detectadas en el exterior.