Marcha Federal Universitaria en Misiones: Posadas, Oberá y Eldorado reclamaron fondos para las universidades
La quinta Marcha Federal Universitaria movilizó a estudiantes, docentes, no docentes y organizaciones sociales en distintas ciudades de Misiones. El reclamo se centró en el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en el impacto de las restricciones presupuestarias sobre la cursada, los servicios estudiantiles y la economía local.
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La defensa de la universidad pública volvió a ocupar las calles de Misiones. En el marco de la quinta Marcha Federal Universitaria, estudiantes, docentes, no docentes, graduados, jubilados, sindicatos y organizaciones sociales se movilizaron en Posadas, Oberá y Eldorado para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y advertir sobre las consecuencias de las restricciones presupuestarias para el funcionamiento de las instituciones de educación superior.
Las manifestaciones expresaron una preocupación que excede la discusión sobre las partidas destinadas a las universidades: el sostenimiento de las condiciones de enseñanza, la continuidad de los servicios que acompañan la vida estudiantil y la posibilidad de que nuevas generaciones accedan a una formación superior gratuita. En las distintas convocatorias, los participantes vincularon el financiamiento con la igualdad de oportunidades, la actividad económica de las ciudades universitarias y la capacidad de las instituciones para cumplir sus funciones académicas y sociales.
Posadas: el financiamiento y las condiciones de cursada
En la capital provincial, la columna partió desde la zona de El Mástil, sobre la calle Ayacucho, y avanzó hasta la plaza 9 de Julio, donde se realizó el acto central. La convocatoria reunió a integrantes de la comunidad académica y a sectores sociales que cuestionaron el ajuste presupuestario y reclamaron la plena aplicación de la normativa de financiamiento universitario.
Uno de los aspectos más concretos del reclamo apareció en los testimonios de los estudiantes, que describieron cómo las dificultades presupuestarias repercuten en la vida cotidiana. Una alumna de la Escuela de Enfermería señaló que la institución permanece sin comedor desde el año pasado. La situación, explicó, fue uno de los motivos que impulsaron la participación en la marcha.
El testimonio puso en primer plano una dimensión del debate que no se limita a los salarios o a las cuentas de las universidades: las condiciones materiales necesarias para sostener la cursada. La disponibilidad de servicios de asistencia estudiantil puede incidir en la permanencia de quienes necesitan compatibilizar sus estudios con recursos económicos limitados.
La preocupación por el acceso también estuvo presente en las voces de estudiantes de carreras vinculadas con la formación científica. Un alumno de la Licenciatura en Análisis Químico y Bromatológico sostuvo que la movilización busca preservar la posibilidad de que las próximas generaciones puedan estudiar sin pagar aranceles. Su planteo resumió una de las principales dimensiones sociales del reclamo: evitar que las restricciones de recursos se traduzcan en mayores obstáculos para ingresar, permanecer y graduarse.
Desde Candelaria, una estudiante del Profesorado en Historia destacó, además, el significado personal de la educación superior para quienes integran las primeras generaciones universitarias de sus familias. En su caso, la movilización estuvo asociada tanto a la defensa del financiamiento como a la necesidad de garantizar los recursos que permiten el funcionamiento adecuado de las instituciones.
La convocatoria reunió también a representantes gremiales, entre ellos ADUNAM y UDA, junto con agrupaciones sociales, jubilados y familias. Los participantes reclamaron que el financiamiento se traduzca en condiciones efectivas para el desarrollo de las actividades académicas y la continuidad de los servicios universitarios.

