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La industria misionera pidió competir en igualdad de condiciones

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La industria misionera celebró el Día de la Industria en Puerto Rico con un planteo que buscó diferenciarse de una discusión binaria entre apertura y proteccionismo. Más de 200 empresarios y representantes de distintos sectores productivos se reunieron para analizar el escenario económico y coincidieron en una demanda central: competir con el mundo, pero con condiciones que permitan sostener la producción y el empleo en la provincia.

El encuentro, denominado “Tendencias que transforman la industria: mercados, innovación y oportunidades de crecimiento”, fue organizado por la Confederación Económica de Misiones (CEM), el Ministerio de Industria de Misiones, la Municipalidad de Puerto Rico y la Cámara de Comercio, Industria, Turismo, Producción y Servicios Libertador General San Martín, en el marco de la Semana de la Industria.

La convocatoria reunió a representantes de actividades diversas, entre ellas minería, producción ladrillera y ceramista, industria forestal, calzado, gráfica, frigoríficos, cluster de la mandioca, reciclaje y transporte. La amplitud sectorial expuso un problema transversal: el costo de producir en Misiones y la capacidad de las empresas para sostenerse en un mercado cada vez más abierto.

El presidente de la CEM, Guillermo Fachinello, planteó la necesidad de que los representantes misioneros en el Congreso defiendan las particularidades de las economías regionales. “Debemos hacer docencia de lo que significa trabajar en Misiones”, sostuvo, al remarcar que las decisiones nacionales tienen efectos diferentes en una provincia con más del 90% de su territorio fronterizo.

El planteo empresarial no apuntó a cerrar la economía. Por el contrario, el reclamo que atravesó el encuentro fue alcanzar una estructura de costos que permita aprovechar la apertura comercial sin dejar a las PyMEs locales en una posición de desventaja frente a productos importados.

Luis Steffen, secretario de la CEM y presidente de la Cámara Libertador General San Martín, fue quien expresó con mayor claridad esa tensión. Al recordar el proceso histórico que convirtió a Puerto Rico en un polo industrial, sostuvo que Misiones no puede limitarse a producir materias primas y debe continuar agregando valor y generando empleo.

Pero el diagnóstico actual es más complejo. “Una PyME cierra cuando no puede pagar la energía, cuando la presión impositiva se vuelve insoportable, cuando los costos laborales la dejan fuera de competencia”, afirmó Steffen. El empresario reclamó pasar de las capacitaciones y el acompañamiento institucional a decisiones que permitan reducir los costos estructurales de las empresas.

La energía apareció como uno de los principales puntos de preocupación. Para las industrias electrointensivas y para buena parte del entramado manufacturero, el costo energético dejó de ser solamente una variable más de la estructura de gastos y comenzó a condicionar directamente la continuidad de determinadas operaciones.

La ecuación se completa con impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales, cargas laborales, logística y burocracia. Según planteó Steffen, la acumulación de esos costos puede neutralizar las ventajas competitivas de empresas que necesitan vender fuera de Misiones o enfrentar la competencia de bienes producidos en otros países.

En ese marco, la apertura de las importaciones fue otro de los ejes del debate. La posición empresaria fue explícita: la industria misionera no reclama evitar la competencia internacional, sino contar con condiciones que permitan enfrentarla. “Queremos un mercado abierto, pero con igualdad de condiciones”, sostuvo Steffen.

El planteo implica una agenda de reformas internas. Entre las demandas mencionadas aparecen la reducción de impuestos, la revisión de las cargas patronales y los costos laborales, la disminución del costo energético y la eliminación de trabas burocráticas. La lógica es que una reducción de costos improductivos puede liberar recursos para inversión, incorporación tecnológica, producción y empleo.

La CEM también puso sobre la mesa una problemática específica de Misiones vinculada con la estructura tributaria provincial. Steffen mencionó la doble y triple imposición de Rentas, el impuesto a los sellos y los regímenes de percepciones aplicados sobre clientes extraprovinciales. Según sostuvo, estos mecanismos generan costos y una carga administrativa que afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

El reclamo, sin embargo, convivió con un reconocimiento al rumbo macroeconómico nacional. De acuerdo con una encuesta de la Confederación Económica de Misiones citada durante el encuentro, el 78% de las PyMEs consultadas considera que las medidas adoptadas por el Gobierno nacional van en la dirección correcta.

