El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acusó hoy a parte de la corte suprema de justicia de preparar el terreno para detenerlo por atentar contra la democracia y convocó nuevamente a la población a defender la “libertad de expresión” y protestar contra el máximo tribunal el 7 de setiembre, Día de la Independencia, actos que también son interpretados como una suerte de intento de ‘autogolpe”.
“Lo que ellos están buscando (con los procesos) es esperar el momento para aplicarme una sanción restrictiva, quien sabe cuando deje el Gobierno más adelante”, afirmó Bolsonaro a la radio oficialista Fonte Fm, del estado central de Goiás.
Con esta declaración el presidente intentó explicar otra del sábado durante un culto evangélico, también en Goiás, estado agrícola vecino a Brasilia, en la cual dijo que hay tres opciones para el futuro: “Ir preso, morir o salir victorioso. La primera está descartada”.
La tensión tiene que ver con varios ministros del Supremo Tribunal Federal, pero sobre todo con Alexandre de Moraes, que ha detenido a amigos de Bolsonaro por haber montado ataques contra la democracia y financiado supuestos intentos de golpes con incentivos para intervenir con el Ejército a la corte, en el marco de una megacausa contra las usinas de fake news, en la que fue incluida el propio jefe del Estado.
Otras dos causas están abiertas en el alto tribunal contra Bolsonaro: prevaricato en una denuncia de corrupción por compra de vacunas y otra por atentar contra el sistema electoral por montar una narrativa de que hubo y habrá fraude en las elecciones.
“Yo digo que estamos frente a una presión muy grande contra la libertad de expresión. No se puede hablar de tratamiento precoz contra la pandemia, no se puede hablar en contra del voto electrónico”, sostuvo el ultraderechista.
Bolsonaro confirmó que participará en Brasilia por la mañana y en San Pablo por la tarde de los actos para repudiar a la corte, mientras en las redes sociales sus seguidores convocan a intervenir militarmente el Supremo Tribunal Federal, ubicado en uno de las aristas de la Plaza de los Tres Poderes, frente al Congreso y al Palacio del Planalto, la sede del Gobierno.
La manifestación, vista por la oposición como un intento de autogolpe, ha alejado al mercado financiero del ministro de Economía, Paulo Guedes, y ha dividido al influyente sector industrial, sobre todo por el peso que tiene el bolsonarista Paulo Skaf, titular de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp).
Skal es aliado de Bolsonaro desde 2016, cuando prestaba la sede de la Fiesp como escenario de las protestas de la derecha que terminaron con la destitución de Dilma Rousseff de la presidencia.
En el marco de un manifiesto a favor de la democracia que preparaban los tres principales bancos privados- Itaú, Bradesco y Santander- el gobierno amenazó con retirar de la federación de bancos (Febraban) al Banco do Brasil y Caixa Económica, dos entidades publicas,
El manifiesto iba a alertar sobre el peligro de la democracia pero ahora está en suspenso debido a que gran part ede los industriales paulistas y el agronegocio que forma parte de la trama financiera quien también culpar de inestabilidad a la corte.
El vicepresidente Hamilton Mourao, enfrentado con Bolsonaro, dijo que defiende un manifiesto al calificar que los bancos y la industria “son la base de la civilización”.
Alineadas con el neoliberalismo no oficialista, grande entidades empresarias también negocian un repudio a la actitud del mandatario pero no al modelo económico.
Del lado del mundo del trabajo, las centrales sindicales, entre ellas la CUT, vinculada al opositor Partido de los Trabajadores del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y principal líder que figura como favorito para las elecciones de 2002, calificaron de “golpista” la manifestación del 7 de setiembre, cuando se cumplan 199 años de la declaración de la Independencia.
“No se aguanta más, vivimos bordeando una crisis institucional. La aparente inhabilidad política que apunta a desordenar la armonía entre poderes esconde un comportamiento que busca justificar salidas no constitucionales”, dice un trecho del comunicad de las centrales sindicales.
Bolsonaro, un ex capitán del Ejército, ha poblado el gabinete y el poder Ejecutivo de militares en actividad y retirados, en el gobierno con más uniformados desde el fin de la dictadura (1964-1985).
Este año, desde que en marzo la Corte anuló por lawfare las condenas contra Lula, comenzó a denunciar fraude en el sistema electoral promoviendo la alteración del modelo de urnas electrónicas por las cuales él mismo fue elegido.
Eso lo enfrentó con la justicia electoral, a la que acusó de trabajar a favor de una victoria de Lula.
Con ese escenario anticipado, Lula cuenta con el 59% de intención de voto en la segunda vuelta para vencer a Bolsonaro -según Datafolha- y se transformó en el principal crítico de modelo económico.
Con la inflación galopando en 9% en el acumulado de 12 meses, contra la meta de 3,25% fijado por el Banco Central y la canasta de alimentos básicos cercana a los 130 dólares por persona, Bolsonaro culpó por los aumentos de las naftas y del gas a los gobernadores, por no renunciar a cobrar el impuesto provincial a esos insumos.
“Este es el resultado de la política de la cuarentena, de quedarse en casa, al que adhirió parte de la población que se queja”, subrayó el jefe del Estado.
Por eso la semana pasada causó revuelo al sugerir que el pueblo debía comprar fusiles para no ser “esclavizado”, en una jugada parecida a los modos de su aliado expresidente Donald Trump.
“Hay idiotas que me dicen que el poroto está caro cuando hablo de comprar fusiles. Si no quieren comprar fusiles no compren pero dejen comprar al que quiere hacerlo”, enfatizó.
El mandatario también convocó a apoyarlo al agronegocio, principal fuente del PBI de Brasil y por el cual ha sustentado gran parte de su política contra la demarcación de tierras indígenas.
