Productores yerbateros advierten un colapso de ingresos tras la desregulación, “Nos bajaron el precio, pero en la góndola no hubo cambios”.

La reciente desregulación del mercado de la yerba mate, que eliminó la capacidad del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para fijar precios mínimos, generó un fuerte malestar en el sector productivo de Misiones. Jonás Peterson, referente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte, alertó que la medida redujo de manera drástica los ingresos de más de 12.500 productores, mientras que los precios en góndola continuaron en alza: “Nos bajaron el precio, pero en la góndola el valor de la yerba no cayó”, afirmó en diálogo con Infobae en Vivo.

Fin de la regulación del INYM y caída del precio en origen

La entrevista expuso los primeros efectos del decreto nacional que desreguló el mercado yerbatero e impidió al INYM fijar valores de referencia para la hoja verde. Según Peterson, hasta 2023 el esquema regulatorio permitía un ordenamiento mínimo del mercado. “Cobramos 400 pesos el kilo de hoja verde en 2023, y ese precio cubría los costos y nos dejaba un pequeño margen para vivir”, explicó.

Con la eliminación de esos artículos, los pequeños productores quedaron —según su diagnóstico— en clara desventaja frente a “cinco o seis grandes empresas” con capacidad de industrializar y almacenar yerba suficiente para un año. Esta asimetría derivó en una marcada caída del precio pagado en chacra: la hoja verde pasó a ubicarse entre 200 y 250 pesos por kilo, en un contexto de aumento generalizado de costos.

Peterson subrayó que la pérdida de herramientas regulatorias no sólo afectó el ingreso rural, sino también la estructura productiva regional. A su juicio, la situación impacta especialmente en Misiones, donde “12.500 familias sostienen la actividad y el empleo asociado”. En contraste, señaló que en Corrientes la industrialización se concentra en dos firmas de gran escala.

Brecha entre precio al productor y precio en góndola

Uno de los puntos más sensibles planteados por el dirigente es la distancia entre el valor percibido por quienes producen la yerba y el que paga el consumidor final. “En 2023 el kilo de yerba costaba en promedio 1.800 pesos para el público. Ahora, supera los 3.000 pesos. A nosotros nos bajaron el precio a 200 pesos, pero el consumidor paga cada vez más”, cuestionó.

Peterson insistió en que no existe sobreoferta local que justifique la caída en el precio de la hoja verde. Por el contrario, afirmó que aun en años de buena producción, algunas empresas importaron yerba de Paraguay y Brasil para acceder a materia prima más barata.

El productor también advirtió por la pérdida de otras atribuciones del INYM, como el establecimiento de calendarios de cosecha y el control de calidad. Sin esas herramientas, dijo, los pequeños agricultores quedaron expuestos a prácticas que profundizan la brecha: “Si decidimos demorar la cosecha para esperar una mejora, la industria simplemente aguanta o trae yerba de Brasil o Paraguay”.

Impacto social y retroceso productivo en las chacras misioneras

Peterson describió un deterioro acelerado en la economía familiar rural tras la desregulación. Según su testimonio, el margen económico por kilo cayó de 300 pesos a apenas 80-100 pesos, mientras que los costos de insumos y servicios siguieron en aumento. Esto derivó en menor fertilización, reducción del mantenimiento y caída del rendimiento productivo.

También se observaron señales preocupantes en el mercado de tierras rurales: “Hasta el año pasado casi no había pequeñas propiedades a la venta. Ahora aparecen cada vez más, porque la actividad dejó de cerrar”, señaló.

La situación obligó a muchas familias a diversificar de manera forzada su subsistencia. “Sobrevivimos criando chanchos, gallinas, vacas para el consumo diario, y reduciendo los gastos al mínimo”, indicó. El productor comparó el momento actual con la desregulación de los años 90: “Hubo canje de yerba mate por mercadería y combustible, y a veces hasta debíamos ir a Brasil para conseguir productos básicos”.

Gestiones y respuesta del Gobierno nacional

Peterson comentó que representantes del sector viajaron a Buenos Aires para transmitir su preocupación, pero no encontraron margen para revisar la medida. “Fui a Buenos Aires, llevé mi tractor. Pero nos dijeron siempre lo mismo: la desregulación no se negocia”, relató.

El referente yerbatero consideró que la eliminación de las funciones del INYM colocó al sector en la situación “más débil en dos décadas”, tras años en los que las herramientas institucionales habían permitido avanzar en mejores condiciones económicas y laborales para el productor primario. “Cuando existía la grilla de costos y el precio mínimo, logramos cierto avance. Hoy estamos lejos de ese objetivo”, cerró.