Ese dato introduce un matiz relevante en el debate. El sector empresario no cuestiona necesariamente la necesidad de ordenar las cuentas públicas y reducir la inflación. Lo que plantea es que la estabilización macroeconómica debe traducirse en mejores condiciones para producir.

“La estabilidad macroeconómica debe ser el punto de partida, no el punto de llegada”, resumió Steffen. La frase concentra el principal desafío que enfrenta el entramado productivo: que la mejora de las variables generales de la economía alcance a las fábricas, comercios, chacras y pequeñas empresas.

La preocupación aparece también en las expectativas. Según el mismo relevamiento citado por la CEM, el 70% de las PyMEs manifestó que no observa crecimiento de la Argentina en los próximos meses. Más allá de la evolución futura de los indicadores, esa percepción puede condicionar decisiones de inversión, contratación y ampliación de capacidad productiva.

La respuesta que propone el sector privado no es volver al cierre de la economía. Es reducir la brecha de costos que existe entre producir localmente y competir con bienes provenientes de países con estructuras impositivas, energéticas, laborales y logísticas diferentes.

Crédito, infraestructura y articulación público-privada

Desde el Gobierno provincial, el ministro de Industria, Federico Fachinello, puso el énfasis en el rol de las PyMEs dentro de la cadena productiva. Señaló que la industria comienza con el pequeño productor, continúa con los servicios y la logística y termina generando movimiento sobre el conjunto de la economía.

El funcionario destacó además la importancia del diálogo permanente con las cámaras empresariales para diseñar políticas productivas y mencionó como ejemplo el acceso al crédito productivo con tasas bonificadas.

“Ustedes son los que generan el trabajo de calidad y nosotros somos los que debemos generar las condiciones para que eso pase”, sostuvo Fachinello. La definición plantea una división de responsabilidades: las empresas toman las decisiones de producción e inversión, mientras el Estado debe procurar un entorno que reduzca obstáculos y facilite esas decisiones.

El acceso al financiamiento aparece como una herramienta especialmente relevante en un escenario de costos elevados. Para una PyME, disponer de crédito en condiciones razonables puede determinar si una empresa posterga una inversión, reemplaza equipamiento, incorpora tecnología o sostiene capital de trabajo durante una caída temporal de la demanda.

El encuentro también incorporó una mirada sobre innovación y transformación de los mercados. Ximena Díaz Alarcón, especialista en experiencia del cliente, participó de las disertaciones junto con Nicolás Johann, de Frigorífico San Francisco, y Hugo Herrera, de Raiza. El objetivo fue ampliar la discusión más allá de los costos y abordar las nuevas tendencias que atraviesan a las empresas.

Para Puerto Rico, la discusión tiene además una dimensión territorial. La ciudad construyó buena parte de su identidad económica sobre la transformación de la producción primaria y la generación de valor local. Sostener esa matriz requiere que las empresas puedan atravesar el actual proceso de apertura sin perder capacidad productiva.

Carlos Koth, intendente de Puerto Rico, recordó el origen histórico de la celebración del Día de la Industria y el papel de los pioneros que transformaron la actividad económica de la localidad. También advirtió sobre las dificultades que enfrentan las PyMEs industriales ante una economía nacional que, según planteó, todavía no acompaña suficientemente a las economías regionales.

El desafío queda planteado en términos concretos. Misiones necesita mantener abierta su economía, ampliar mercados y generar inversión, pero también necesita evitar que la diferencia de costos termine expulsando empresas del mercado. La solución requiere trabajar sobre aquello que sí puede modificarse: energía, impuestos, financiamiento, logística, burocracia, infraestructura y productividad.

Por eso, el pedido de la industria misionera no se presenta como una resistencia a la transformación económica. Es una demanda para que esa transformación incluya a las empresas que producen en el territorio. La apertura puede ampliar oportunidades, pero para aprovecharlas las PyMEs necesitan capacidad de competir.

