Números rojos
El último dato de inflación de 2017 fue un trago amargo para un Gobierno que intenta pasar el calor del verano alejado de las preocupaciones. El 3,1 por ciento que admitió el Indec fue la inflación más alta del año, con un posible efecto rebote en los primeros meses de 2018 por tarifazos y el inestable valor del dólar. También marcó una suba de precios del 25 por ciento, idéntica al último año de Cristina en el poder y ocho puntos por encima de la meta del 17 por ciento, que condicionó toda la política económica del año.
En 2016 la inflación fue del 41 por ciento, la más elevada en 25 años y en 2017 Argentina se mantuvo en el ranking más negativo de la economía latinoamericana como el segundo país, detrás de la vilipendiada Venezuela, con más inflación. En tren de comparaciones, la inflación de diciembre fue más alta que la de Brasil en todo el año.
Cumplir la recalibrada meta de 2018 del 15 por ciento de inflación anual dependerá fundamentalmente de la posibilidad de enfriar los aumentos salariales, pero los principales economistas –de diversas corrientes-, anticipan ya una inflación no menor al 20 por ciento.
Según el Indec, en la inflación de 2017, el NEA fue la región con menos subas. Media verdad. El Indec tiene canastas regionales que no son representativas del consumo de cada provincia, sino de la región. La Canasta Básica de Posadas esta en 17.800 aproximadamente y nada tiene que ver con la regional de Indec. A diferencia de otras provincias, en la canasta misionera pesa mucho el rubro alimentos, mientras que en la ponderación de Buenos Aires o CABA, son otros rubros. La inflación, hasta noviembre, en Posadas marcaba 22,2%, el mismo porcentaje total de la región en los últimos doce meses.
“La inflación es la demostración de la incapacidad de gestión porque significa que uno no puede administrarse con los recursos que tiene”. La frase, lapidaria, no es de un opositor. La dijo el entonces candidato, Mauricio Macri el 31 de enero de 2014.
En el juego de las comparaciones el Gobierno retrocede varios casilleros por errores propios. La inflación es uno de los problemas centrales, pero no el único. Con fundamentos idénticos a los que utilizó Domingo Cavallo para inaugurar la era de la desregulación económica durante el menemismo, Macri puso su firma a un megadecreto de Necesidad y Urgencia para la “desburocratización” del Estado que apunta a desregular algunos sectores de la economía, achicar áreas y nuevamente, poner a valor mercado a la plata de los jubilados en manos de la Anses, entre otras decenas de normativas. Hoy el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses tiene unos 75.000 millones de pesos, entre préstamos a jubilados, beneficiarios de la AUH y pensiones no contributivas. Aunque el propio Gobierno admite que los beneficiarios de la AUH ya no tienen margen para seguir endeudándose, sostienen que todavía se puede insistir con los préstamos a jubilados y pensionados. Por las dudas, gracias al mismo decreto, los bancos podrán embargar las cuentas sueldo –ya no la retención de hasta el 20% de lo que superara el Salario Mínimo Vital y Móvil,- para cobrar préstamos. El decreto, que a simple vista no puede justificar urgencia en la necesidad, promete ser el centro de la disputa política en un enero que hasta ahora se presentaba tranquilo.
La mayoría de las provincias dedicaron las primeras dos semanas del año para adecuar sus sistemas fiscales a la letra del Pacto Fiscal impuesto por la Nación.
Pese a lo que podría esperarse, los aliados de Cambiemos fueron los que marcaron el camino de las subas. María Eugenia Vidal -que este año recibirá $65.000 millones más gracias al Pacto Fiscal- amagó con rebajas a Ingresos Brutos (solo cumplió con Industria y Transporte) y Sellos, pero el Inmobiliario tendrá subas de entre 40 y 75 por ciento y hasta 216 por ciento, según entidades rurales.
El intendente porteño Horacio Rodríguez Larreta encaró una baja selectiva; el sector más beneficiado es la industria, para los servicios queda igual y para el comercio el aumento fue de 3% a 5%.
El jujeño Gerardo Morales se comprometió realizar un fuerte ajuste y para mejorar la recaudación puso en marcha un plan de regularización de deudas tributarias y de declaración de mejoras y, en materia tributaria, también eliminó Ingresos Brutos de extraña jurisdicción a la vez que encarará un revalúo para el Inmobiliario.
Alfredo Cornejo, en Mendoza, avanzó en su plan de “reducción plurianual de alícuotas de Ingresos Brutos, incorporando 117 nuevas actividades a las 106 de 2017”; se incorporaron actividades agroindustriales, metalmecánicas, industriales, de construcción, software, turismo, servicios personales y profesionales. También aumentó Sellos, elevando los mínimos alcanzados.
Aunque el pacto fiscal no establece un tope unificado en Ingresos Brutos para el comercio -fija la alícuota del 5% para el período 2019-2022- el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey optó por aumentarla del 3,6% al 5% y en la construcción pasó de 1,5% a 3%.
Según la percepción de los empresarios en una encuesta de KPMG, el problema que más preocupa a las empresas es la carga impositiva de las provincias siendo provincia de Buenos Aires, Capital Federal y Córdoba, en ese orden, las más gravosas para la determinación de los precios de bienes y servicios.
