“¿Querés una escuelita en Paraje Volcán? ¿Si no es el Estado quién te la va a hacer?” La pregunta retórica del gobernador Hugo Passalacqua se desmarca de la retirada del Gobierno nacional de las responsabilidades mínimas del Estado y al mismo tiempo, es una declaración de principios, una posición política que define la identidad de la propia Renovación.
La pregunta se puede replicar en caminos, viviendas, un puesto de salud o el acceso a las nuevas tecnologías. Misiones anunció que contratará los servicios de Starlink, la empresa de Elon Musk, para llevar internet a los parajes más remotos.
“Primero en Misiones: internet satelital en las escuelas, comisarías, parques provinciales y centros de salud más remotos de la provincia, con tecnología Starlink“, anunció el conductor político de la Renovación, Carlos Rovira. Según trascendió, desde hace varias semanas se iniciaron las negociaciones con el magnate Elon Musk, quien incluso se mostró interesado en conocer la experiencia del Silicon Misiones, donde se incuban proyectos tecnológicos y cientos de jóvenes misioneros desarrollan sus ideas.
La frase del Gobernador fue dicha el último jueves en una reunión con mujeres concejales de toda la provincia, expectantes por conocer el estado de situación y las líneas a seguir en un contexto político inédito, en el que el ajuste obliga a repensar cada acción.
La posición “misionerista” no implica renegar de las cuentas saneadas y la eficiencia en la gestión, sino, por el contrario, son eslabones esenciales.
De hecho, ese decálogo formó parte del mensaje que dejó Rovira para los dirigentes de la Renovación, especialmente los más jóvenes en una cumbre realizada hace diez días. Rovira puntualizó que Misiones no debe quedarse en el reclamo, sino pasar a la acción con sus propias iniciativas. “Ir a la Corte para reclamar por los recortes de la Nación, no alcanza, no sirve”, precisó. “La política se arregla con política”, remarcó en una señal en medio de las negociaciones por la ley Bases, que pretende el Presidente como paso previo a un Pacto de Mayo, que por ahora está más en veremos que cerca de ser una realidad.
Rovira sostuvo que en tiempos de ajuste, “el Estado tiene que ser eficiente, gastar menos y brindar más”.
“No sirve quedarse en la queja y el lamento porque nos cortaron fondos, hay que generar ideas económicas”, pidió a los dirigentes renovadores.
En esa línea, tomó distancia de la oposición, ya que, advirtió, quienes se quejan de Milei, no hicieron ninguna autocrítica sobre las condiciones sociales y económicas que allanaron el camino para el ascenso libertario.
Como contraste, Rovira puso como ejemplo a Misiones. “El Gobierno nacional y todos buscan equilibrio fiscal, pero Misiones lo tiene desde hace 20 años, pagó la deuda heredada y no se endeudó. Hoy luce delante de las otras que están en crisis”, comparó.
El desendeudamiento y los números en equilibrio, le permiten a Misiones ser una de las pocas provincias en sostener políticas públicas y una gestión autónoma para cubrir la retirada de la Nación desde que asumió Javier Milei. Pero a diferencia del plan de ajuste libertario, el proceso iniciado hace dos décadas en Misiones no implicó un desentendimiento de las obligaciones esenciales, sino su expansión. Hay más escuelas, mejor salud y rutas que llegan a todos los rincones de la provincia. “En diez años se hicieron 700 escuelas en Misiones. ¿Cuántas se hicieron en la Argentina? Setecientas”, comparó Passalacqua ante el auditorio de políticas misioneras.
Ahora, con recursos propios se absorbió el impacto del recorte salarial a los docentes provocado por la eliminación del Fonid y se mantiene un plan de obras públicas que busca sostener una actividad de la que dependen miles de trabajadores, mientras se gestiona la continuidad de 242 obras que tienen financiamiento nacional y que están a medio camino de su conclusión.
Mientras tanto, Misiones inyecta recursos a la producción y se sienta con los empresarios para pensar en planes de salvataje ante la drástica caída del consumo, que afecta a los supermercados y a otros rubros de menor visibilidad, pero de fuerte relevancia económica. Las empresas automotrices enfrentan el peor primer trimestre en una década. Ni en la pandemia se vendieron tan pocos cero kilómetros.
Misiones puede todavía sostener planes de contingencia porque mantiene las cuentas en orden, pese a que el ajuste nacional crece a niveles asfixiantes. Según detalla Alejandro Pegoraro en su columna habitual en Economis, Misiones viene sufriendo una merma de recursos del orden de los $63.966 millones, el equivalente al 6% de los recursos totales de la provincia para este año según la ley de presupuesto.
De ese total acumulado de pérdida, $51.492 millones corresponden a transferencias automáticas y $12.473 millones dejó de percibir la provincia por envíos no automáticos.
La variación interanual real es de -23,0% total, compuesto por un -19,4% en los envíos automáticos y -97,3% en los no automáticos. Así, la pérdida total misionera, en el plano nacional, se ubica a mitad de tabla entre las provincias del país.
Este recorte de fondos no se vio ni en 2020 con medio mes parado por la pandemia (los envíos totales nacionales del 2024 están -16,3% por debajo de ese año); ni en 2019 en pleno proceso recesivo (-23,1% contra ese año).
Sin embargo, el ajuste no logra consolidar una tendencia que permita pensar en una reactivación en el corto plazo. Es sólo ajuste. Puro y duro. Sin plan de desarrollo y a esperar que el mercado defina. Los datos de la inflación de marzo no fueron los esperados por el Gobierno de Javier Milei y muestran la desmesura del impacto sobre la sociedad: un acumulado de 51,6 por ciento desde diciembre. Esas subas tienen como correlato una caída del 13,8% interanual del consumo en supermercados.