La discusión que surgió en Puerto Rico coloca así a la industria frente a una nueva etapa. El objetivo no es elegir entre mercado interno y mercado internacional, ni entre protección y apertura, sino construir las condiciones para que una empresa misionera pueda producir, invertir, exportar y sostener empleo en un escenario de mayor competencia.

En una provincia donde la distancia de los grandes centros de consumo y la condición fronteriza agregan costos y particularidades, esa discusión adquiere una dimensión estratégica. El resultado de las reformas macroeconómicas se medirá también en la capacidad de las empresas para mantener abiertas sus puertas, incorporar tecnología y generar trabajo.

“Queremos producir y generar trabajo. Queremos que nuestros hijos se queden a trabajar y construir su futuro en Misiones”, resumió Steffen. Esa definición sintetiza el desafío que atraviesa al sector: que la estabilidad económica no quede limitada a los indicadores nacionales y pueda convertirse, finalmente, en condiciones concretas para producir en el territorio.

Este es el discurso institucional brindado durante el encuentro por Luis Steffen: Día de la Industria – Discurso Luis Steffen

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Más de 100.000 árboles nativos serán plantados en áreas afectadas por incendios en Chubut

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La restauración de los bosques afectados por los incendios forestales en Chubut suma una nueva etapa. A través del proyecto “Promover vías de desarrollo bajas en carbono y resilientes al clima para Argentina” (ProCLIM-AR), se adquirieron 109.100 plantines de especies nativas que fueron puestos a disposición de la Secretaría de Bosques de la Provincia para avanzar con trabajos de reforestación en distintos sectores afectados por el fuego.

La adquisición incluye 73.000 cipreses de la cordillera, 35.000 coihues y 1.100 alerces, producidos en viveros forestales de la provincia. Los trabajos están previstos para los meses de septiembre y octubre y alcanzarán aproximadamente 127 hectáreas distribuidas en reservas y áreas naturales protegidas de Chubut.

La iniciativa forma parte del Componente “Restauración de Paisajes Forestales” que lidera Fundación Vida Silvestre Argentina, en el marco del proyecto ProCLIM-AR, en acompañamiento a la actualización e implementación del Programa Integral de Manejo y Restauración de Grandes Áreas Afectadas por Incendios Forestales en las temporadas 2014-2015, una estrategia de recuperación con visión a 30 años impulsada por la Secretaría de Bosques de Chubut; y que cuenta con el apoyo logístico de ReforestArg. 

Estos 109.100 plantines de especies nativas llegan al territorio para contribuir a la restauración de áreas afectadas por incendios, gracias a la articulación del trabajo con la Secretaría de Bosques de Chubut y ReforestArg, y como parte de un compromiso mucho más amplio asumido por el proyecto ProCLIM-AR, liderado por la GIZ, y su componente de Restauración de Paisajes Forestales, implementado por Fundación Vida Silvestre Argentina. Este componente busca planificar y organizar procesos de restauración del paisaje en áreas más amplias, afectadas por los incendios ocurridos entre 2014 y 2015” señaló Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina.

Además, agregó “este proceso nos permitió articular el trabajo con numerosas organizaciones y referentes comunitarios, con quienes acordamos diferentes formas de recuperar el bosque nativo en un área de enorme importancia para la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y, especialmente, para las personas que habitan estos territorios y comprometen día a día su tiempo y esfuerzo para conservar y restaurar el bosque andino-patagónico“.

Las áreas seleccionadas fueron afectadas por grandes incendios, principalmente los ocurridos durante la temporada 2014-2015, y en algunos casos también por incendios más recientes. La selección de los sitios se realizó a partir de criterios técnicos que consideran, entre otros aspectos, el grado de afectación por el fuego, la presencia de especies nativas y exóticas y las posibilidades de recuperación natural.

La restauración no será igual en todos los sitios. En algunos sectores se plantarán árboles nativos directamente en áreas quemadas, mientras que en otros será necesario realizar previamente raleos, apertura de claros y eliminación de renovales de pino que surgieron después de los incendios. De esta manera, se busca generar condiciones adecuadas para que las especies nativas puedan establecerse y recuperar progresivamente el bosque.

