El proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional 2026, enviado por el presidente Javier Milei, obtuvo este martes dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, habilitando su tratamiento en el recinto. El avance del oficialismo estuvo marcado por la incorporación de la derogación de las leyes de emergencia en Discapacidad y de financiamiento universitario, una decisión que reavivó tensiones políticas e institucionales y motivó disidencias parciales, incluso entre aliados.

La reunión fue presidida por Alberto “Bertie” Benegas Lynch, y culminó con un despacho que reunió 28 firmas, seis de ellas en disidencia, provenientes de La Libertad Avanza (LLA), PRO, UCR, MID, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Independencia (Tucumán) y Producción y Trabajo. En contraposición, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría con 18 firmas, mientras que el interbloque Unidos impulsó un tercer despacho con tres rúbricas.

El artículo 75 y la derogación de leyes sensibles

El punto más controvertido del dictamen de mayoría quedó plasmado en el artículo 75, que dispone la derogación de las leyes 27.793 y 27.795, correspondientes a la emergencia en Discapacidad y al financiamiento universitario, normas que habían sido impulsadas por la oposición y sancionadas tras vetos presidenciales.

Si bien el Poder Ejecutivo había mantenido estas leyes sin aplicación efectiva, su derogación explícita en el texto presupuestario introdujo un fuerte componente político al debate. Desde el oficialismo se sostuvo que la medida busca ordenar el esquema normativo y fiscal, mientras que sectores opositores y aliados críticos advirtieron sobre el impacto institucional y social de eliminar marcos de emergencia vinculados a derechos básicos.

En este contexto, se destacó la disidencia parcial del bloque misionero, integrada por Alberto Arrúa, Oscar Herrera Ahuad, Daniel Vancsik y Yamila Ruiz, quienes acompañaron el objetivo general del Presupuesto pero rechazaron expresamente el artículo 75. En su fundamentación, señalaron que “derogar las leyes 27.793 y 27.795 es un error” y reclamaron mantener la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“Desde nuestro espacio político siempre defendemos y resguardamos a nuestros discapacitados y a la educación pública”, afirmaron, al tiempo que solicitaron la eliminación del artículo 75 del dictamen de mayoría.

Proyecciones macroeconómicas y diferencias con el FMI

El Presupuesto 2026 presentado por el Poder Ejecutivo proyecta un escenario de fuerte recuperación macroeconómica. Según el texto, la economía crecería 5% del PBI, con una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 por dólar en diciembre de 2026. En el frente externo, se prevé un incremento del 10,6% en las exportaciones y del 11% en las importaciones.

En materia fiscal, el Gobierno estima un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,2% del PBI, una vez computados los intereses de la deuda. Estas proyecciones, sin embargo, difieren de las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, que para 2026 anticipa un crecimiento del 4% y una inflación anual del 16,4% para la Argentina.

La brecha entre ambas miradas vuelve a poner en el centro del debate la consistencia de las proyecciones oficiales y su impacto sobre la credibilidad del programa económico, especialmente en un año clave para la consolidación fiscal y la relación con los organismos internacionales.

Energía, combustibles y tensiones federales

El dictamen de mayoría también incorpora medidas relevantes en materia energética. Entre ellas, un artículo que exime del pago de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono a las importaciones de gasoil y diesel oil, así como a su comercialización en el mercado interno durante 2026. El objetivo declarado es compensar picos de demanda no cubiertos por la producción local, especialmente para garantizar el abastecimiento del sistema de generación eléctrica.

Además, el texto prorroga hasta 2045 la exención de tributos para la energía renovable, reforzando un esquema de incentivos de largo plazo para el sector, y mantiene la derogación de las metas de financiamiento mínimo para educación, ciencia y defensa.

Otro cambio significativo aparece en el artículo referido a la compensación a las distribuidoras, donde se reemplaza la obligación del Estado de “determinar” diferencias de ingresos por la posibilidad de que “podrá determinar” dichas diferencias, una redacción que flexibiliza la responsabilidad estatal.

En paralelo, una de las disidencias del PRO incorporó un reclamo específico por la deuda de la Nación con la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, exige el pago de $274.000 millones y la inclusión en el Presupuesto 2026 de una cláusula que garantice la transferencia semanal del 1,55% de la masa coparticipable, conforme a un fallo favorable de la Corte Suprema.

Un debate abierto en el recinto

Con el dictamen de mayoría firmado, el proyecto quedó habilitado para su tratamiento en el recinto, donde se anticipa un debate intenso. La derogación de las emergencias en Discapacidad y Universidad, las proyecciones macroeconómicas, el esquema energético y las tensiones federales configuran un escenario de alta sensibilidad política.

El Presupuesto 2026 se presenta así como algo más que una ley de gastos y recursos: se convierte en una pieza central del programa económico e institucional del Gobierno, con impactos directos sobre derechos sociales, la estructura productiva y la relación entre Nación y provincias.