Los datos de Jumbo Bot no eran tan confiables como el ministro de Economía y el propio Presidente pensaban.
Luis Caputo apostaba por una inflación de un dígito, pero el resultado fue bastante superior, en línea con lo que marcaban las consultoras privadas. Las proyecciones del ministro tenían bases poco confiables. Las cifras del Jumbo BOT, que citó en varias entrevistas, resultaron ser un burdo experimento social que nunca tomó precios reales esa cadena de supermercados.
Caputo no aprendió la lección y siguió citando datos del Coto BOT, cuya metodología era recoger solo 60 precios de un total de 3000 para concluir un IPC general. El BOT no sólo no pertenecía a Coto, sino que la empresa, en las últimas horas, le envió una carta documento a la cuenta para que deje de identificar su marca con esos datos. La realidad la marcó el Indec, con el 11 por ciento de subas en marzo.
En el NEA, el rubro que más aumentó fue Educación con 30,6% (traccionado por el inicio del proceso lectivo); y el podio lo completan Transporte con 24,9% (explicado principalmente por la suba del transporte público que fue de 158,5% mensual) y Vivienda, agua, electricidad y otros con 14,5% (donde pesó la suba de alquileres y tarifas de servicios).
En contraste, los salarios tuvieron la peor caída histórica en tres meses, con una evolución peor de la crisis de 2001. En aquella crisis, los salarios cayeron 8% entre enero y marzo. Ahora, en apenas tres meses, los salarios se desplomaron 19,6% el valor del salario promedio.
Es el salario más bajo en 20 años y la misma caída en tres meses que en los cuatro años de gobierno de Macri.
Mileo apuesta a un crecimiento en V, que permita una recuperación igual de rápida. Pero no hay indicios que permitan confiar ciegamente en esas proyecciones. Por el contrario, las señales que da el Gobierno apuntan a erosionar aún más el poder adquisitivo. La apertura sin condicionamientos no provocó una competencia de precios bajos, sino una cartelización, como comprobó el propio Gobierno con las prepagas. Amargamente, lo sufre la clase media, pero el propio Milei reconoce -muy a su estilo-, que no hay competencia, sino precios que suben de forma coordinada.
“El aumento de las prepagas tiene nombre y apellido: Claudio Belocopitt. Este garca maneja el monopolio de las prepagas, básicamente caza en un zoológico y hace lo que quiere. Es el dueño de Swiss Medical y presidente de las empresas de medicina prepaga. Así que tengas la prepaga que tengas, todas dependen de CLAUDIO BELOCOPITT. Este sorete juega con la salud de la gente”, describí un tuiter de la cuenta “Termo”, que el Presidente reposteó. Los cinco principales actores de las prepagas subieron el valor de sus cuotas entre 142 y 163 por ciento desde enero hasta abril, comunicó la Superintendencia de Servicios de Salud, encargada de llevar adelante una investigación a pedido del Gobierno, y agregó que “son aumentos muy cercanos entre sí y, a la vez, muy lejanos a la inflación”.
Pero a pesar de las evidencias, no hay correcciones que permitan arribar a otros resultados. El Presidente acaba de liberar el mercado de las telecomunicaciones, con apenas un exhorto: “Los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”.
Los aumentos desmedidos provocados por el “libre mercado” no son el único baño de realidad. El Gobierno tiene serios problemas para controlar a la tropa y lograr encauzar el diálogo político que permita avanzar en cuestiones esenciales. El bloque libertario se fracturó en el Congreso y la oposición dialoguista no encuentra interlocutores válidos siquiera para consensuar puntos de la ley Ómnibus con la que insiste el Presidente.
El paquete se redujo y ahora contiene dos o tres puntos básicos, como una reforma laboral y facultades para privatizar empresas. Pero si avanza, será más por voluntad opositora que por méritos del oficialismo.
En ese limbo también se encuentra el DNU inicial que desreguló la economía. Ya rechazado por el Senado, la Cámara de Diputados está al borde de conseguir los votos para su definitiva caída. La Justicia además fue desarmando varios capítulos de la norma, como el dedicado a la desregulación del mercado yerbatero. La Cámara Federal de Posadas ratificó un fallo en primera instancia de la jueza Adriana Fiori que suspendió el DNU por poner en riesgo la salud de los productores, al quitarle las facultades de recaudación que tenía el Instituto Nacional de la Yerba Mate, organismo que había firmado un acuerdo con el Instituto de Previsión Social de Misiones, para dar obra social a los chacreros.
La producción celebró el fallo de la Cámara, que en la práctica, repuso las facultades del INYM, pero la realidad es que no hay atisbo de que pueda ejercerlas. La fijación de precios encuentra un escollo firme: no hay representante del Ejecutivo que convoque a sesiones. Además, renunció el presidente designado, Jonás Peterson, en medio de acusaciones al resto del directorio por no ir a fondo para recuperar el INYM. En ese contexto, nadie se anima a dar un paso en falso. La Provincia tomó distancia de esa discusión jurídica y de representación, ya que incluso entre los productores, muchos votaron por Milei a pesar de los vaticinios de la desregulación. Por eso se decidió apostar por otra ecuación en la búsqueda de mejores precios para la materia prima: que el kilo de hoja verde no cueste menos que un tercio o un quinto del paquete de un kilo en un supermercado. Así, si un paquete cuesta cuatro mil pesos en la góndola, el productor deberá recibir como mínimo 800 pesos por kilo de hoja verde. De esta manera se garantiza que la rentabilidad se distribuya entre todos los eslabones y no se obstaculiza el precio hacia arriba, alineándose a la política nacional de libre mercado.