Después de años de trabajo entendimos que los bosques se restauran con las reglas de la naturaleza. Por eso, en vez de competir entre las organizaciones ambientales, decidimos potenciarnos entre nosotros como lo hacen las diferentes especies de un ecosistema natural. Fundación Vida Silvestre aportando los árboles, la Secretaría de Bosques de Chubut aportando el conocimiento local y ReforestArg la fuerza de plantación”, destacó Tobías Merlo, fundador y director de ReforestArg. “Una organización sola puede hacer grandes cosas, pero muchas organizaciones unidas pueden cambiar el mundo”, subrayó.  

Una de las técnicas principales será la plantación en “bosquetes” o pequeños grupos de árboles, que busca imitar la forma en que naturalmente se regenera el bosque. En determinados sectores se prevén grupos de alrededor de 30 árboles, con distancias entre ellos que permitan favorecer su desarrollo.

La intervención también contempla el monitoreo a largo plazo. Se instalarán aproximadamente 30 parcelas para evaluar la evolución de las plantaciones y conocer cuántos árboles sobreviven, cuánto crecen y qué daños pueden sufrir, por ejemplo, por el ramoneo de animales. Esta información permitirá evaluar los resultados y ajustar las futuras acciones de restauración.

Restaurar un bosque después de un incendio es un proceso que lleva años. Por eso, además de volver a plantar especies nativas, el objetivo es generar información que permita tomar mejores decisiones y acompañar la recuperación de estos ecosistemas a largo plazo.

Proyecto ProCLIM-AR 

Restauración de Paisajes Forestales (RPF) es uno de los cuatro componentes del proyecto “Promover vías de desarrollo bajas en carbono y resilientes al clima para Argentina – ProCLIM-AR”, que se implementa a través de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, en el marco de un acuerdo de cooperación bilateral entre los gobiernos de Argentina y Alemania, mediante la Iniciativa Internacional sobre el Clima (IKI) que impulsa el gobierno federal alemán a través del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección del Clima, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMUKN). 

La implementación del componente “Restauración de Paisajes Forestales” está a cargo de un consorcio conformado por: Fundación Vida Silvestre Argentina, que asume el rol de liderazgo, la agencia de cooperación alemana para el desarrollo GIZ y Fundación AVINA con el apoyo de ACDI. Por parte del gobierno argentino, participa como punto focal específico la Dirección Nacional de Biodiversidad, Relaciones Ambientales y Cooperación de la Subsecretaría de Ambiente y la Dirección de Producción Sostenible de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. A nivel local, intervienen la Secretaría de Bosques de Chubut y en la provincia de Misiones, el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables.

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Misiones relanza Programa de Equipamiento Vial: créditos blandos para renovar maquinarias de los municipios

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El Gobierno de Misiones puso en marcha una nueva edición del Programa Provincial de Equipamiento Vial, una herramienta financiera destinada a fortalecer la capacidad operativa de los 78 municipios mediante la adquisición de maquinaria pesada y equipamiento para obras y servicios públicos. La medida fue oficializada a través del Decreto N.º 885/2026, firmado por el gobernador Hugo Passalacqua, junto al ministro de Hacienda, Adolfo Safrán; el ministro coordinador de Gabinete, Carlos Sartori; y el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez.

El programa constituye el relanzamiento de la política iniciada en 2024 y busca dar continuidad a un esquema de financiamiento que, según el Ejecutivo provincial, tuvo resultados positivos para los gobiernos locales durante los últimos dos años.

La iniciativa apunta a facilitar la compra de retroexcavadoras, camiones recolectores de residuos, compactadoras, topadoras, tractores y otros equipos destinados al parque vial municipal, con condiciones financieras más favorables que las disponibles en el mercado.

Una política de apoyo a los municipios

El decreto sostiene que la Constitución de Misiones asigna a las municipalidades la responsabilidad de administrar los intereses y servicios comunales, lo que implica la necesidad permanente de invertir en infraestructura y equipamiento.

En ese contexto, el Gobierno provincial argumenta que la geografía y el clima misioneros demandan maquinaria específica y de alto costo para mantener caminos rurales, ejecutar obras de saneamiento, prestar servicios urbanos y sostener la conectividad de las colonias productivas.

La decisión también se inscribe dentro de una estrategia de fortalecimiento de las economías regionales y del acompañamiento a los municipios que sostienen la producción agropecuaria.

