El Gobierno nacional puso en marcha una nueva etapa en su estrategia para reducir la morosidad crediticia, con mecanismos destinados a facilitar el cobro de cuotas atrasadas por parte de bancos y fintech. La primera herramienta, denominada Cobros por Transferencia, entra en vigencia este lunes 31 de agosto y permitirá debitar una cuota pendiente desde una cuenta bancaria o billetera virtual, siempre que el usuario haya otorgado autorización expresa.

La decisión se produce en un escenario en el que la irregularidad del crédito familiar continúa en niveles elevados, aunque los últimos datos oficiales disponibles mostraron una primera señal de estabilización. Según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la morosidad de los préstamos personales y los saldos de tarjetas de crédito se ubicó en 12,8% en junio, apenas 0,1 puntos porcentuales por debajo de mayo. Para el conjunto del sistema financiero, la irregularidad del crédito quedó en 7,6%.

El dato adquiere otra dimensión cuando se observa la cantidad de personas involucradas. Un relevamiento elaborado con información del BCRA y de la Central de Deudores estimó en 5,91 millones las personas en situación irregular, sobre un universo de 20,96 millones de deudores.

Cómo funcionará el nuevo mecanismo

La nueva modalidad busca reducir el riesgo de incumplimiento mediante un débito directo de la cuota pendiente. El mecanismo requiere que el tomador del préstamo autorice expresamente a la entidad financiera a realizar la operación y contempla la posibilidad de revocar ese consentimiento de manera inmediata.

El diseño incorpora además límites para evitar que el mecanismo de cobranza derive en un nuevo factor de sobreendeudamiento. Las cuotas deberán ser fijas e iguales y no podrán superar el 30% de los ingresos del deudor. Cuando el crédito haya sido depositado en una cuenta de otra entidad, el prestamista podrá solicitar el débito desde esa cuenta de destino ante una demora.

La normativa también establece que el acreedor deberá informar al cliente con al menos un día de anticipación. Solo podrá realizar un intento inicial de cobro y hasta dos reintentos, previstos a las 48 y 96 horas, respectivamente.

El esquema, sin embargo, no genera consenso dentro de la industria financiera. Bancos y proveedores de crédito cuestionaron aspectos de su diseño, especialmente porque la posibilidad de cobro queda vinculada a la cuenta en la que fueron depositados los fondos. Ese condicionamiento podría limitar su utilización si el préstamo se acredita en una cuenta de una entidad competidora.

El segundo mecanismo apunta directamente al salario

El Gobierno también avanza con la ampliación del denominado código de descuento, una herramienta que permite descontar directamente del recibo de sueldo las cuotas correspondientes a determinados préstamos.

La modificación fue reglamentada en el marco del artículo 36 de la reforma laboral, aunque su implementación efectiva todavía depende de las normas complementarias que debe establecer el BCRA.

La diferencia respecto del mecanismo de Cobros por Transferencia es relevante: mientras uno busca facilitar el débito desde cuentas bancarias o billeteras, el código de descuento introduce al salario como fuente directa de repago.

En ambos casos aparece una misma lógica regulatoria: reducir el riesgo de incumplimiento y mejorar la cobrabilidad del sistema crediticio. El punto de tensión está en cómo equilibrar ese objetivo con la capacidad real de pago de los hogares.

El problema que excede a bancos y fintech

La discusión dejó de ser exclusivamente financiera. La morosidad se convirtió en un problema que atraviesa el presupuesto cotidiano de millones de familias y abrió una disputa política sobre cuál debe ser el papel del Estado frente al endeudamiento.

La Iglesia ingresó en ese debate. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, pidió evitar una mirada superficial sobre la situación y cuestionó la idea de que se trate simplemente de un problema entre particulares.

“Lo que no se puede es tener una mirada superficial, ni menos decir: ‘No nos interesa o que se arreglen’”, sostuvo Colombo. El planteo apunta especialmente a los hogares que recurren al crédito para cubrir necesidades básicas y terminan acumulando compromisos que absorben una parte creciente de sus ingresos.

La preocupación también se extiende al crédito otorgado a través de billeteras virtuales. Según los datos citados en el relevamiento del CEPA, la morosidad en ese segmento alcanzó el 30,1%, por encima del pico registrado durante la pandemia de Covid-19.

La diferencia entre ambos mercados muestra uno de los principales desafíos del escenario actual: el crecimiento de las alternativas de financiamiento amplió el acceso al crédito, pero también multiplicó los canales por los que una persona puede acumular obligaciones.

El Congreso prepara una discusión sobre los hogares endeudados

El debate tendrá además una instancia parlamentaria. La oposición impulsó una sesión para el 9 de septiembre, en la que se analizarán iniciativas destinadas a atender la problemática de la morosidad.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no descartó que el oficialismo participe de la discusión y eventualmente impulse proyectos alternativos, aunque marcó como condición que cualquier solución preserve el equilibrio fiscal.

La posición oficial sostiene que la irregularidad crediticia comenzó a descender y que el Estado no debería asumir el costo fiscal de las deudas privadas. La oposición, en cambio, busca que el Congreso intervenga frente al impacto que el endeudamiento tiene sobre los ingresos familiares.

El dato objetivo es que la morosidad dejó de crecer en junio, pero continúa en niveles elevados. La discusión política se desplaza así hacia una pregunta más estructural: cómo recuperar el acceso al crédito sin convertirlo en una vía de deterioro permanente del ingreso disponible de los hogares.

La respuesta no pasa únicamente por facilitar la cobranza. También requiere que las nuevas herramientas incorporen límites de endeudamiento, información clara sobre el costo financiero y mecanismos que permitan detectar tempranamente situaciones de sobreendeudamiento. En ese punto se juega el alcance social de la regulación: mejorar la cobrabilidad del sistema sin trasladar todo el riesgo financiero a familias que ya tienen comprometida una parte significativa de sus ingresos.