París nunca estuvo cerca

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La vorágine de la política en los últimos días quizás no permita apreciar en su cabal dimensión el reposicionamiento de Misiones en relación con la política nacional. Cada vez más lejos de la complacencia, el gobernador Hugo Passalacqua tomó distancia y marcó los límites de lo tolerable ante la avanzada libertaria. 

El Gobernador misionero era uno de los invitados a la comitiva presidencial que viajó a París a la Week Argentina. Pero rechazó el convite con un argumento sin ambigüedades: no se puede ir a por la foto y el champagne, con tantos frentes abiertos con el Presidente. El equipo político de Javier Milei usó el viaje para convencer a los gobernadores de la conveniencia de suspender las Primarias Abiertas y de aprobar el Presupuesto 2027, que profundiza el ajuste que se viene ejecutando. 

En contraste, Passalacqua impulsa intensos reclamos ante las políticas libertarias, con eje en la crisis yerbatera generada por la desregulación del DNU 70/2023, el desfinanciamiento de parte de Nación o el impacto de la suba de tarifas en la vida de los misioneros. Esa toma de posición no es una pose. Se puede apreciar a lo largo de la relación con el anarcolibertario. Respeto institucional, pero diferencias insalvables en el manejo de la cosa pública y las consecuencias de la política económica. Contra la desregulación yerbatera Passalacqua mantiene un litigio abierto en la Justicia, lo mismo que ordenó abrir ahora contra la suspensión de la ley de Tierras, un limbo que la Corte dejó abierto al rechazar una demanda contra el mismo DNU que desreguló el mercado yerbatero. 

“Fiel a la postura que siempre sostuvimos en defensa de nuestro territorio y recursos naturales, y ante el reciente fallo de la Corte Suprema que habilita la libre adquisición de tierras a extranjeros, instruí al Fiscal de Estado a iniciar las acciones judiciales pertinentes para resguardar los derechos de Misiones en cada oportunidad y por todas las vías correspondientes. ​Con más del 90% de frontera internacional, una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro, no podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido. Cuidar la tierra misionera es un deber irrenunciable con nuestra soberanía y con nuestra gente”, señaló el Gobernador.

El antecedente inmediato es el amparo de CECIM La Plata contra el artículo 154 del DNU 70/2023, con el que Javier Milei derogó la Ley de Tierras. El 29 de septiembre, la Corte Suprema revocó la sentencia favorable y rechazó la demanda por falta de legitimación y de un “caso o controversia” constitucional. El fallo cerró esa vía procesal sin resolver la constitucionalidad de la derogación. En ese terreno se inscribe ahora la decisión de Misiones.

Sancionada en diciembre de 2011, la Ley 26.737 limitaba la propiedad y posesión extranjera al 15% de las tierras rurales, tanto a escala nacional como provincial y municipal. Una misma nacionalidad no podía concentrar más del 30% de ese cupo. También fijaba un máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo, o su equivalente según la ubicación, y restricciones sobre tierras con cuerpos de agua relevantes y permanentes o ribereñas de ellos, además de reglas para zonas de seguridad de frontera.

El DNU no ajustó esos límites: derogó íntegramente el régimen nacional que regulaba la propiedad y posesión extranjera de tierras rurales. 

Passalacqua se ubica en las antípodas de una política nacional que parece haber confundido gobernar con ponerle precio a todo. Ahora, hasta a la condición de argentino. Desde París, el ministro de Economía, Luis Caputo anunció que los extranjeros podrán solicitar la ciudadanía mediante un aporte de 350.000 dólares al Tesoro o la suscripción de un bono de 800.000 dólares. El Gobierno promete controles sobre los solicitantes y el origen del dinero, pero el criterio político queda expuesto: la pertenencia también cotiza. La Argentina que Milei ofrece al mundo ya tiene tarifa de ingreso. Y el mecanismo elegido revela una prioridad: para acceder a la ciudadanía, el anuncio ofrece financiar al Tesoro; no exige, en esas dos alternativas, levantar una fábrica ni generar un solo empleo, hoy principal preocupación de los argentinos. Incluso de Victoria Villarruel. “La falta de empleo en Argentina ha empujado a millones de ciudadanos a trabajar en plataformas digitales”, advirtió la vicepresidenta, y describió trabajadores sin estabilidad, vacaciones ni cobertura social. Remató con una frase que debe atragantar a los apóstoles del mercado: “Si el Estado no interviene la marginalidad va a empeorar”. No habla una dirigente opositora ni una sindicalista a la que puedan despachar con el insulto de turno: habla la vicepresidenta. Traducido del lenguaje institucional: Villarruel está diciendo que la mano invisible, por ahora, apenas alcanza para sostener el manubrio de una moto de reparto.

La contradicción alcanza el grotesco: mientras Milei presume de haber expulsado este año a “20 mil terroristas” extranjeros -una etiqueta que mezcla expulsiones, rechazos e inadmisiones, sin acreditar semejante ejército de terroristas-, su ministro de Economía ofrece la ciudadanía argentina con una tarifa en dólares. El extranjero sirve como amenaza en el discurso y como cliente en la caja. Para agitar el miedo, se invoca la seguridad nacional; para recaudar, se pone precio a la pertenencia. Aunque el Gobierno prometa controles sobre los solicitantes, la postal política es demoledora: una mano levanta el alambrado y la otra instala la boletería.

