Del otro lado del teléfono, la voz sonaba sorprendida. Los datos mostraban a Misiones con un crecimiento de ventas a contramano del resto del país, donde todavía no hay recuperación en medio de la pandemia que profundizó la recesión que sofoca al país desde fines de 2018. En septiembre el patentamiento de cero kilómetros en Misiones creció 27 por ciento interanual, pero también en relación con agosto. ¿A qué obedece este fenómeno después de una caída del 47 por ciento durante 2019? “Un poco de fronteras cerradas, pero también el buen momento de actividades como la yerba mate o la madera”, explica la empresaria al teléfono. Se vendieron muchas unidades de alta gama y destinadas al transporte. Aunque también, por primera vez en el año, hubo un crecimiento real en la venta de planes de ahorro. Las restricciones a la compra de dólares pueden incluso estimular esa modalidad: la cuota de un auto medio está en promedio por debajo de los cien dólares más impuestos. 

El dato se conoció horas después de una extensa reunión de las concesionarias con el Gobierno provincial, en el que se acordó una serie de medidas para que las empresas recuperen rentabilidad. Se acordó el incremento de 1 a 3 millones del tope para beneficiarse de la bonificación por venta de vehículos y se amplió el Ahora Patentamiento para vehículos usados que se vendan y radiquen en Misiones. 

Pero después de la sorpresa inicial, los datos: no es el primer indicador que muestra a Misiones haciendo punta en la recuperación. El consumo de cemento está en niveles altísimos y tuvo a la tierra roja como la única con saldo positivo en los últimos cuatro meses, lo que implica una recuperación bastante por encima de los niveles pre pandemia.

Esos indicadores económicos se traducen en los indicadores económicos. Aunque la pandemia disparó el porcentaje de desocupación, la pobreza cayó en comparación con 2020 y muestra a la capital misionera con la menor tasa de la región.

Como contraste al aumento promedio  nacional al 49,9 por ciento (cinco puntos por encima de la herencia en alza dejada por Mauricio Macri, la capital misionera logró contener la pobreza. En el primer semestre de 2019 el 28,6 por ciento de los hogares estaba en esa situación, con el 39,8 por ciento de la población. Un año después la pobreza bajó a  27,1 por ciento de los hogares y  38,1 por ciento de la población. En el primer trimestre de este año, de acuerdo a los datos del Instituto Provincial de Estadística y Censos, la pobreza en hogares era de 32,1 por ciento.

La capital misionera está entre las diez provincias con menor cantidad de hogares pobres y es una de las cinco donde bajó la pobreza. En el Gobierno aseguran que la baja se produce por una doble condición: inflación a la baja y fronteras cerradas en la segunda mitad del semestre. Eso hizo que el mayor circulante de dinero interno, mitigara los efectos de la parálisis de algunos sectores de la economía.

Misiones tiene la tasa de pobreza más baja del NEA y por debajo de la media nacional con una caída de 2 puntos porcentuales. Además, la indigencia fue del 5,1%, también la menor del NEA, cayendo tres puntos. De este modo, en el último año, 4.465 personas lograron dejar de ser pobres en el principal aglomerado misionero. 

Los datos que más preocupan son los de la desocupación, ya que el segundo trimestre cerró con 8,2 por ciento en Posadas, contra 2,4% del primer trimestre, lo que elevó de cuatro a trece mil el número de desocupados. La pérdida de ocupación afectó especialmente a cuentapropistas y trabajadores informales, ya que el empleo registrado se mantuvo estable en los últimos meses. 

¿Se puede hablar de reactivación? Alejandro Pegoraro desgrana en su columna en Economis algunos indicadores clave. En el Gobierno sostienen que la combinación de cierre de fronteras con una buena administración de la economía que apenas se detuvo en la pandemia, ha generado un flujo de divisas interno que permitió una rápida recuperación por encima de cualquier otro distrito. En esa línea, el gobernador Oscar Herrera Ahuad fue uno de los más cautos en materia sanitaria, pero al mismo tiempo, uno de los que mayor velocidad le imprimió a la reactivación económica, con protocolos particulares para cada uno. No hubo apuro en los permisos sociales, pero sí inmediatez en lo económico. Esa focalización es también una herramienta que puede usarse ahora para, eventualmente, retroceder si es necesario dado el crecimiento de los casos de coronavirus. Septiembre fue el mes negro, con una duplicación de los casos en comparación con agosto y en los últimos días se dieron los picos de reportes, aunque todavía muy lejos del epicentro de la pandemia, en el gran Buenos Aires y otras provincias mucho más complicadas. Los números sanitarios de Misiones están entre los mejores del país, con un sistema público que en más de seis meses, todavía no fue exigido al máximo. 

Prácticamente no hay sector de la economía que no haya recibido una asistencia del Estado provincial y desde el inicio de la pandemia se ha trabajado para atender las demandas particulares de cada sector. 

El turismo es, por obvias razones, el más complejo de resolver, pese al permiso de la circulación interna. El Gobierno decidió jugar fuerte ahí con una rebaja de Ingresos Brutos exclusiva para Puerto Iguazú, de cinco a 2,5 por ciento, potenciar el Ahora Turismo, extendiendo el programa a todos los fines de semana de noviembre y diciembre y un plan de compra anticipada, con fondos de la Provincia, que después será revendido, pero que significará una inyección inmediata a los hoteles. Buena parte de los beneficios se destinó exclusivamente a Iguazú, como ciudad que vive del turismo. 

