El Gobierno nacional dispuso una nueva operación de recompra de Letras Intransferibles en dólares estadounidenses que están en poder del Banco Central de la República Argentina (BCRA), por un valor efectivo de USD 781,47 millones, en una maniobra orientada a avanzar en la cancelación de estos instrumentos y reducir su peso dentro de los registros de deuda pública.

La medida fue formalizada mediante la Resolución Conjunta 47/2026 de las Secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada este martes en el Boletín Oficial. La operación se encuadra en el mecanismo habilitado por el Decreto 453/2025, que autorizó a ambas dependencias del Ministerio de Economía a continuar con la cancelación de las Letras Intransferibles que permanecen en cartera del BCRA.

El esquema establece que las Letras deben ser tomadas siguiendo el orden cronológico de sus vencimientos, comenzando por las de vencimiento más cercano. En este caso, la operación comprende dos instrumentos: una Letra del Tesoro Nacional Intransferible en dólares con vencimiento el 30 de junio de 2031 y otra con vencimiento el 20 de abril de 2032.

Para la Letra que vence en 2031, el Gobierno fijó un valor nominal original de USD 76,25 millones y un precio de USD 64,363467 por cada USD 100 de valor nominal. El segundo instrumento, con vencimiento en 2032, posee un valor nominal original de USD 1.226,34 millones y será adquirido a un precio de USD 59,721453 por cada USD 100 de valor nominal.

La diferencia entre el valor nominal de los títulos y el monto efectivo desembolsado constituye uno de los aspectos centrales de la operación. En conjunto, el Gobierno utilizará USD 781,47 millones de valor efectivo para cancelar instrumentos cuyo valor nominal original supera los USD 1.300 millones. Los valores efectivos serán redondeados al entero más cercano y la operación quedó liquidada el lunes 10 de agosto.

El punto relevante para las cuentas públicas es que los títulos recibidos por el Tesoro serán dados de baja de los registros de la deuda pública. De esta manera, la operación no se limita a modificar la composición de los activos y pasivos entre el Tesoro y el BCRA, sino que implica una reducción efectiva del stock de deuda registrado por el Estado nacional.

Las Letras Intransferibles constituyen un instrumento utilizado históricamente para documentar el financiamiento del Tesoro al Banco Central y permanecen en la cartera del organismo monetario. La estrategia adoptada por la actual administración busca avanzar en su cancelación mediante operaciones de administración de pasivos, utilizando los mecanismos habilitados por la normativa presupuestaria y financiera.

El artículo 55 de la Ley 11.672 faculta a las Secretarías de Hacienda y Finanzas a realizar operaciones de administración de pasivos, incluyendo compras, ventas y canjes de instrumentos financieros. El Decreto 453/2025 amplió específicamente el marco para continuar con la cancelación de las Letras Intransferibles en poder del BCRA, utilizando recursos provenientes de organismos internacionales de crédito u otras fuentes que determinen ambas secretarías.

La operación también muestra una particularidad financiera relevante: el Gobierno no está recomprando estos títulos a su valor nominal, sino utilizando precios determinados sobre la base de los valores considerados para la transacción. Esto permite cancelar un volumen nominal superior al desembolso efectivo realizado, aunque el efecto final debe analizarse dentro del conjunto de activos, pasivos y relaciones financieras entre el Tesoro y el Banco Central.

Desde la perspectiva de las cuentas públicas, la medida apunta a simplificar la estructura de deuda y continuar con el proceso de saneamiento de los instrumentos que vinculan al Tesoro con el BCRA. Para el mercado, el dato más concreto es la baja de deuda pública por los títulos adquiridos, en un contexto en el que la administración económica busca utilizar operaciones de manejo de pasivos para modificar la composición y el perfil de las obligaciones del Estado.

La resolución lleva las firmas del secretario de Finanzas, Federico Matías Furiase, y del secretario de Hacienda, Carlos Jorge Guberman, y entró en vigencia el mismo día de su dictado.