El DNU 366/2025 abrió esa puerta al permitir la naturalización por una inversión relevante, cualquiera sea el tiempo de residencia, y el Decreto 524/2025 estableció el procedimiento de evaluación. 

El Congreso debería revisar y rechazar una decisión que convirtió una cuestión de pertenencia nacional en una herramienta de recaudación. Porque una cosa es convocar capitales para desarrollar el país y otra, bastante más miserable, es tratar al país como una caja urgida de dólares.

La controversia podría resolverse a través del Congreso, si Diputados tumba el DNU que ya fue rechazado en el Senado. Sería un golpe duro para el Gobierno y su política económica, como explica con exactitud el ex ministro del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Sergio Santiago en su columna publicada en Economis: Las leyes que nunca murieron: ¿Qué pasará si cae el DNU 70/23?. El bloque de Argentina Federal que lidera Oscar Herrera Ahuad votará por la caída, pero hay dudas sobre si la oposición conseguirá el quórum para la sesión.

La distancia entre las posiciones de Passalacqua y Milei también puede apreciarse en la lectura del Presupuesto. El aprobado el jueves por la Legislatura de Misiones, tiene una clara prioridad, con el 65 por ciento de la inversión volcada en las áreas sociales y un crecimiento exponencial de los recursos destinados al desarrollo de la economía, en contraste con los números proyectados por Nación, que implican más ajuste y nula inversión en infraestructura y desarrollo. 

La discusión del Presupuesto en la sesión del jueves sirvió para clarificar un poco el escenario político en Misiones. Después de más de un mes de discusiones en las comisiones, el proyecto fue sometido a cambios y aprobado por una intensa mayoría. Sin embargo, fue rechazado por la Libertad Avanza, en un claro ejemplo de la doble vara institucional que utilizan sus dirigentes. Mientras Milei pide respaldo, en Misiones su partido lo escatima. 

El argumento esgrimido por Adrián Nuñez para justificar la negativa es llamativo. cuestionó la iniciativa por considerar que prevé gastos superiores a los recursos disponibles, delega en el Ejecutivo decisiones que corresponden a la Legislatura -mientras Milei gobierna vía DNU- y establece “excepciones a las normas vigentes”, que casi a diario se ejecutan en el gobierno libertario. Además, cuestionó “diferencias” entre lo presupuestado y lo efectivamente ejecutado y superposición de funciones y falta de precisión sobre los costos del Estado. “Hoy discutimos qué va a hacer el Estado provincial con el dinero de los misioneros”, sostuvo el bloque. 

Pero más curioso fue el momento en el que rechazó que Misiones tome deudas para financiar obras de infraestructura. “La deuda no es otra cosa que impuestos futuros. No podemos vivir cómodos en el presente hipotecando el futuro de nuestros hijos. Esa deuda la van a pagar los misioneros que hoy no están acá y muchos que ni siquiera aún votan”, dijo Núñez. 

Lo cierto es que el país vive hoy sometido a la vigilancia constante del Fondo Monetario y la desconfianza de los mercados por el volumen de deuda que tomó el ministro de Finanzas, Luis Caputo, antes de ser premiado como ministro de Economía de Javier Milei. Sin la deuda y sus sucesivas renovaciones y waivers hace tiempo que “el modelo” sería inviable. 

Misiones es una de las provincias con menos exposición de deuda y vuelve al mercado ante la ausencia de recursos de la Nación por el plan de ajuste permanente. La decisión de tomar financiamiento se apoya en una reducción considerable del peso de la deuda provincial. Al cierre de 2025, el stock equivalía al 2,19% de los ingresos totales, frente al 101,58% de 2007. Hacienda calcula una reducción relativa de 97,84% durante ese período.

La serie más larga muestra todavía mejor el cambio: en 2005 la deuda representaba 146% de los ingresos provinciales. Dos décadas después equivale a aproximadamente 2%. Además, Misiones registra una deuda per cápita de $62.200, contra un promedio de $711.700 entre las jurisdicciones relevadas.

Así como Passalacqua destacó el respaldo al Presupuesto, incluido el de los diputados de Encuentro Misionero, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, cuestionó la posición libertaria. “Después de un trabajo arduo de más de un mes y medio, donde todos rescataron que por primera vez en muchos años se pudo debatir el presupuesto, abrirlo, incorporar sugerencias, modificaciones, muchas de las cuales fueron agregadas por un bloque minoritario, se lograron los consensos necesarios para que en los cinco capítulos se obtengan 34 de los 40 votos que que tiene la Cámara de Diputados”, detalló.