Oberá: la universidad como motor de la economía local
En Oberá, la decana de la Facultad de Artes y Diseño, Ivonne Aquino, destacó la participación de docentes, no docentes, estudiantes, graduados, jubilados, productores agropecuarios y vecinos. La movilización volvió a plantear la exigencia de que los recursos previstos para las universidades lleguen a las instituciones, en un contexto que los organizadores describieron como de incumplimiento de la ley de financiamiento.
Aquino sostuvo que la protesta también buscó hacer visible el papel de la universidad en la vida de la ciudad. Según explicó, el funcionamiento de las facultades no beneficia exclusivamente a quienes estudian o trabajan en ellas: genera actividad en otros sectores, entre ellos los alquileres, los comercios y las librerías.
Esta dimensión amplía el alcance económico de la discusión presupuestaria. En localidades donde la actividad universitaria forma parte de la dinámica cotidiana, los recursos destinados a la educación superior también inciden sobre la demanda de bienes y servicios, el movimiento comercial y las oportunidades de trabajo vinculadas directa o indirectamente con las instituciones.
La decana manifestó su expectativa de que el reclamo obtenga una respuesta y que los fondos lleguen a las facultades. También defendió la movilización como una forma de comunicar a la sociedad la importancia de los derechos vinculados con la educación. En ese sentido, planteó que la universidad puede extender su tarea pedagógica más allá de las aulas cuando participa de debates públicos sobre cuestiones institucionales y sociales.
Aquino expresó, además, su solidaridad con las personas con discapacidad y sus familias, y señaló que desde la Facultad hicieron llegar su adhesión a ese reclamo. Su intervención vinculó la defensa de la educación pública con otras demandas de inclusión que atraviesan a distintos sectores de la sociedad.

Eldorado: el reclamo por la continuidad del sistema universitario
En Eldorado, la movilización comenzó en la plazoleta El Colono, en el kilómetro 6, y culminó en la plaza Sarmiento, donde se desarrolló el acto central. Según la información difundida sobre la convocatoria, participaron alrededor de 350 personas, entre estudiantes, docentes, no docentes, organizaciones sociales y representantes sindicales.
Durante la jornada hablaron el decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones, Mariano Di Stassi, y la directora de la Escuela Agrotécnica de Eldorado, Noelia Rivaldi. Di Stassi repasó la historia de la UNaM y destacó el impacto que tuvo la institución en el desarrollo de Misiones. También sostuvo que el financiamiento de la educación pública y gratuita constituye una responsabilidad del Estado.
El documento consensuado por los organizadores cuestionó la situación financiera de las casas de estudio y advirtió sobre el nivel de recursos contemplado en el proyecto de Presupuesto nacional. Los manifestantes consideraron que la asignación prevista representa una amenaza para el sostenimiento del sistema universitario y reclamaron la aplicación de la ley vigente.
El planteo en Eldorado volvió a poner en discusión el vínculo entre presupuesto y capacidad institucional. El financiamiento no determina únicamente el volumen de recursos disponibles, sino también las posibilidades de sostener actividades académicas, servicios, infraestructura y proyectos que requieren continuidad.

Una discusión que combina presupuesto, inclusión y desarrollo
Las marchas realizadas en las tres ciudades expusieron distintas dimensiones de un mismo conflicto. En Posadas, los testimonios estudiantiles hicieron hincapié en las dificultades concretas para cursar y en la necesidad de preservar el acceso gratuito. En Oberá, el reclamo incorporó el impacto de la universidad sobre la economía urbana. En Eldorado, las intervenciones destacaron el papel histórico de la UNaM y la responsabilidad estatal en el sostenimiento de la educación superior.
La discusión sobre el financiamiento universitario tiene, por lo tanto, consecuencias que exceden a las instituciones. Las condiciones de cursada, la disponibilidad de servicios de apoyo, los ingresos de docentes y no docentes y la continuidad de las actividades académicas forman parte de una estructura que también repercute sobre las familias y las economías locales.
Frente a ese escenario, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aparece como el eje común de las demandas. Para las comunidades movilizadas, la respuesta requiere que los recursos lleguen efectivamente a las instituciones y permitan sostener sus funciones. La evolución del conflicto dependerá de las decisiones presupuestarias y de la implementación de las medidas reclamadas.
La quinta Marcha Federal Universitaria dejó así un mensaje compartido en Misiones: la defensa de la universidad pública no se limita a una discusión sectorial, sino que involucra el acceso a la educación, las oportunidades de movilidad social y el papel de las instituciones universitarias en el desarrollo provincial.






