El riesgo no es la Democracia
El Gobierno encontró una explicación para buena parte de sus dificultades económicas: el “riesgo KUKA”. La posibilidad de que el peronismo vuelva a gobernar aparece convertida en una amenaza para los mercados, una fuente de incertidumbre y un obstáculo para la recuperación económica.
La operación tiene una particularidad: mientras el oficialismo reclama previsibilidad, pretende que esa previsibilidad dependa de la continuidad de su propio proyecto político. La alternativa democrática queda presentada como un riesgo y la permanencia del programa económico como garantía de estabilidad.
No es una discusión menor. Cuando el ministro de Economía atribuye el aumento del riesgo país al temor por un eventual regreso del kirchnerismo, no está haciendo solamente una lectura financiera. Está trasladando al terreno económico una disputa política y construyendo un argumento que busca condicionar las expectativas sobre el próximo proceso electoral.
Pero hay una pregunta que el Gobierno no puede responder apelando al fantasma del pasado: ¿por qué, después de tantos sacrificios, los mercados siguen desconfiando de la economía que promete estabilizar?
El miedo como explicación
Luis Caputo sostuvo que parte del riesgo país responde al temor a que Javier Milei no continúe en el poder. Incluso llegó a afirmar que el mercado incorpora alrededor de 300 puntos por el denominado “riesgo KUKA”. La afirmación merece ser examinada por lo que supone: una parte de la incertidumbre financiera quedaría asociada no a las condiciones concretas del programa económico, sino a la posibilidad de que los argentinos elijan otra orientación política.
Sin embargo, el riesgo país superó los 1.000 puntos el 20 de noviembre y alcanzó las 1.070 unidades. En apenas dos jornadas había acumulado una suba del 25,6%. Los bonos cayeron, las acciones argentinas retrocedieron y volvieron a aparecer dudas sobre la capacidad de afrontar los vencimientos de deuda de 2027.
El contexto internacional importa. También importan las tasas de interés, los movimientos de capitales y las decisiones de los inversores. Pero hay cuestiones propias del programa que no pueden quedar fuera del análisis: la acumulación de reservas, la disponibilidad de dólares, la capacidad de refinanciar la deuda y la consistencia de las promesas oficiales.
El problema no es que los mercados expresen sus expectativas. El problema aparece cuando esas expectativas se presentan como un límite para la democracia y cuando cualquier alternativa al oficialismo queda obligada a demostrar que no constituye una amenaza.
Hay, además, una paradoja que merece atención. El Gobierno reclama confianza, pero pretende que esa confianza se traduzca en una garantía de continuidad política. Como si la estabilidad de la Argentina dependiera de que una elección no modifique el signo del gobierno.
La confianza no se decreta
La Argentina necesita previsibilidad. Pero la previsibilidad no puede confundirse con la continuidad indefinida de un gobierno ni depender de que una fuerza política tenga asegurado el resultado electoral.
El 18 de noviembre, ante empresarios reunidos en el encuentro Somos Pymes, Caputo intentó despejar las dudas sobre el escenario cambiario de 2027. “Está en el ADN de muchos argentinos, producto de toda la tormenta que hemos sufrido, el seguir pensando que en algún momento el dólar tiene que ir a $3.000, a $4.000. No es así, porque un plan de estabilización es exitoso”, afirmó. Y pidió: “Cambien el chip, esto es la Argentina, no va a pasar”.
El ministro quiso descartar una devaluación de esa magnitud. Sin embargo, la declaración merece una lectura que excede su sentido literal. En un contexto de incertidumbre financiera, con el riesgo país en ascenso y a las puertas de un año electoral, el propio titular de Economía puso sobre la mesa las cifras de una eventual disparada cambiaria y tuvo que salir a garantizar que no ocurrirá.
La cuestión no es interpretar sus palabras como un anuncio de devaluación que nunca hizo. Es preguntarse por qué la estabilidad económica necesita ser garantizada en función de un escenario electoral que todavía está por delante. Y, sobre todo, por qué el Gobierno insiste en vincular esa estabilidad con la continuidad de su proyecto político.
La deuda vuelve a poner esa discusión en primer plano. Los compromisos de 2027, las necesidades de financiamiento y la dificultad para recuperar el acceso al crédito internacional constituyen problemas concretos que no se resuelven atribuyendo la incertidumbre a la oposición.
La asistencia financiera externa puede aliviar una situación, pero no reemplaza la capacidad de generar divisas ni resuelve por sí misma los problemas estructurales de una economía endeudada. Tampoco alcanza con exhibir superávit fiscal si no están garantizados los recursos necesarios para cumplir las obligaciones en moneda extranjera.
