El FMI señaló: “Cuantos más datos vemos, más grave parece ser el impacto”, recalcando el efecto de la sequía que afectó al país.
La sequía que se registró en el país está golpeando a la actividad económica más de lo que se había esperado, de acuerdo a lo expresado por el Fondo Monetario Internacional. “Cuantos más datos vemos, más grave parece ser el impacto en el país”, sostuvo Nigel Chalk, quien es director para el Hemisferio Occidental en el FMI.
Los funcionarios del FMI redujeron su pronóstico de crecimiento para 2023 al 0,2% comparado con un 2% anterior. Aunque este número es más optimista que los economistas privados de Buenos Aires, que anticipan una contracción del PBI del 4% este año.
Chal afirmó que las estimaciones del fondo publicadas, “se basan en la información que teníamos hace tres o cuatro semanas”, pero aún no se ha visto el impacto total de la sequía. “Hay mucha incertidumbre y se está moviendo muy rápido”.
Pico de Inflación
Aunque el impacto total de la sequía sigue siendo “difícil” de predecir, se espera que el ritmo de aumento de los costos de los alimentos disminuya en los meses siguientes.
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De acuerdo a lo dicho por Chalk “No deberíamos ver aumentos rápidos y continuos en los precios de los alimentos” (…) “a menos que la sequía empeore secuencialmente”.
La sequía aceleró los aumentos de precios al consumidor. Las exportaciones están rumbo a una caída precipitada con casi de la mitad de la cosecha de soja perdida. A pesar de esto, el FMI prevé que la inflación disminuya un 80%, por debajo de la tasa anual de 103%.
“La economía se está desacelerando, lo que significará menos presiones de demanda”, enfatizó Chalk.
La disparada inflacionaria de los últimos meses tuvo un impacto directo en la línea de pobreza. Con ingresos que cada vez valen menos, la pobreza aumentó en todo el país y Posadas no fue la excepción. Sin embargo, la capital misionera se mantiene entre los distritos con menor índice de pobreza y es la segunda con menor tasa detrás de Formosa, con 18 puntos menos que Chaco y nueve puntos menos que Corrientes.
Al segundo semestre del año 2022, de acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, la pobreza en el aglomerado urbano de Posadas alcanzó al 36,7% de las personas, una suba de 2,6 puntos porcentuales (p.p) en relación con igual semestre del año anterior y de 8,0 p.p contra el semestre anterior explicada por un fuerte incremento de precios y de las canastas básicas que crecieron por encima de los ingresos de los hogares. De este modo, hay 11.523 nuevas personas en situación de pobreza respecto al segundo semestre del 2021 en el aglomerado misionero.
Dentro del conjunto de personas en situación de pobreza, se distingue un 4,8% de personas en situación de indigencia en el aglomerado misionero, incrementándose a nivel interanual 1,0 p.p, según un informe de la consultora Politikon Chaco basado en datos del INDEC.
Evolución de la pobreza e indigencia en Posadas
En el aglomerado misionero se registraron al segundo semestre de 2022 unas 140.314 personas en situación de pobreza, que corresponden a 34.844 hogares. Así, la incidencia de la pobreza llega al 36,7% de las personas y al 26,3% de los hogares. Además, se registraron 18.480 personas en situación de indigencia en 4.573 hogares, por lo que la incidencia de la indigencia alcanzó al 4,8% de las personas y 3,5% de los hogares.
Analizando la evolución de las tasas de pobreza e indigencia para el aglomerado misionero durante el período 2016-2022 (a partir de la nueva serie de medición iniciada en dicho año) se observa que la pobreza en Posadas marcó un récord en el segundo semestre del 2019 (llegando al 41,3% de las personas siendo el único período donde la tasa de pobreza fue superior al nivel regional del NEA) y luego fue disminuyendo durante 2020. Si bien dio un leve salto hacia el primer semestre 2021, volvió a disminuir sus niveles sobre finales de ese año. En los primeros seis meses del 2022, a partir de una fuerte suba del empleo y la recuperación parcial de salarios -aunque de manera desigual según sectores- Posadas vio una significativa reducción en las tasas de pobreza.
