A un año de la desregulación impuesta por el presidente Javier Milei, el mercado yerbatero luce golpeado en todos sus eslabones. La producción primaria padece una brutal caída de precios, que llegó al 50 por ciento -con una inflación interanual del 154,2 por ciento-, mientras que la industria enfrenta una caída en las ventas al mercado interno que es la peor desde 2016.

Los exportadores, que tuvieron varios meses con saldo positivo, se encontraron en octubre con una caída de 22,7 por ciento en los giros al exterior. La crisis de Siria -y la muerte trágica de Obaida Kabour, un enlace directo con las ventas a ese país-, encienden luces rojas. No fue un año bueno para la yerba. En ese escenario, el Gobierno provincial sabe que serán inútiles las gestiones en Buenos Aires para que el Instituto Nacional de la Yerba Mate recupere sus facultades de fijar precio y regular el mercado. El ministro desregulador, Federico Sturzenegger, se jacta de los efectos de su plan para la yerba, aunque confunda precios de góndola con los de la materia prima.

La solución -o la búsqueda de- tiene que ser local. En eso trabaja contrarreloj un equipo del Gobierno provincial. El plan de acción tiene que estar listo para marzo, cuando comienza la cosecha gruesa. Hacienda, Agencia Tributaria y el ministerio del Agro, diseñan un plan que tiene como base la trazabilidad y la transparencia del mercado. También se elaborará un precio de referencia en base a los costos exhibidos por la cadena que servirá como guía para las negociaciones. Pero en la era del libre mercado, no podrá imponerse como oficial.

La herramienta central en la práctica, ya está vigente. Hay un decreto de 2007, firmado por el entonces gobernador Carlos Rovira, que crea el Centro de Transacción de la Yerba Mate. El 2 de julio de ese año se publicó el decreto que buscaba dar respuesta “a la crisis social y económica que afecta al sector yerbatero” por el incumplimiento de los precios oficiales y falta de transparencia en el mercado. El ciclo vuelve a repetirse.

El Centro permite implementar herramientas tecnológicas para registrar y controlar las transacciones en la cadena de valor, desde la producción hasta la comercialización. El ministro del Agro de entonces, Alex Ziegler, nunca lo puso en práctica y después la yerba entró en un proceso de mejora de precios. Hubo que desempolvar el decreto.

El Centro de Transacción tiene como misión simplificar y registrar todas las operaciones de compraventa, utilizando tecnologías avanzadas como Internet -¿Inteligencia Artificial ahora?-, software especializado y dispositivos móviles. Este sistema permitirá un seguimiento en tiempo real del stock, los precios y la trazabilidad del producto.

La Agencia Tributaria Misiones será la encargada de liderar la instrumentación, operación y seguimiento del centro, con asistencia técnica del ministerio del Agro.

El decreto también habilita a la ATM a ampliar el sistema a otros bienes de origen misionero, asegurando así el cumplimiento de la Ley de Transparencia de la Producción Originaria de Misiones.

La directora de la ATM, Belén Gregori, explicó a Economis que ya se está trabajando en actualizar la base de datos de la producción primaria. Se estima que son 13 mil los productores. Hasta ahora hay nueve mil datados como exentos.

“Estamos creando un sistema de trazabilidad de la yerba mate, que pueda registrar todas las operaciones, desde el sector primario hasta el molino para conocer todo el camino y poder tomar medidas. Primero tenemos que hacer un reconocimiento de productores primarios que no están registrados. El productor, el dueño de la tierra, el que cultiva, no paga Ingresos Brutos”, explica Grégori.

La Provincia buscará suplir algunas de las funciones perdidas por el INYM, aunque con medidas aplicables únicamente a Misiones. La industria sugirió sacar poleo y bajar el porcentaje de palo permitido en la yerba. También apuntar a la yerba compuesta, para aumentar la demanda de hoja. En la industria saben -los más comprometidos-, que el precio actual no cubre los costos de producción, pero advierten que la sobreproducción alimenta la especulación. “390 es razonable, pero hoy la industria no puede pagar más de 350. Los costos industriales también aumentaron”, explican fuentes empresariales.

Una de las medidas inmediatas que pondrá en marcha el Gobierno es que el productor pueda inscribirse como tal, pero con trámites más simples. La ATM simplificó los pasos para que el productor obtenga el certificado tipo A que garantiza la exención de IB. Ese beneficio alcanzará a todos los productores, incluídas otras ramas, siempre y cuando se dediquen a la primera venta.

La lupa estará puesta en la etapa de comercialización. Hoy hay algunos operadores del mercado que se presentan como productores primarios y en realidad se dedican a la reventa. Esos sí deberán tributar. Los secaderos y molinos deberán informar en modo obligatorio, el volumen de yerba que compran.

En una entrevista con Open1017, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán abordó la crisis en el sector yerbatero, profundizada tras la desregulación impulsada por el Gobierno Nacional. “El precio que recibe el productor ha caído significativamente, de $370 en diciembre pasado a rondar los $200 actualmente. Desde la Provincia estamos trabajando en un mecanismo de transparencia de precios para proteger a los 13.000 productores de yerba mate y fomentar acuerdos de precios más justos”, aseguró.

“Salimos del esquema de precio mínimo”, aclara Safrán. No se va a fijar un precio, sino que se establecerán indicadores de referencia que garanticen una rentabilidad al productor y tarefero. “Para que se cumpla ese precio, se usará el mercado electrónico, todas las transacciones deben quedar transparentadas. Y eso obligará a la formalidad. El productor sabrá quien paga mejor precio. Y el secadero o molino que paga el precio de referencia, tendrá estímulos. Podrá acceder a créditos a tasas subsidiadas o subsidios. Las que incumplan, no podrán acceder a esos u otros beneficios estatales.

En paralelo, se fortalecerá la operación con Warrants, a través del banco Nación y otros que se sumen. Los Warrant permiten sacar yerba del mercado o inmovilizarla, entre seis meses o un año, para mitigar la sobreproducción, con la que se estima, cerrará este año.

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