“El equipamiento vial es un motor del progreso socioeconómico y una herramienta para mejorar la calidad de vida de los habitantes”, fundamenta el decreto.

Cómo funcionará el financiamiento

El Ministerio de Hacienda quedó facultado para firmar convenios con entidades financieras y empresas proveedoras de maquinaria vial, con el objetivo de negociar líneas de crédito especiales, leasing u otras modalidades de financiamiento aprobadas por el Banco Central.

Además, la cartera económica podrá otorgar subsidios de tasa para abaratar el costo financiero; transferir fondos o préstamos al Fondo de Créditos para la Pequeña y Mediana Empresa SAPEM (FOGAMI) para instrumentar las operaciones y gestionar los pagos derivados del programa.

La combinación de estas herramientas permitirá ofrecer créditos con tasas inferiores a las del sistema financiero tradicional.

Uno de los puntos centrales del decreto establece el mecanismo de garantía para las operaciones de crédito.

Las cuotas o cánones que deban afrontar los municipios serán retenidos automáticamente por el Ministerio de Hacienda de los recursos que cada comuna recibe por el régimen de coparticipación municipal.

De esta manera, la Provincia asegura el recupero de los fondos y facilita el acceso al financiamiento sin exigir garantías adicionales. El programa no está limitado a municipios que necesiten financiamiento.

Aquellas comunas que dispongan de recursos propios podrán adherirse al decreto y aprovechar los descuentos y bonificaciones negociados por la Provincia con fabricantes y concesionarias, realizando la compra al contado.

El objetivo es aprovechar el poder de negociación provincial para obtener mejores precios por volumen.

El decreto introduce otra herramienta para agilizar las adquisiciones.

Los municipios adheridos podrán contratar directamente con las empresas proveedoras que tengan convenio con el Ministerio de Hacienda, siempre que esas ofertas representen descuentos superiores a los disponibles en el mercado.

Sin embargo, esa modalidad requerirá una autorización previa del Concejo Deliberante, además del cumplimiento de los procedimientos administrativos previstos en la normativa vigente.

En los casos en que la operatoria implique endeudamiento, el decreto establece una condición obligatoria: los municipios deberán solicitar la autorización prevista en el artículo 14 de la Ley VII N.º 52 (ex Ley 4.166), que regula la toma de créditos por parte de las administraciones municipales.

Ese requisito busca garantizar el control institucional de las operaciones financieras que comprometan recursos futuros de las comunas.

El Ejecutivo recordó que el Programa Provincial de Equipamiento Vial fue creado originalmente mediante el Decreto 922/2024 y luego ampliado y modificado por los decretos 1403/24, 1995/24, 2667/24, 374/25 y 1075/25.

La edición 2026 representa un nuevo relanzamiento del esquema, incorporando herramientas financieras y manteniendo el foco en la renovación del parque automotor y vial de los municipios.

Más allá de la asistencia a los gobiernos locales, el decreto encuadra la medida dentro de un paquete de políticas fiscales destinadas a sostener la inversión pública y estimular la actividad económica provincial.

La renovación de maquinaria vial impacta directamente sobre la ejecución de obras municipales, el mantenimiento de caminos rurales, la gestión de residuos y los servicios urbanos, además de dinamizar la demanda de bienes de capital en la provincia.

Con esta decisión, el Gobierno de Misiones busca que los municipios puedan acceder a equipamiento estratégico sin afrontar el costo financiero pleno del mercado, fortaleciendo su capacidad de inversión en un contexto de restricciones presupuestarias y alta demanda de infraestructura.

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Premios Impacto: reconocen la innovación en la gestión de capital humano

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La innovación en la gestión de personas dejó de medirse solamente por la incorporación de nuevas herramientas o prácticas. Cada vez más, el desafío para las organizaciones consiste en demostrar que esas transformaciones mejoran la experiencia de los colaboradores y, al mismo tiempo, producen resultados concretos. Sobre esa premisa se lanzó la cuarta edición de los Premios Impacto, una iniciativa de la Asociación de Recursos Humanos Argentina (AdRHA) y BenchClub que busca visibilizar casos de éxito en la gestión del capital humano.