La pregunta, entonces, es inevitable: ¿la Argentina necesita convencer a los mercados de que no cambiará de rumbo o necesita construir un programa económico capaz de darle previsibilidad al país, gobierne quien gobierne?
La diferencia es sustancial. En el primer caso, la estabilidad queda subordinada a la continuidad de un proyecto político. En el segundo, depende de la construcción de reglas, capacidades productivas y condiciones económicas que puedan sostenerse más allá de una elección.
¿Inversiones para qué país?
La discusión sobre el modelo económico tampoco puede separarse de esta cuestión. El Gobierno presenta la llegada de inversiones como una garantía de crecimiento, pero las condiciones en las que esas inversiones se realizan importan tanto como el volumen de capital que ingresa.
La flexibilización del régimen de proveedores del RIGI vuelve a poner sobre la mesa el lugar de la industria nacional en ese esquema. Si las inversiones pueden desarrollarse sin construir vínculos significativos con proveedores locales, generar empleo nacional o fortalecer capacidades productivas, corresponde preguntar qué beneficios concretos dejan en la economía argentina.
No alcanza con que el capital invierta en la Argentina. La pregunta es qué Argentina queda después de esa inversión.
La misma discusión aparece en el terreno monetario. La información sobre el trabajo técnico del Banco Central para estudiar alternativas de dolarización abre interrogantes sobre la capacidad futura del país para administrar sus propios instrumentos económicos. No se trata de presentar un estudio preliminar como una decisión tomada, sino de discutir qué implicaría avanzar en esa dirección y qué herramientas quedarían disponibles frente a una crisis.
Deuda, dependencia financiera, apertura económica y debilitamiento de las capacidades productivas no son asuntos aislados. Forman parte de una discusión sobre el modelo de desarrollo que se pretende construir.
La economía también se mide en la vida cotidiana
Mientras el Gobierno busca sostener la confianza de los mercados, las preocupaciones sociales muestran otra dimensión de la economía.
La Universidad Católica Argentina volvió a poner en discusión las cifras oficiales de pobreza. Sus ejercicios alternativos de medición advierten que los resultados cambian cuando se revisan la captación de ingresos de los hogares y la actualización de las canastas básicas. No se trata de reemplazar una estadística oficial por otra, sino de advertir que detrás de los indicadores hay condiciones materiales que merecen ser examinadas.
A su vez, el relevamiento de noviembre de la Universidad de San Andrés registró que apenas el 26% de los consultados estaba satisfecho con la política económica. El empleo, los salarios y la posibilidad de llegar a fin de mes aparecen entre las principales preocupaciones.
La estabilidad macroeconómica es necesaria, pero no constituye un objetivo suficiente si no se traduce en producción, trabajo, recuperación de los ingresos y mejores condiciones para la sociedad.
Un programa económico no puede reclamar confianza indefinidamente mientras posterga las respuestas sobre cómo se recupera la economía real.
El derecho a elegir otro camino
Hay una cuestión que el discurso del “riesgo KUKA” intenta colocar fuera de discusión: el peronismo tiene derecho a ser una alternativa de gobierno. No por concesión del mercado ni por autorización del oficialismo, sino porque la democracia supone la posibilidad de elegir entre proyectos distintos.
La proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, expresada en una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, agrega una dimensión todavía más grave a este escenario. No se trata solamente de la exclusión de una dirigente central de la oposición: también se impide que pueda competir electoralmente y que la ciudadanía tenga la posibilidad de elegirla como representante. Cuando una figura política queda fuera de la competencia electoral, la discusión sobre la calidad de nuestra democracia deja de ser abstracta.
Pero la defensa del derecho democrático a elegir otro camino no puede limitarse a rechazar el programa vigente. Tiene que discutir qué hacer con la deuda, cómo recuperar la producción, cómo fortalecer el mercado interno, qué lugar ocupará la industria, cómo generar empleo y de qué manera volver a distribuir los frutos del crecimiento.
El desarrollo no es una variable secundaria que deba esperar a que los mercados estén satisfechos. Es una condición para construir una economía con mayor capacidad de sostenerse, generar divisas y mejorar la vida de su población.
Que el peronismo pueda volver a gobernar no debería presentarse como una amenaza. Debería abrir una discusión sobre qué país queremos construir.
Porque la Argentina no necesita renunciar a su capacidad de decidir para ofrecer previsibilidad. Necesita recuperar esa capacidad y ponerla al servicio de un proyecto de desarrollo.
El riesgo no es la democracia. El riesgo es confundir la estabilidad de un gobierno con la estabilidad de un país.