Sin embargo, el sector no parece haber quedado conforme. Se llegó a hablar de “insolvencia” si no se abre las puertas al turismo nacional e internacional. Pero eso depende de las cuestiones sanitarias y no únicamente de decisiones políticas. 

Lo cierto es que además de la rebaja de Ingresos Brutos por dos años, la condonación de los intereses y la refinanciación de las facturas acumuladas por la energía eléctrica, el Estado ha aportado mucho en la ciudad de las Cataratas. Según números oficiales de la Nación, 50 empresas recibirán ahora 90,8 millones de pesos no reembolsables para sostener a poco más de mil trabajadores. Desde el inicio de la cuarentena fueron más los recursos que llegaron directamente a las empresas. 

Entre marzo y septiembre, recibieron 95 millones por Asistencia al Trabajo y la Producción, 80 millones por el Ingreso Familiar de Emergencia, 10 millones por un plan de Aptur y otros cinco millones por IFE turístico. Entre octubre y marzo del año que viene llegarán otros 100 millones por ATP, 80 de IFE y otros 60 del IFE turístico. En total, 510 millones de pesos no reembolsables. Hay empresas que recibieron más de diez millones para cubrir sus gastos. 

A eso se debe sumar la quita del 95 por ciento de las cargas patronales, la condonación de deudas y créditos a tasas subsidiadas. Llamativamente, algunos empresarios insisten por más y casi que miraron con desdén lo propuesto por el Gobierno, aunque otros reconocen que el diálogo que tienen en Misiones no se registra en otras provincias. 

¿Es mucho? ¿Es poco? Siempre depende de la lupa. Pero las medidas para el turismo prácticamente dividieron a la provincia en dos: solo Iguazú recibe una baja de Ingresos Brutos -la actividad turística- y quitas en las facturas de energía -las empresas-. En El Soberbio, nadie protestó por lo conseguido. 

De todos modos, el martes seguirán las negociaciones con el sector turístico de Iguazú en una reunión en la que harán de locales. Se espera la presencia del ministro de Turismo, José María Arrúa, del de Hacienda, Adolfo Safrán, Gobierno, Marcelo Pérez y de Salud, Oscar Alarcón, además de entidades empresariales. 

El Estado debe atender las demandas de todos y en la pandemia, son tantas como finitos los recursos. El turismo, aunque cuente con mucha inversión privada, está atado a la suerte de un recurso natural, que es de todos y cuya custodia es, otra vez, una mochila estatal. 

El sector forestal también desdeña el rol del Estado en este momento. No por poco, sino por mucho. La industria está que trina en contra de la fijación del precio de la materia prima para la pasta celulosa y los aserraderos, definida el viernes -por primera vez en la historia- en torno a los 20 dólares la tonelada. 

“Es una ley que va a generar consecuencias negativas para la forestoindustria”, señaló el presidente de la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná, Román Queiroz, alineado a la postura de la compañía Arauco, principal exportadora de pasta celulosa de la provincia. 

El sector industrial plantea que el Instituto Forestal Provincial no está facultado para fijar precios mínimos, sino para “acordar” entre los distintos actores de la cadena foresto industrial el precio de los productos forestales y que la fijación de precios mínimos con una pretendida penalidad por incumplimiento resulta una amenaza contra la sana competencia, toda vez que puede forzar un incremento de precios en el mercado “aguas abajo”, que perjudique a los consumidores y al interés económico general. En efecto, la ley habla de acordar entre los distintos sectores de la cadena forestoindustrial el precio de los productos forestales. Pero advierte que ese precio resulta de un estudio de costos de producción elaborado por el órgano asesor, según condiciones y estándares de calidad, que los sectores deben respetar. “El incumplimiento del mismo hace pasible al infractor de multas que fija la reglamentación”, aclara la ley.

Horas antes del primer acuerdo de precios, los empresarios pidieron tiempo para analizar el impacto de costos y algunos dijeron desconocer la ley de creación del Instituto Forestal y sus alcances. Pero la ley se aprobó el 29 de septiembre de 2016 y ya en el debate legislativo se planteaba un precio promedio de 20 dólares por tonelada de raleo. 

En medio, el gobierno de Mauricio Macri armó una mesa forestal con los principales jugadores y eliminó retenciones a las exportaciones de pasta celulosa. Se redujeron los impuestos provinciales a las exportaciones, entre otros beneficios. Se prometían inversiones y multiplicar exportaciones. Ni una ni otra se cumplieron. 

El productor forestal no recibió más por la madera, insumo esencial. Los valores actuales promedian entre nueve y once dólares la tonelada de materia prima. La pasta celulosa se vende a 600 dólares. Ahora recibirán 600 pesos más por tonelada. Es muy discutible afirmar que las empresas hacen más o menos inversiones dependiendo de la mayor o menor injerencia del Estado. Durante los últimos cuatro años sin pandemia, cerraron 24.537 empresas en el país, bajo un Gobierno que despreciaba el rol del Estado, pero que dejó inflación y endeudamiento récords. La lluvia de inversiones nunca se concretó.

About The Author