La convocatoria está abierta a cualquier organización que opere en Argentina, independientemente de su naturaleza. Pueden participar empresas privadas, organismos públicos, entidades estatales, ONG e instituciones educativas. La participación es gratuita y las iniciativas pueden inscribirse hasta el 15 de septiembre.

En esta edición, los organizadores pondrán especial atención en proyectos vinculados con el impacto sobre los colaboradores, la diversidad e inclusión y la inteligencia artificial. El requisito central es que se trate de iniciativas implementadas desde 2024 que hayan producido una mejora significativa en la experiencia de los equipos y que, de manera simultánea, hayan generado resultados para la organización.

“Los Premios Impacto buscan poner en valor el trabajo de aquellas organizaciones que se animan a cuestionar lo establecido y a desarrollar nuevas formas de gestionar el talento”, señaló Marisabel Barranco, integrante del Comité Ejecutivo de AdRHA. La dirigente remarcó que la innovación en Recursos Humanos ya no puede evaluarse únicamente por la novedad de una propuesta, sino por su capacidad para combinar una mejor experiencia laboral con resultados concretos.

Ese criterio plantea una discusión relevante para las áreas de capital humano. Durante años, determinadas iniciativas vinculadas al bienestar, la capacitación o la cultura organizacional fueron evaluadas como políticas complementarias a la estrategia de negocios. La lógica de los Premios Impacto apunta en otra dirección: identificar proyectos en los que la gestión de personas forme parte de la generación de valor y pueda demostrarlo mediante indicadores.

La evaluación estará a cargo de un jurado integrado por Cristian Bernal, Hugo Ojeda, Casandra Giuliano, Cecilia Giordano y Mariano Battistotti. Los casos serán analizados a partir de cuatro dimensiones: el impacto sobre la organización, el impacto sobre las personas, el grado de innovación y la sustentabilidad de la iniciativa.

En la dimensión organizacional se considerarán variables como productividad, ingresos, eficiencia en costos y otros indicadores concretos del negocio. En cuanto a las personas, se observarán aspectos vinculados con bienestar, desarrollo, motivación y calidad de vida. La innovación estará relacionada con la originalidad del enfoque y su diferenciación respecto de las prácticas habituales del sector, mientras que la sustentabilidad buscará determinar si el proyecto puede sostenerse en el largo plazo y si se encuentra alineado con los objetivos estratégicos de la organización.

La combinación de estas dimensiones permite correr el foco de una discusión exclusivamente asociada a Recursos Humanos. Una política puede ser novedosa, pero si no mejora la experiencia de quienes trabajan en la organización ni produce un efecto verificable sobre el desempeño, su impacto resulta limitado. Del mismo modo, una mejora de productividad que no contemple las condiciones de los equipos difícilmente pueda sostenerse en el tiempo.

La inteligencia artificial agrega una nueva capa a esa discusión. Su incorporación a los procesos laborales abre oportunidades para automatizar tareas, mejorar la toma de decisiones y personalizar experiencias, pero también obliga a revisar capacidades, roles y formas de organización del trabajo. En ese contexto, los proyectos que logren combinar tecnología con desarrollo de las personas pueden convertirse en referencias para otras organizaciones.

“Esta alianza entre AdRHA y BenchClub nos permite sumar sinergias para visibilizar a quienes están transformando la gestión del capital humano”, destacó Gabriel Pereyra, director de BenchClub Argentina Recursos Humanos. Según explicó, el reconocimiento también busca generar aprendizaje a partir de los mejores casos de la región y elevar los estándares de la comunidad profesional.

La edición 2025 ya dejó un mapa de experiencias que muestra la diversidad de organizaciones que pueden formar parte de esta agenda. McCain Argentina obtuvo el primer premio, YPF alcanzó el segundo puesto y La Anónima y Loma Negra recibieron el tercer premio. Aeropuertos Argentinos y Mondelez fueron distinguidas con una Mención Impacto Estratégico, mientras que Grupo Corven recibió una Mención a la Práctica Innovadora.

El premio principal de esta nueva edición tendrá además un componente de formación: uno de los integrantes del equipo ganador recibirá una Maestría en Recursos Humanos de la Universidad de San Andrés (UDESA). La propuesta vincula así el reconocimiento de una experiencia concreta con el desarrollo profesional de quienes participan en su implementación.

