Endeudamiento familiar: tres proyectos disputan el enfoque para abordar la morosidad
El proyecto de LLA, el PRO y la UCR hace eje en la prevención y no resuelve la situación actual de las personas morosas. La oposición busca intervenir en tasas de interés y propone planes de refinanciación.
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El debate sobre el endeudamiento familiar llega este martes a una instancia clave en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo y distintos bloques de la oposición buscarán avanzar con dictámenes que plantean respuestas diferentes frente a la morosidad de los hogares. La principal diferencia pasa por el horizonte de intervención: mientras la propuesta de La Libertad Avanza, con respaldo del PRO y la UCR, pone el acento en la prevención y la educación financiera, los proyectos opositores incorporan mecanismos de refinanciación, límites a tasas y otras herramientas para atender deudas ya existentes.
El proyecto que impulsa el oficialismo, articulado por la diputada de La Libertad Avanza Silvana Giudici y el presidente de la Comisión de Finanzas, Santiago Pauli, apunta a establecer mecanismos de advertencia y fortalecer la educación financiera. En paralelo, una iniciativa de la UCR propone incorporar contenidos de educación financiera en la currícula del nivel secundario, con herramientas vinculadas con el manejo del dinero, el ahorro, el crédito y la administración responsable de las deudas.
El eje de esta alternativa está puesto en reducir el riesgo de que nuevos usuarios ingresen en situaciones de sobreendeudamiento mediante mayor información y herramientas para evaluar productos financieros. Según el enfoque planteado por sus impulsores, se trata de intervenir sobre las condiciones que pueden favorecer futuras situaciones de mora, más que establecer un esquema de reestructuración general de las obligaciones que ya se encuentran impagas.
Los proyectos de distintos sectores opositores avanzan, en cambio, sobre el problema de las personas que actualmente enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones. Las iniciativas trabajadas por Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica plantean una emergencia de 180 días, prorrogable por otro período, junto con límites a las tasas de interés, gastos y comisiones y mecanismos de refinanciación de hasta 36 meses. El esquema también contempla la eliminación de los intereses punitorios, preservando el capital y los intereses compensatorios, según el texto difundido sobre la propuesta.
Otro punto de la propuesta opositora está relacionado con las diferencias de tasas que pueden aplicar las billeteras digitales según el perfil crediticio de cada usuario. El proyecto prevé otorgar herramientas a Defensa del Consumidor para solicitar información sobre los algoritmos utilizados para determinar esas condiciones, con el objetivo de transparentar los criterios empleados en la evaluación.
El tercer enfoque en discusión corresponde a Argentina Federal y tiene como referencia el proyecto presentado por el diputado misionero y jefe del bloque, Oscar Herrera Ahuad. La iniciativa, registrada como expediente 4533-D-2026, propone crear el “Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal” y ya fue girada a las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia. Entre sus firmantes también figuran los diputados misioneros Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik.
El programa de Argentina Federal plantea un mecanismo para unificar deudas en una sola operación y ofrecer cuotas a tasa fija de hasta el 35%. La propuesta establece además que los ingresos fijos de los beneficiarios no podrán superar el equivalente a diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Otro de sus componentes fija un límite para las tasas nominales anuales que pueden aplicar las emisoras de tarjetas de crédito y las entidades financieras no bancarias a personas humanas.
Ese límite se vincula con la tasa nominal anual de los plazos fijos a 30 días: el proyecto de Herrera Ahuad propone que la TNA aplicada a esos créditos no pueda superar 1,5 veces la tasa correspondiente a esos depósitos. La lógica es establecer una referencia objetiva para el costo del financiamiento destinado a personas humanas, en lugar de dejar exclusivamente la determinación de las condiciones a la evaluación individual del riesgo crediticio.
El debate parlamentario llega después de varias semanas de presión de distintos bloques para incorporar el endeudamiento familiar a la agenda de Diputados. En septiembre, la oposición había impulsado una sesión especial y un cronograma de trabajo para tratar iniciativas vinculadas con la morosidad. En ese proceso confluyeron proyectos con enfoques diferentes sobre refinanciación, tasas, educación financiera y protección de los usuarios.
La discusión, por lo tanto, no se limita a definir una herramienta financiera. También plantea qué momento del problema debe atender la política pública: la prevención de nuevos casos de sobreendeudamiento, el alivio de quienes ya ingresaron en mora o una combinación de ambos enfoques. Los dictámenes que se firmen en Diputados permitirán ordenar esas alternativas y determinar qué instrumentos quedan incorporados al debate parlamentario sobre el endeudamiento de los hogares.
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