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“Esto es una maratón, no una carrera de cien metros”, definió un conocedor de las fintas necesarias para negociar algo con la Nación. Pero como en toda carrera, lo importante es dar el primer paso. Y ese primer paso sucedió el viernes, cara a cara, de modo virtual, como impone la pandemia. De este lado de la pantalla, el gobernador Oscar Herrera Ahuad, junto al ministro de Hacienda, Adolfo Safrán y el presidente de la Confederación Económica de Misiones, Alejandro Haene. Del otro, el ministro de Producción, Matías Kulfas, junto a su equipo. El team misionero fue desgranando punto a punto el renovado pedido de que Misiones reciba una atención especial por parte de la Nación, para equiparar disparidades históricas, pero también para aprovechar el momento: Argentina necesita dólares y Misiones promete triplicar exportaciones si se aplica un régimen impositivo especial. 

El pormenorizado informe del Gobernador incluyó la necesidad de reparar el desigual sistema de reparto de los recursos federales, que todavía se rige por un modelo 1988, cuando la provincia era otra, la población era mucho menor y la economía tenía poco desarrollo. Hoy Misiones tiene la mayor población del NEA y por lejos una economía más potente y diversificada que las provincias vecinas, aún custodiando un activo invaluable como la biodiversidad.

Según trascendió, se pidió a Kulfas no repetir “parches” del pasado, como el ITC diferenciado para los combustibles que generó asimetrías internas o promesas abstractas como el artículo 10 de la ley Pymes, promocionado por la alianza Cambiemos, pero nunca puesto en práctica, siquiera después del papelón de Mauricio Macri en Iguazú, cuando reconoció no saber de lo que se le estaba preguntando ante la mirada acalorada de sus seguidores misioneros. 

Kulfas escuchó formalmente el planteo para considerar a la tierra colorada como un área aduanera especial, la reducción de las alícuotas del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias al 10% y de las contribuciones de la Seguridad Social al 16,5% para las empresas radicadas en Misiones para compensar la diferencia de precios por la logística y los costos laborales que afectan a la competitividad en relación con las empresas del país central. Herrera Ahuad insistió en la necesidad de que sea para toda la provincia y no únicamente en las ciudades de frontera. Como están hoy cerradas por la pandemia, mostró los números del crecimiento del comercio y el consumo interno, resultado de no poder ir a comprar a los países vecinos, donde, por el tipo de cambio o políticas fiscales más laxas, suele convenir al bolsillo, mucho más en tiempos de alta inflación, como los dos últimos años. 

Como en toda maratón, no es tan importante la salida, sino sostener el ritmo y no mancar en los últimos tramos. En el primer escarceo no hubo definiciones y Misiones seguirá mostrando argumentos para convencer a la Nación de la necesidad de atender la demanda económica que tiene el respaldo cada día más de diversos sectores empresarios y hasta de dirigentes de la oposición, pese a que cuando estuvieron hace no mucho tiempo en el Gobierno nacional, poco hicieron por interesar a Macri y su equipo económico interesados más en la timba financiera que en la producción. 

Misiones tiene a favor que no está pidiendo auxilio financiero, sino condiciones favorables para el desarrollo, mejorar logística e infraestructura. Las empresas misioneras compiten en forma desigual con las que están más cerca de los centros de consumo y deben pagar iguales impuestos y cargas salariales que las del centro del país. El planteo no está tan alejado de lo que propone el propio Kulfas: bajar cargas patronales en algunas zonas del país para incentivar la creación de empleo y el desarrollo geográfico.  

La desigualdad de ingresos y los mayores costos influyeron históricamente en que Misiones -como buena parte del NEA- tenga los salarios atrasados en relación con el centro del país y posterga la creación de empleo incluso en momentos de bonanza como el que vive hoy la madera. “Si fuera por nosotros, necesitaríamos tomar más gente. Pero los altos costos laborales son un problema”, señaló Silvina Oliva, dueña de Forestal Oliva, que tiene hoy una demanda de madera “nunca vista”. 

Como otros empresarios, Oliva considera que si la Nación cumple al menos con parte de las demandas de Misiones, será un antes y un después para la economía local. De hecho, el solo hecho de exponer el plan de desarrollo local, ya interesó a inversores que preparan un desembarco en los próximos meses. “Si prospera el acuerdo se instalaría aca una subsidiaria de Warner, otro sello directo de Spotify y una oficina de management”, contó un empresario posadeño partner de la multinacional. “La idea de la compañía es lanzarse como un sello boutique, vinilos, casettes y cds  parte de la ola technology. “Es lo último en startup de música y entretenimiento”, adelantó el joven que por ahora se mantiene tras bambalinas. 

En paralelo, hay jugadores importantes mirando el desarrollo de proyectos como el Silicon Misiones, que ahora cuenta con el respaldo de Telecom para el uso de sus redes de conectividad y también de formación de empleo. La empresa telefónica ya participa de escuela de emprendedores con la Escuela de Negocios del IAE, que forma parte del concurso Naves financiado por el Banco Macro y ahora apuesta a desarrollar ideas en el Silicon en sociedad con la Provincia. El espíritu emprendedor de Misiones es envidiado y cobró fuerza en tiempos de pandemia, con la economía parada e ingresos que no alcanzan.

Los salarios bajos se traducen en indicadores de pobreza medida por ingresos que son más altos que en otras regiones, aún teniendo un bajo desempleo. Las finanzas del propio Estado están sometidas a un estrés porque debe cubrir demandas al ritmo de la inflación, cuando sus ingresos, en tiempos de recesión o ahora, con la parálisis provocada por la pandemia, vienen muy atrasadas. Ese estrés quedó en evidencia esta semana cuando el Gobierno tuvo que resolver bajo presión la desmesurada pretensión salarial de un grupo de efectivos policiales. 