La ceremonia de entrega se realizará en noviembre en Hit Polo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se conocerán los proyectos ganadores y las iniciativas destacadas.

“Desde AdRHA trabajamos para acompañar a las organizaciones en la construcción de mejores lugares de trabajo, y los Premios Impacto son una manera concreta de traducir esa misión: identificar, visibilizar y potenciar a quienes están innovando en la gestión de personas”, sostuvo Tomás Gómez Alzaga, presidente de la Asociación de Recursos Humanos de Argentina.

La convocatoria propone, en definitiva, transformar experiencias internas en conocimiento compartido. Para las organizaciones, participar implica poner a prueba sus iniciativas frente a criterios de impacto, innovación y sustentabilidad. Para la comunidad profesional, permite identificar qué prácticas están funcionando y bajo qué condiciones pueden replicarse.

Las organizaciones interesadas pueden consultar las bases e inscribirse de manera gratuita hasta el 15 de septiembre en el sitio oficial de Premios Impacto.

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Amayadap sobre el fin de la prohibición del glifosato: “Se terminó el divorcio entre el sector productivo y la política”

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La discusión sobre el uso del glifosato en Misiones dejó de ser solamente un debate ambiental para convertirse en una señal política hacia quienes producen, invierten y generan empleo. Así lo planteó Enrique Juan Bongers, presidente de la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP), al respaldar la iniciativa impulsada por el Gobierno provincial para modificar el artículo 7 de la Ley VIII-103, que establecía la prohibición del herbicida.

“Se terminó el divorcio entre el sector productivo y la política”, definió Bongers durante una entrevista con El Noticiero de Canal 12. La frase sintetizó el posicionamiento de la entidad forestoindustrial, pero también buscó marcar un punto de inflexión en una relación que, según advirtió, llevaba demasiado tiempo atravesada por la falta de diálogo y la ausencia de los temas productivos en la agenda legislativa.

AMAYADAP formalizó su respaldo mediante un comunicado institucional. Para Bongers, la revisión del artículo cuestionado representa una decisión pragmática: avanzar hacia una producción más sustentable sin imponer plazos ni prohibiciones que desconozcan las herramientas disponibles, los costos de los productores y las condiciones exigidas por los mercados internacionales.

El empresario aclaró que el planteo no supone una defensa irrestricta del glifosato ni un abandono de la transición hacia los bioinsumos. La discusión, sostuvo, pasa por encontrar alternativas que sean ambientalmente superadoras, económicamente accesibles y técnicamente eficaces.

“Actualmente no existe otra herramienta tecnológica, económica y ecológica que sea superior al glifosato cuando se utiliza como debe ser, bajo las normas y cumpliendo todos los estándares”, afirmó.

Una prohibición que atravesaba a toda la producción

Aunque la actividad forestal quedó en el centro del debate, Bongers remarcó que una prohibición absoluta no impactaría solamente en las plantaciones de árboles. También alcanzaría a producciones tradicionales de Misiones, como la yerba mate y el té, que necesitan controlar malezas para sostener rendimientos, calidad y competitividad.

En el caso forestal, explicó, el herbicida se utiliza principalmente durante las primeras etapas de las plantaciones. Su eliminación sin una alternativa eficaz elevaría los costos, reduciría la eficiencia productiva y podría desalentar nuevas inversiones.

La preocupación también alcanza al comercio exterior. Los países compradores y las empresas internacionales establecen protocolos precisos sobre los productos permitidos en las distintas cadenas productivas. En mercados como el del té, señaló Bongers, el uso controlado del glifosato se encuentra autorizado, mientras que algunos de los productos propuestos como reemplazo todavía no cuentan con aceptación comercial o validaciones equivalentes.

“Hasta que no haya un producto superador en cuanto a la ecología y a la economía, no podemos prohibir el uso del glifosato”, planteó.

Bongers fue enfático al separar la posición empresarial de cualquier defensa corporativa del fabricante del herbicida. “No le vamos a hacer propaganda a Monsanto con esto”, aclaró. El sector forestal, añadió, tiene incorporados estándares ambientales exigentes, pero necesita herramientas que permitan producir de manera competitiva mientras se desarrollan sustitutos confiables.

