La Unión Industrial Argentina (UIA) volvió a poner en el centro de la agenda la presión fiscal y financiera que atraviesan las pequeñas y medianas empresas. En una reunión con autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la entidad solicitó suspender durante 180 días los embargos y ejecuciones fiscales sobre pymes, como medida transitoria frente al deterioro del capital de trabajo y la caída de la actividad.

El planteo se produjo en un contexto en el que las empresas industriales enfrentan una combinación particularmente compleja: menor nivel de actividad, restricciones de acceso al crédito, tasas financieras elevadas y obligaciones tributarias que continúan generando presión sobre la liquidez. Para la UIA, el objetivo de una eventual suspensión no sería eliminar las obligaciones fiscales, sino evitar que una dificultad de corto plazo termine convirtiéndose en un cierre definitivo.

El reclamo adquiere mayor relevancia por el impacto que la política de cobro puede tener sobre las cadenas de pagos. Según explicó la entidad, ARCA no necesariamente interviene de manera directa sobre las cuentas bancarias de las compañías deudoras, sino que puede actuar sobre los clientes que mantienen operaciones comerciales con ellas. En esos casos, el organismo puede exigir que determinados pagos destinados a una empresa con deudas tributarias no sean depositados en su cuenta bancaria.

Para las industrias, ese mecanismo puede profundizar los problemas de capital de trabajo en compañías que ya enfrentan dificultades para sostener su operatoria corriente. La preocupación del sector es que una restricción sobre los ingresos termine afectando la capacidad de pagar salarios, proveedores, servicios e insumos y, por efecto de cadena, traslade el problema financiero hacia otras empresas.

El mapa industrial muestra una pérdida de empresas

El reclamo de la UIA se apoya también en la evolución reciente del entramado productivo. Un informe de la consultora I+D señaló que durante los primeros cuatro meses de 2026 cerraron 1.070 empresas, de las cuales cerca de la mitad correspondió a pequeños talleres y el resto, principalmente, a pymes.

El diagnóstico plantea además un escenario más exigente para los próximos meses. La consultora proyecta la pérdida de otras 2.000 empresas industriales durante lo que resta del año, lo que llevaría el saldo negativo de 2026 a unas 3.070 firmas.

El problema no estaría concentrado únicamente en el aumento de los cierres. I+D advierte que la creación de nuevas empresas también se encuentra en niveles históricamente bajos. Esa combinación —más firmas que salen del mercado y menos empresas que ingresan— reduce la capacidad de renovación del tejido productivo y limita la generación futura de empleo.

En ese escenario, la discusión tributaria adquiere una dimensión que excede la recaudación. Para las pymes industriales, el punto crítico es cómo administrar los vencimientos y las obligaciones fiscales sin comprometer el capital necesario para continuar produciendo.

La tasa de los planes de pago, otro foco de tensión

Durante el encuentro con ARCA, la UIA también planteó modificaciones al régimen de facilidades de pago recientemente anunciado, que permite regularizar obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de 2026 en hasta 24 cuotas.

El sector empresario valoró la reapertura del régimen y la posibilidad de incluir obligaciones aduaneras, pero cuestionó el costo financiero de los planes, que contempla una tasa del 2,75% mensual. Para la UIA, esa tasa resulta elevada frente a la tendencia descendente de la inflación y dificulta que las pequeñas empresas puedan normalizar sus obligaciones sin deteriorar todavía más su flujo de fondos.

La entidad pidió, en particular, habilitar la migración entre planes y evaluar una reducción de la tasa de financiación para las pymes. El planteo introduce una discusión sobre la adaptación de las condiciones tributarias a un escenario macroeconómico diferente al de períodos de inflación más elevada.

Ganancias, IVA y capital de trabajo

La agenda empresaria incluyó además una serie de propuestas destinadas a aliviar la presión sobre el capital de trabajo. Entre ellas, la UIA solicitó reducir y automatizar los anticipos del Impuesto a las Ganancias para las pymes y simplificar los mecanismos para solicitar su reducción.

También pidió diferir durante 180 días los vencimientos de IVA para actividades estacionales y postergar las contribuciones patronales correspondientes a las economías regionales. En materia de saldos a favor, reclamó acelerar los plazos de devolución de distintos impuestos, debido al impacto que esas demoras tienen sobre la liquidez de las empresas.

Otro de los planteos apuntó a flexibilizar el uso de los reintegros de exportación, una herramienta particularmente relevante para las firmas que necesitan transformar rápidamente créditos fiscales y recursos retenidos en fondos disponibles para sostener la producción.

ARCA señaló que varias de estas propuestas requieren definiciones del Ministerio de Economía. No obstante, el organismo se comprometió a analizar una ampliación del universo de contribuyentes habilitados para compensar créditos y a revisar los montos mínimos sujetos a control en las solicitudes de reducción de anticipos de Ganancias.

La salida que busca la industria: ganar tiempo para sostener empresas

El planteo de la UIA no apunta únicamente a una moratoria. El eje es ganar tiempo. La suspensión temporal de embargos y ejecuciones fiscales permitiría, según la lógica empresaria, evitar que una dificultad de liquidez se transforme en una interrupción de la actividad, mientras que una reducción del costo de los planes de pago facilitaría la regularización de las obligaciones acumuladas.

La diferencia es relevante para las pymes, donde el límite entre una empresa con problemas financieros y una empresa que deja de operar puede estar determinado por el capital de trabajo disponible durante unas pocas semanas.

El desafío para el Gobierno consiste ahora en compatibilizar dos objetivos que pueden entrar en tensión: sostener el cumplimiento tributario y evitar que los mecanismos de recaudación profundicen el cierre de empresas y la pérdida de empleo. Una eventual respuesta de política pública deberá determinar hasta dónde puede flexibilizarse el cobro sin afectar los ingresos fiscales y, al mismo tiempo, cuánto puede costar para la economía productiva no hacerlo.

La UIA y ARCA acordaron continuar el diálogo y volver a reunirse dentro de 45 días. El próximo encuentro tendrá como telón de fondo una discusión que ya dejó de ser exclusivamente tributaria: cómo preservar el entramado pyme mientras la economía transita una etapa de reconfiguración del crédito, los costos y la demanda.