Sin embargo, el fuerte incremento de precios registrado en el segundo semestre del 2022 arrastró también, y en mayor nivel, a los valores de las canastas básicas, determinantes estas de las líneas de pobreza e indigencia. En el aglomerado de Posadas, el ingreso medio per cápita familiar creció 78,1% interanual y 29,8% semestral, pero el valor de la canasta básica alimentaria creció 85,3% y 43,6% respectivamente, situación que indefectiblemente genera un salto en la incidencia de pobreza en el aglomerado misionero, de igual forma que se dio a nivel país.
En la comparación contra igual semestre pero del año 2021 (interanual) la tasa de pobreza en Posadas se incrementó en 2,6 puntos porcentuales. Esto representa que unas 11.523 personas pasaron a situación de pobreza en los últimos doce meses. La variación semestral, a su vez, mostró una suba más importante: +8.0 p.p. que representan 31.085 nuevos pobres.
En el NEA, las personas en situación de pobreza representaron el 43,6%. Dentro de la región, Posadas tiene el segundo menor registro de pobreza del NEA, detrás de Formosa que exhibió un 34,4% de personas consideradas pobres. Por su parte, Gran Resistencia continúa mostrando la mayor tasa de pobreza de la región (54,0%), seguida por Corrientes (45,2%). Se destaca que todos los aglomerados de la región como el total del NEA experimentan un incremento semestral en la incidencia de la pobreza.
Respecto a la indigencia en la región, el registro de 4,8% de Posadas la posiciona como el aglomerado con la menor tasa en el NEA; Gran Resistencia, en la región, vuelve a registrar los mayores niveles en este indicador (14,0%), seguida de Formosa (13,2%) y Corrientes (9,4%). El promedio regional fue del 10,3%.
En el plano nacional, Posadas exhibe un nivel de pobreza inferior al total país y registra la 11° tasa de pobreza más baja del país, en un ranking que agrupa a 32 aglomerados urbanos y que encabeza el aglomerado de Concordia (Entre Ríos)
Además, a nivel nacional, Posadas tiene la sexta menor tasa de indigencia de todo el país.
En relación con los ingresos, el aglomerado de Posadas mostró el mayor ingreso medio per cápita familiar en el NEA con $ 47.934,6 exhibiendo un incremento del 78,1% interanual y 29,8%. Sin embargo, la Canasta Básica Alimentaria en la región se incrementó 91,2% interanual y 42,8% semestral, mientras que la Canasta Básica Total lo hizo en 85,3% y 43,6% respectivamente, lo que genera indefectiblemente una suba en los niveles de pobreza ante un escenario de caída real de los ingresos.
En el NEA, además de tener el ingreso medio per cápita familiar más alto de la región, Posadas exhibió el segundo mayor incremento (interanual y semestral), por debajo del Gran Resistencia (creció 91,0% y 39,5%); sin embargo, en los cuatro aglomerados que conforman la región los ingresos no lograron posicionarse por encima del alza de las líneas de pobreza e indigencia.
Un halo de optimismo recayó en algunos actores económicos cuando -por diversos motivos- la inflación pasó de promediar 6,7% mensual entre julio y octubre a estacionarse en la zona del 5% entre noviembre y diciembre del año pasado.
Sin embargo, la desaceleración fue transitoria, destaca la consultora Ecolatina, y el comienzo del año vino con fuertes subas en alimentos básicos -en particular carnes, frutas y verduras- y aumentos en precios Regulados -servicios públicos, transporte, prepagas, telefonía e internet- que revirtieron la tendencia previa, haciendo que la inflación vuelva a ubicarse por encima del 6% mensual. Esto terminó de echar por tierra la posibilidad que la inflación “comience con 3” en abril, tal como aspiraba el ministro Sergio Massa. De hecho, lo más probable es que el dato de marzo sea cercano al doble de dicho objetivo.
En este contexto, buena parte de los sindicatos renegociaron sus paritarias y, de hecho, 16 de los 20 gremios analizados dentro del índice salarial del sector privado relevado por Ecolatina tienen aumentos estipulados hasta marzo.
Dado este escenario, corresponde preguntarse: ¿la nueva aceleración inflacionaria permitirá mantener en terreno positivo al salario real formal en la primera parte del año? ¿qué sucederá con el objetivo del Gobierno de recomponer el poder adquisitivo en el año electoral? ¿podrá ser utilizado como herramienta para dinamizar a la actividad económica?
