El presidente Javier Milei firmó este miércoles el veto total a la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, aprobada por ambas cámaras en agosto. La norma preveía la recomposición de partidas presupuestarias para las universidades públicas, actualización salarial docente y no docente, y la creación de fondos específicos para infraestructura, becas y carreras estratégicas. El decreto con el rechazo fue publicado en el Boletín Oficial y remitido al Congreso, que deberá definir si lo ratifica o lo rechaza.

El proyecto había sido reclamado por el sistema universitario en su conjunto y votado con mayoría parlamentaria. Establecía un esquema de financiamiento progresivo, equivalente al 1% del PBI en 2026, con una meta de 1,5% hacia 2031.

En los fundamentos del veto, el Ejecutivo argumentó que la normativa generaba un “incremento desproporcionado del gasto público sin recursos suficientes para solventarlo”, lo que derivaría en un desequilibrio fiscal y en riesgos macroeconómicos.

Según el texto oficial, un aumento del gasto sin respaldo real obligaría a financiarse con emisión monetaria, trasladando “un costo al conjunto de la sociedad en tanto la emisión presiona sobre los precios y erosiona el poder adquisitivo de los salarios”.

La Casa Rosada defendió la medida como parte del compromiso de “lograr el equilibrio fiscal y mantenerlo a largo plazo”, advirtiendo que el ámbito adecuado para discutir asignaciones es el proyecto de Presupuesto 2026, que Milei presentará por cadena nacional el próximo lunes.

El Congreso y los sindicatos universitarios preparan la respuesta

El veto presidencial abre un nuevo frente de disputa con el Parlamento. El Congreso tiene ahora la potestad de insistir con la sanción original –lo que requeriría mayoría especial– o convalidar la decisión del Ejecutivo.

El antecedente inmediato no favorece al Gobierno: semanas atrás, ambas cámaras rechazaron el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, en una derrota política que expuso las dificultades del oficialismo para sostener apoyo legislativo.

En paralelo, los sindicatos universitarios anunciaron un paro nacional y cortes de calle en facultades, además de una movilización frente al Congreso cuando se trate el tema. “El veto demuestra la falta de compromiso del Gobierno con la educación pública y la comunidad académica”, señalaron dirigentes gremiales, que ya habían realizado medidas de fuerza los días 1 y 2 de septiembre.

El veto a la ley universitaria se suma a la decisión oficial de rechazar también la Ley de Emergencia Pediátrica (Hospital Garrahan) y la de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), impulsada por los gobernadores. Este paquete de vetos refuerza la estrategia del Ejecutivo de sostener el ajuste fiscal incluso frente a consensos parlamentarios amplios.

Para el Gobierno, la señal es clara: ninguna iniciativa que implique un aumento del gasto sin financiamiento sustentable tendrá luz verde. Para el Congreso y los sindicatos, en cambio, se trata de una ofensiva contra la educación pública y las provincias.

En este escenario, la discusión por el Presupuesto 2026 aparece como el próximo capítulo de una pulseada política que definirá la magnitud del ajuste, el alcance de la autonomía universitaria y el margen de gobernabilidad de Milei tras las elecciones legislativas de octubre.