Para evitar mayores aumentos, el Gobierno volvió a eximir a colegios privados de aportes patronales

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El Gobierno prorrogó hasta fin de año la eximición que gozan los colegios privados del pago de contribuciones patronales, apuntando a evitar un “incremento importante” en las cuotas que abonan las familias, a través del decreto 134/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial.

Desde 2001 y en sucesivas oportunidades se viene eximiendo por decreto a los colegios privados de los aportes patronales.

En diciembre de 2019, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública estableció entre otras cuestiones nuevas alícuotas a las contribuciones patronales, eximiendo del pago de las mismas a los empleadores titulares de establecimientos educativos de gestión privada hasta fin de 2020, y facultó al Poder Ejecutivo a prorrogar la eximición, lo que hizo la anterior administración por decreto en 2021, 2022 y 2023.

La última prórroga había vencido el 31 de diciembre del año pasado.

De no haber extendido la misma, se hubiera producido un “incremento desmesurado en las contribuciones patronales”, que sería “incluso mayor” fuera de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, indican los considerandos.

La suba “agravaría el crítico contexto en el que las instituciones se encuentran inmersas, repercutiendo en la economía de muchas de las familias que asisten a ellas”.

En ese sentido, el Gobierno subrayó, en los mismos términos que el decreto de prórroga de 2023, que “el incremento de las contribuciones patronales generará un aumento importante en las partidas presupuestarias de las provincias, ya que el aporte estatal no solo contribuye para el pago de los sueldos de los docentes curriculares sino también al pago de las contribuciones patronales de aquellos salarios”.

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Por otra parte, señaló que “en los casos en los cuales el instituto educativo no reciba aporte estatal, o lo reciba parcialmente, el significativo aumento de las contribuciones patronales originará incrementos importantes en el valor de los aranceles que abonan las familias por los servicios educativos y afectará su economía”.

“Es prioridad del Gobierno promover una educación cada vez más inclusiva y generadora de oportunidades para todo el territorio argentino”, concluyó el decreto.

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