“Lamento la postura de la Libertad Avanza y las falacias del diputado Núñez, que no estuvo el día que fui a exponer en la Comisión de Presupuesto para hacer las preguntas y que yo pueda haber respondido. Por ejemplo, argumentó que tomamos deuda. La Nación toma mucho más deuda. La Nación tiene más déficit fiscal porque tiene equilibrio de caja, pero el 2025 cerró con déficit fiscal. Entonces, viene acá a querer darnos cátedra de que tomamos deuda cuando es una deuda con organismos multilaterales para financiar obras que la Nación dejó de hacer. Gran parte de los recursos los asumimos con fondos propios, porque las transferencias a Nación cayeron a la mitad y así todo nos quiere dar cátedra de cómo manejar un presupuesto de la provincia, cuando el partido de Gobierno que él representa nos ha quitado fondos, nos retiró apoyo a los misioneros y él no apoya o no acompañó a la ley de Presupuesto”, remarcó.

De todos modos, la ley se aprobó bien entrada la noche del jueves. Antes ocurrió algo que desnuda los posicionamientos políticos. La oposición entera se mostró unida bajo una consigna que poco y nada tiene que ver con la agenda cotidiana, pero que sirve a sus propios intereses: una reforma política, que se agita como bandera de transparencia, pero que, como admitió la radical Rosa Kurtz, serviría para “competir en igualdad de condiciones”. 

La reforma presentada por el radical Santiago Koch retoma una propuesta presentada hace algunos meses por Carlos Rovira cuando Encuentro Misionero se presentaba como la “evolución de la Renovación”: ley de Lemas acotada y una Ficha Limpia en extremo rigurosa -que los ahora aliados cuestionaban como mecanismo para dejar fuera de carrera a otros dirigentes-. La oposición volvió a instalar la reforma electoral con un reclamo para acelerar el tratamiento de tres propuestas: eliminar la Ley de Lemas, implementar la boleta única de papel y establecer Ficha Limpia para las candidaturas. La propuesta fue respaldada por Analía Labandoczka (PRO) y Cristian Castro del Partido Agrario, Ramón Amarilla, La Libertad Avanza y Encuentro Misionero. 

Para el Gobierno provincial, la iniciativa no hace más que confirmar en la práctica el acercamiento de Encuentro Misionero con la Libertad Avanza, en un tema que no está en la agenda pública, agobiada por la crisis económica provocada por la política económica nacional. No hay allí un cambio de posición: Passalacqua consideraba que la ley de Ficha Limpia y la ley de Lemas acotada que había insinuado Rovira, eran profundamente antidemocráticas. 

La diputada Anazul Centeno, sagaz y de retórica filosa, puso un poco de transparencia. Negó que el nuevo oficialismo hubiera bloqueado el debate y atribuyó la falta de avances a los desacuerdos entre sus impulsores. “Estuvieron tres meses en tratamiento y plan de labor consecutivos. No llegamos a un acuerdo porque ellos no estaban de acuerdo, celebro que hayan encontrado el camino de la luz”, afirmó.

Centeno también apuntó contra la exposición pública del reclamo: “Todo muy lindo el show y videos para redes, pero lo sacamos del plan de Labor porque pasaron semanas y nadie dijo ni mu”. A continuación, dejó abierta la continuidad del debate: “Con gusto daremos la discusión en comisión”.

Si París nunca estuvo cerca, hoy habrá que mirar a Brasil con algo más que curiosidad de vecino: en la disputa entre Lula y Flávio Bolsonaro se juega una parte del equilibrio político y económico de Sudamérica. Para la Argentina -y especialmente para una provincia fronteriza como Misiones-, el rumbo brasileño atraviesa el comercio, la industria, el turismo y el futuro del Mercosur. También está en discusión cuánto margen conservará la región para decidir sin pedir permiso a Washington: Bolsonaro hijo anticipó que, si gana, incorporará a Brasil al Escudo de las Américas impulsado por Trump. La captura militar de Nicolás Maduro en Venezuela ya mostró hasta dónde está dispuesta a llegar la Casa Blanca. El riesgo es que la integración regional termine subordinada a una doctrina en la que Estados Unidos decide quién merece protección y quién debe ser removido. Bolivia ofrece una señal inquietante de ese clima. Roger Mariaca, el fiscal general que investigaba al asesor de Milei, Fernando Cerimedo, fue detenido después de que Estados Unidos le retirara la visa y lo acusara de favorecer al narcotráfico; Mariaca rechazó las imputaciones y denunció una represalia por sus investigaciones. 

En esos días también se difundieron fotografías del consultor argentino con Donald Trump Jr. y Brad Parscale, mientras el vicepresidente Edmand Lara presentó un audio atribuido a Cerimedo sobre presuntos pagos de 15.000 dólares por avionetas vinculadas al tráfico de drogas. Son denuncias que requieren investigación, y una fotografía no prueba una conspiración; pero el respaldo público de Marco Rubio a las detenciones vuelve inevitable examinar quién controla a quienes dicen combatir el crimen. La advertencia política es suficientemente grave: cuando una potencia señala al fiscal y el gobierno local lo encarcela, la independencia judicial queda bajo una sombra que ninguna consigna antidrogas alcanza a disipar. La continuidad de Lula pondría un poco de equilibrio en esa balanza.

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