Principales cambios a la Ley Federal de Pesca 24922 según el proyecto de ley ómnibus

Desde el estudio jurídico Marval O’Farrell Mairal realizaron el siguiente análisis al Proyecto de ley sobre “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”

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El cambio principal consiste en sustituir el régimen actual de cuotas de captura por empresa o grupo empresario (art.27 de la ley).

Actualmente, las cuotas de captura equivalen a un porcentaje fijo de la captura máxima permisible (CMP), que anualmente determina el Consejo Federal Pesquero (CFP) para las especies cuotificadas en función de las recomendaciones de sostenibilidad biológica del Instituto Nacional de Investigaciones y Desarrollo Pesquero (INIDEP). A la vez, estas se calculan en base a una fórmula que pondera diversos factores (v.g. mano de obra nacional, buques construidos en el país, valor agregado local al producto final, historial de captura y producción, entre otros).

Este régimen se sustituiría por un mecanismo de licitación de un porcentaje de la CMP, pagadero por anticipado al estado. Esto no está definido en el proyecto de ley.

De este modo, se capturaría la renta anticipada de inmediato sobre el valor del recurso que se pretenda pescar, en lugar de obtener ingresos indirectos derivados del sistema general de tributación de los permisionarios a lo largo de la vida del permiso.

Los nuevos permisos tendrían una duración de 20 años para amortizar la inversión inicial, en lugar de los 10 años de duración actualmente vigentes.

Las cuotas actuales vencen en el curso de 2024 y sus tenedores tendrían un mecanismo de preferencia que les permitiría obtener hasta la mitad de la cuota histórica, tomada al valor del mayor precio de la licitación.

Para las especies NO cuotificadas, solo sería necesario solicitar la autorización al CFP.

Se eliminaría la obligación de descargar productos solamente en puertos argentinos y se eliminarían restricciones a la contratación de personal extranjero embarcado.

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Es relevante la supresión del art.27 bis, que penalizaba a aquellas empresas que operasen en el mar argentino sin permiso (en especial en aguas de Malvinas).

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