Las certificaciones internacionales

Uno de los principales argumentos de AMAYADAP está vinculado con las certificaciones ambientales que ya posee la actividad forestal misionera. Según Bongers, la provincia cuenta con unas 150.000 hectáreas de plantaciones certificadas bajo estándares PEFC y otras 117.000 hectáreas bajo el sistema FSC.

Se trata de certificaciones internacionales que auditan la trazabilidad, el manejo ambiental y las prácticas utilizadas en las plantaciones. Ambos esquemas admiten, bajo protocolos y durante etapas determinadas, el uso controlado de herbicidas.

Para el empresario, esa evidencia mostraba la contradicción de avanzar con una prohibición provincial absoluta sobre una herramienta aceptada por los principales estándares forestales del mundo.

“La ley no iba acorde con la producción”, resumió.

El cuestionamiento no apunta contra el objetivo de transformar a Misiones en una provincia agrosustentable. Bongers consideró que esa meta debe mantenerse, pero advirtió que la transición necesita respaldo científico, pruebas en campo, disponibilidad comercial y costos compatibles con la realidad de los productores.

La sustentabilidad, en esa mirada, no puede construirse a partir de una fractura entre los objetivos ambientales y las posibilidades concretas de las chacras y las industrias.

Previsibilidad para volver a invertir

Detrás de la discusión sobre el glifosato aparece un reclamo más amplio: reglas claras. Para Bongers, la modificación del artículo 7 permitiría devolver previsibilidad a las cadenas productivas y mejorar la posición de Misiones frente a potenciales inversores nacionales y extranjeros.

“Necesitamos producir cuidando el medio ambiente, pero también ser eficientes”, señaló.

La previsibilidad resulta especialmente relevante para el sector forestal, donde las inversiones se proyectan a largo plazo. Una plantación requiere años antes de alcanzar su etapa de aprovechamiento y una industria necesita desembolsos importantes en tecnología, energía, infraestructura y logística. Una regulación desconectada de esos ciclos puede frenar proyectos antes de que comiencen.

Bongers interpreta la decisión del Ejecutivo provincial como una señal de que la producción vuelve a ocupar un lugar en la agenda política. “Estamos viendo que empiezan a aparecer temas productivos en la Cámara de Diputados. Este asunto lo venimos impulsando y discutiendo desde hace varios años”, explicó.

Para el presidente de AMAYADAP, la revisión legislativa abre la posibilidad de construir regulaciones mediante el diálogo con quienes conocen las necesidades del territorio. No se trata de renunciar al desarrollo de bioinsumos, sino de establecer una transición ordenada mientras se prueban alternativas capaces de ofrecer resultados equivalentes.

De reconstruir una fábrica a reclamar reglas claras

La posición de Bongers también está atravesada por su propia historia empresarial. Ingeniero forestal y oriundo de Leandro N. Alem, construyó su trayectoria desde cero. Fue padre mientras cursaba la universidad, trabajó desde muy joven y convirtió esa experiencia en una forma de entender la actividad privada: las oportunidades se construyen con esfuerzo, responsabilidad y capacidad para sobreponerse a las crisis.

Fundó GP Energy S.A., una empresa dedicada a transformar subproductos de la industria maderera en pellets de madera, un combustible renovable que logró ingresar en mercados internacionales. El proyecto combina valor agregado, aprovechamiento integral de la materia prima forestal y generación de energía a partir de residuos que anteriormente tenían escaso valor económico.

En 2021, un incendio destruyó prácticamente toda la planta industrial. Bongers quedó frente a una decisión extrema: abandonar el proyecto o reconstruirlo. Eligió empezar de nuevo.

La empresa volvió a ponerse en marcha y actualmente opera en Colonia Victoria, genera empleo para más de 40 familias y continúa ampliando su capacidad productiva. Esa experiencia explica, en buena medida, su insistencia sobre la necesidad de contar con reglas estables para invertir.

Quien reconstruye una industria sabe que el capital no busca privilegios, pero sí certezas. La revisión del artículo 7 es leída por AMAYADAP desde esa perspectiva: como una señal de que la política comenzó a escuchar nuevamente a quienes producen.

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