La discusión sobre el futuro del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) ingresó este martes en una nueva etapa. Durante una reunión extraordinaria de su Directorio, funcionarios del Gobierno nacional plantearon una propuesta de ordenamiento normativo que contempla eliminar o modificar resoluciones propias del organismo y trasladar parte de sus facultades de fiscalización al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La iniciativa fue presentada durante la visita a la sede del Instituto en Posadas por funcionarios de las áreas de Desregulación y Agricultura. Participaron el subsecretario de Reformas Estructurales, Eugenio Marí; la directora nacional de Planificación de Reformas Estructurales, Brenda Padilla Tanco; el subsecretario de Economías Regionales y de Pequeños y Medianos Productores, Martín Giaccio, y el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Martín Fernández.

La propuesta todavía no constituye una decisión definitiva. Deberá ser analizada por el Directorio del INYM, que deberá evaluar el alcance de las modificaciones y su factibilidad. Pero el planteo introduce una discusión de fondo: qué capacidad específica conservará el Instituto para ordenar y controlar una economía regional que ya perdió buena parte de sus herramientas regulatorias.

Ricardo Maciel, representante de Misiones en el Directorio del INYM, explicó que los funcionarios nacionales llevaron una propuesta para “abrogar y ajustar” normas vinculadas con los controles propios del Instituto, con la posibilidad de que determinadas funciones sean ejercidas por el Senasa.

Para el representante misionero, el problema no está en modernizar procedimientos, sino en qué ocurre cuando la modernización supone retirar controles específicos de una cadena productiva compleja. “Quitar controles dentro del sistema de la actividad yerbatera genera mucha asimetría”, sostuvo, al advertir que una menor capacidad regulatoria puede ampliar el margen de negociación del actor con mayor poder dentro de la cadena.

El planteo adquiere mayor peso porque el INYM fue creado precisamente como organismo especializado para una actividad con características particulares. Desde la desregulación iniciada a fines de 2023, el Instituto perdió la facultad de intervenir en la determinación de precios y otras herramientas de ordenamiento productivo. La eventual transferencia de nuevas funciones al Senasa abriría otra instancia de reducción de sus competencias.

Del control en la cadena al control en góndola

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es el cambio en la modalidad de fiscalización. Según explicó Maciel, la propuesta nacional apunta a concentrar determinados controles en el producto terminado, es decir, en el paquete de yerba mate que llega a la góndola, en lugar de sostener controles intermedios sobre las distintas etapas de la cadena.

El dirigente puso como ejemplo el control del porcentaje de palo. El límite establecido para la yerba mate elaborada continúa siendo del 35% y, según explicó, durante la reunión no se planteó modificar ese parámetro. La discusión está puesta en cómo se controla su cumplimiento, y no en eliminar ese límite.

Para Maciel, trasladar el control exclusivamente a la góndola puede resultar insuficiente. La actividad yerbatera requiere controles sobre distintas etapas, desde el ingreso de la materia prima hasta su elaboración, para garantizar que las condiciones establecidas por las normas se cumplan antes de que el producto llegue al consumidor.

El comunicado difundido por el INYM presentó la propuesta desde una perspectiva de modernización institucional. Entre los temas abordados figuraron la digitalización de expedientes mediante el sistema de Gestión Documental Electrónica, la posibilidad de un convenio con el Senasa para articular acciones de fiscalización, registro e inspección, y la modernización del esquema de estampillado mediante un sistema digital de identificación y trazabilidad.

También se analizó la elaboración de un compendio que reúna las normas dictadas por el Directorio para depurar, consolidar y simplificar el marco regulatorio vigente. Es decir, hay un componente genuino de modernización administrativa, pero el conflicto aparece cuando la simplificación normativa se cruza con la pregunta sobre quién conserva la capacidad efectiva de controlar la cadena.

El problema que Nación no tomó: el precio de la hoja verde

La reunión tuvo además otro dato político y económico relevante. Mientras los funcionarios nacionales discutían el rediseño institucional, los representantes del sector productivo plantearon la crisis de rentabilidad que atraviesan los productores de hoja verde.

Maciel señaló que tanto él como otros representantes del sector productivo expresaron la preocupación por los valores que recibe el productor. La respuesta oficial, según relató, fue que el precio de la hoja verde no sería abordado porque corresponde a una cuestión del sector privado.

Ahí aparece la principal tensión de la discusión. Para el productor, la modificación de las reglas de fiscalización ocurre sobre una cadena cuyo principal conflicto económico sigue siendo la distribución del ingreso entre sus distintos eslabones. Para la Nación, en cambio, el precio debe resolverse dentro de las relaciones privadas y el foco de la política pública está puesto en reducir regulaciones y burocracia.

Maciel resumió esa diferencia al señalar que “de nada sirve modificar normativa de un organismo sin considerar las situaciones que está pasando el productor”. La frase condensa el dilema que atraviesa actualmente al INYM: si ya no puede intervenir sobre el precio y pierde nuevas funciones de fiscalización, qué instrumento queda para equilibrar una cadena donde el poder de negociación no está distribuido de manera uniforme.

El argumento oficial apunta a evitar superposiciones y concentrar las funciones sanitarias y de inocuidad alimentaria en el Senasa. El argumento de los sectores que defienden la estructura actual es diferente: una economía regional requiere controles específicos y cercanos a su realidad productiva, además de las competencias sanitarias generales del organismo nacional.

Una discusión que excede al INYM

El propio Instituto comunicó que la reunión forma parte de un proceso de modernización que busca avanzar en digitalización, trazabilidad y simplificación. Esos objetivos no son necesariamente incompatibles con la existencia de controles. El punto de conflicto está en determinar si la tecnología permite hacerlos más eficientes o si la desregulación termina directamente eliminándolos.

La diferencia es sustancial. Digitalizar una fiscalización puede reducir costos y mejorar la trazabilidad sin eliminar la capacidad de control. Trasladar o suprimir competencias, en cambio, modifica quién define las reglas, quién las ejecuta y qué capacidad existe para detectar incumplimientos dentro de la cadena.

Maciel sostuvo que el análisis quedará ahora en manos del Directorio y de los distintos sectores que lo integran. La discusión deberá determinar no solamente qué normas pueden simplificarse, sino cuáles resultan necesarias para evitar que la libertad de mercado termine profundizando las asimetrías existentes.

La yerba mate enfrenta así una discusión institucional que se superpone con una crisis económica. El INYM ya dejó de tener la capacidad de fijar precios y fue objeto de sucesivas modificaciones en su estructura y competencias. Si además pierde parte de sus herramientas de fiscalización, el debate dejará de ser únicamente sobre eficiencia administrativa y pasará a definir qué tipo de organismo queda para representar, ordenar y controlar una de las principales economías regionales del NEA.

El Directorio tiene ahora la tarea de evaluar la propuesta nacional. En esa instancia se jugará algo más que el destino de determinadas resoluciones: se discutirá si la modernización del INYM puede convivir con una estructura de controles capaz de evitar que la simplificación regulatoria termine trasladando todavía más poder hacia los eslabones dominantes de la cadena.