La incidencia de los impuestos en la Argentina frustró proyectos de inversión, según ese sondeo, pero sólo 60% consideró que la reforma impositiva dará un espaldarazo a esas inversiones, y apenas 25% cree que este año tendrá menor presión fiscal.
En general, todas las provincias retocaron hacia arriba para tratar de recuperar lo que transfieren al sector privado mediante las bajas. Misiones, después de las correcciones necesarias, dejó la política tributaria exactamente igual a como estaba en 2017, con algunas leves bajas si se está al día con los impuestos.
Hubo intenciones politizadas de cuestionar la reforma pero enseguida fueron frenadas desde la Nación, ya que cercanos a la Presidencia aclararon que no se inmiscuyen en cuestiones de jurisdicción provincial.
La transferencia al sector privado en Misiones rondará los 3.500 millones de pesos, lo que representa un fuerte compromiso para con la economía misionera y especialmente, la creación de empleo.
Después de expresar su descontento por algunas subas que se colaron en la primera versión de la reforma misionera, las cámaras empresarias destacaron la decisión del Gobierno de no subir tributos. Ahora se analiza un posible acuerdo de la Provincia con los sectores más beneficiados para establecer una serie de pautas que garanticen que la transferencia de recursos no se pierda sin dejar resultados a toda la sociedad.
El Estado provincial dejará de recaudar cerca de 2000 millones de pesos este año con la rebaja de impuestos. 1.500 millones en la versión más optimista, con un crecimiento económico nacional promedio del 3,5 por ciento. Al término de cinco años, la pérdida acumulada sería como mínimo de 7.500 millones de pesos, el equivalente a un presupuesto anual actual de Salud Pública. Más que lo que se destina a Desarrollo Social y a Seguridad y apenas por debajo de lo destinado al desarrollo de la Economía en 2018.
Finalmente, la reforma fiscal versión misionera se traducirá en eliminación total de Ingresos Brutos a las exportaciones, reducción a la industria (excepto celulósicas) de 3,5% a 2%, el transporte se reduce de 3,5% a 3%. La construcción se reduce de 4,5% a 3% y las Comunicaciones, de 8,45% a 5%.
El Gobernador decidió establecer bonificaciones por estar al día y hasta un tope de facturación anual de acuerdo a cada sector económico. Con los descuentos, el comercio minorista tributará 3,9 por ciento (menos que la alícuota del 4,5 que regía hasta diciembre) y el mayorista se quedará en torno al 3,5.
Las bonificaciones van desde el 20 al 30 por ciento y los topes desde 20 millones de pesos para servicios agrícolas e industriales, a 50 millones de facturación anual para comercios mayorista y minorista.
“Es un avance, aunque limitaron mucho respecto a la facturación. Pero es un gesto que esperábamos del Gobierno”, confió un dirigente empresario que hizo de negociador de la letra definitiva.
Párrafo aparte es la otra gran discusión latente: el costo energético. El último tarifazo nacional se está haciendo sentir en usuarios y empresas, que afrontan facturas que en algunos casos, son cien por ciento más elevadas que las que pagaron en diciembre. En Emsa, recién acomodándose el nuevo presidente, Guillermo Aicheler, todavía no hay precisiones sobre los alcances de los aumentos. Solo se limitan a recomendar bajar el consumo, ya que el nuevo cuadro tarifario, castiga la mayor demanda. Cuanto más se gaste, más caro se paga. Este lunes habrá una reunión entre Aicheler y la Confederación Económica de Misiones para analizar alternativas y entender las nuevas facturaciones antes de que vuelva a haber una nueva suba por la quita de subsidios que sostiene la Nación.
El Pacto Fiscal obligó a que las provincias realizaran una serie de modificaciones que derivaron en un nuevo mapa tributario nacional. Casi todas subieron alícuotas para compensar las reducciones obligadas por el consenso fiscal.
El desprendimiento del Estado que cede recursos, pero al que se le seguirá exigiendo servicios de calidad, debe tener una doble respuesta. El sector privado, con el compromiso de reinvertir sus mayores utilidades y la Nación, girar las compensaciones prometidas y de paso, retomar la discusión por una nueva ley de coparticipación, que compense inequidades históricas y la cesión de puntos del gobierno radical de Ricardo Barrios Arrechea y en los 90, por Ramón Puerta.
Misiones picó en punta en reinstalar ese debate, junto a La Rioja, Chubut y Buenos Aires que vienen promoviendo una revisión del sistema de reparto de los fondos nacionales.
“Después del acuerdo fiscal firmado con los gobernadores estamos dispuestos a discutir una nueva ley de coparticipación. Los gobernadores de Chubut, La Rioja y Misiones plantean su problemática, que es distinta a la provincia de Buenos Aires”, señaló hace unas horas el viceministro del Interior de la Nación, Sebastián García de Luca.
Misiones perdió 1.7 puntos de coparticipación por sucesivos pactos encarados por partidos que hoy son parte de la alianza nacional, como el radicalismo o Ramón Puerta, actual embajador de Macri en España.
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