Negociar con alguien armado es estar siempre en desventaja, pero los negociadores del Gobierno priorizaron sostener la paz social. Un agente, con escasos meses de formación cobrará un salario inicial superior a los 40 mil pesos, con un aumento promedio de 16 mil. Ninguna paritaria privada consiguió tanto y pocos ganan ese monto como salario inicial, mucho menos en pandemia. La paradoja es que la cuarentena terminó siendo el detonante del reclamo: al suprimirse actividades recreativas, boliches o espectáculos deportivos, los agentes se quedaron sin ingresos adicionales. 

Sin embargo, el forzado aumento dado a los uniformados abre un escenario impredecible: los demás gremios irán por acuerdos similares poniendo en riesgo el delicado equilibrio que ha caracterizado a los últimos años de manejo económico en Misiones, lo que permitió afrontar la caída de la actividad con una solvencia que no tuvieron otras provincias. Una escalada salarial en el Estado alteraría el orden de las finanzas y dejaría desguarnecidos otros flancos urgentes, como la salud y la educación pospandemia. Misiones se hizo fuerte en las últimas dos décadas justamente por un manejo austero de las finanzas, que combinó el desendeudamiento con salarios al día como contraste a los 90, cuando la deuda crecía al mismo tiempo que se cobraban impuestos “de emergencias” al salario. 

Ahora será tarea del equipo económico custodiar esa austeridad para no volver atrás con políticas que deberían ser sostenidas por siempre. El no endeudamiento es una de ellas o, en última instancia, el endeudamiento tóxico que implica costear gastos corrientes o déficits temporarios a costa de préstamos. 

La Argentina es ejemplo de ese endeudamiento tóxico. En plena pandemia y por zoom, el ministro de Economía, Martín Guzmán, tuvo que renegociar una de las más pesadas herencias y esta semana se presentaron los resultados: un 93,5 por ciento de adhesión al canje, por lo que se eleva al 99,9% del total de los bonos elegibles por las cláusulas de acción colectivas. Ahora resta negociar con el FMI las condiciones impuestas en el préstamo más grande de la historia que hizo el organismo para financiar la campaña de reelección de Mauricio Macri. Con viento a favor y una tácita admisión de culpabilidad-complicidad, todo parece indicar que Kristalina Gueorguieva no pondrá reparos en lograr un rápido acuerdo que oficie como control de daños internamente.

El gobierno de Macri destinó el 83% del crédito otorgado por el FMI a pagar la deuda externa adquirida en los primeros tres años de su administración.

Los propios economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicaron un informe en el que sostienen que durante el Gobierno de Cambiemos hubo un “optimismo indebido” por parte de los inversores “ansiosos por otorgar préstamos a la Argentina”, cuando los indicadores económicos del país no eran favorecedores.

“El hecho de que un país a veces pueda pedir prestado a una tasa que se desvíe del valor sugerido por sus fundamentos económicos, puede explicarse por agencias de calificación u organizaciones internacionales que adoptan una visión excesivamente optimista, o mediante analistas que compran relatos sobre el futuro, que conducen a una perspectiva irracionalmente exuberante, como lo hacen los inversores ocasionalmente con determinadas acciones”, sentencia el paper interno del FMI que pone en entredicho la habilidad del Messi de las finanzas y el mejor equipo de los últimos 50 años.

Después de arreglar con los acreedores, Guzmán, el pasante de moda, se propone fijar reglas que eviten colapsos futuros de la deuda. “Esto no es un punto de llegada sino uno de partida absolutamente fundamental para el proceso de tranquilizar a la economía argentina. Sin esto no podíamos avanzar hacia una economía con más seguridad económica, más posibilidades de generación de empleo y de agregar valor”, señaló el ministro.

Además, anunció que el 15 de septiembre se enviará al Congreso el Proyecto de Presupuesto 2021, que “va a incluir políticas en pos de ir rompiendo con la dinámica de crisis recurrente de balanza de pagos, e ir generando divisas para sostener el crecimiento en el tiempo”. “También va a mostrar el rumbo en lo fiscal; vamos a tener un Presupuesto que va a hacer el máximo esfuerzo para auspiciar la recuperación y que el Estado tenga el rol que tiene que tener para impulsar la demanda, y que el sector privado tenga mejores condiciones. Generar trabajo va a ser el objetivo número uno de los próximos meses.”, concluyó Guzmán.

Es en el Congreso donde la grieta se exhibe hoy en toda su magnitud. La oposición, representada por la alianza Cambiemos, hace intentos desesperados por recuperar el centro de la escena, aunque para eso deba recurrir a patéticas armas como forzar una sesión presencial en la ciudad con mayor cantidad de contagios de coronavirus del país.  La propia presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se contagió, justo dos semanas después de haber ido a una marcha anticuarentena. 

Es tanto el esfuerzo de Cambiemos que llegó al extremo de bloquear la ley de Emergencia Turística al impugnar la validez de la sesión remota en la que ellos no quisieron participar para votar a capella en el recinto. Sin embargo,la Justicia ya rechazó esa postura: la Cámara Contencioso administrativo federal declaró “inoficioso” un recurso de la lilita Mónica Frade contra las sesiones remotas con el argumento de que “se estaría decidiendo sobre una cuestión privativa de otros poderes del Estado, encaminada a ordenarle como obrar y decidir, o no, en determinada materia correspondiente a su competencia, de acuerdo al principio republicano de división de poderes”.

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