Primer trimestre: vuelta a un terreno (no tan) negativo
Pese a los dos shocks inflacionarios de 2022, el salario real formal (privado y público) mostró una ligera recomposición en el promedio de 2022 (+0,7%), luego de haber transitado cuatro años consecutivos en rojo (-20%). Esta mejora estuvo concentrada en el primer semestre del año (+2,9% i.a.), mientras que existió un desempeño negativo a partir del segundo semestre (-1,3% i.a.), impactado por la fuerte aceleración en los precios. Pese a esto, con la transitoria desaceleración inflacionaria de finales del año pasado el salario real registrado volvió a mostrar una cifra interanual positiva recién en diciembre (+0,5% i.a.).
Sin embargo, esta mejora fue transitoria, y si mantenemos una óptica más cortoplacista se puede argüir que la brecha mensual entre los salarios y la inflación podría ser la mayor de los últimos meses, cuando se venía dando una suerte de “crawling peg” de los salarios respecto de los precios. En este sentido, también se podría considerar que la comparación interanual mostrará, en el mejor de los escenarios, un empate entre los precios y los salarios formales hasta marzo.
De todas maneras, al inspeccionar la heterogeneidad hacia el interior de los trabajadores formales vemos que buena parte del salario real dista de exhibir -durante los primeros tres meses del año- rojos tan pronunciados como aquellos del 3T del año pasado. Además, en algunos casos se suman bonos -como en el caso de Camioneros, que percibieron $100.000 en diciembre- que puedan incluso incrementar el sueldo de bolsillo.
Es distinta la historia para los ingresos alejados del empleo formal. Porcaso, los trabajadores informales experimentaron una caída promedio del 7,5% en 2022 (-35% vs 2017), y no esperamos que la tendencia se revierta en la primera parte del año. Por su parte, a pesar de los esfuerzos de sostener los haberes jubilatorios a través de bonos, el impacto será algo más notorio durante el primer semestre, y especialmente en las jubilaciones y pensiones mínimas, que serán justamente las beneficiarias de esta asistencia. Finalmente, la evolución real de las asignaciones fue afectada por una elevada base de comparación, resultandos insuficientes las sumas fijas otorgadas para sostener su poder adquisitivo. Vale decir que se busca complementar la asistencia a los beneficiarios con la ayuda escolar y el “Plan 1000 días” en el comienzo del año.
Consumo privado: ¿el último bastión de la actividad económica?
La economía se verá golpeada por múltiples frentes en 2023. La profundización de la sequía no golpeará únicamente al sector agropecuario, sino también a sus actividades conexas y al volumen de exportaciones del principal sector generador de divisas del país. Así, la disponibilidad de dólares por esta vía se verá profundamente reducida (estimamos alrededor de USD 20.000 M), lo cual reducirá notablemente el margen para financiar importaciones para lograr sostener el nivel de actividad económica.
Así, la inversión productiva también se verá golpeada, en un contexto en el cual alrededor del 30% de la misma depende de las compras al resto del mundo (maquinaria y equipo importado, por caso). Además, el consumo público no será un factor diferencial dadas las fuertes restricciones que recaen en el Tesoro en el marco del acuerdo con el FMI.
Con este panorama complejo, que derivará en una recesión este año, queda el consumo privado como único componente de la demanda agregada a la que apostará el Gobierno para evitar una mayor caída del PIB en 2023.
Las claves: sostener el salario real, el rol de la propensión a consumir y el empuje de los servicios
En este marco, el Gobierno sabe que evitar una caída del salario real del sector formal será vital. Por ejemplo, durante el 1T de 2018 y el 4T de 2019 el consumo privado (sin estacionalidad) se retrajo 12,5%, mientras que el salario real registrado cayó 14,5%. Por el contrario, la mejora del consumo privado de 9% entre el cierre de 2019 y el 3T de 2022 estuvo acompañada por una merma de “sólo” 3% del salario formal.
Si bien hay diversos factores operando, entre los que podemos destacar el fuerte “consumo revancha” post-pandemia que podríamos considerar acabado, lo cierto es que a la menor caída del poder adquisitivo se le suma la falta de “destinos” para los pesos frente al endurecimiento del cepo cambiario y el acortamiento en los horizontes de planificación. En este sentido, la reciente aceleración inflacionaria muestra que la tasa de interés real ex-post volvió a ser negativa en el corto plazo, aún con la suba de esta semana. Asimismo, el dólar en su versión libre no sólo se encuentra “caro” en términos históricos, sino que representa una erogación significativa para un sueldo mediano. Como resultado, una salida “fácil” a los desvalorizados pesos continuará siendo destinarlos al consumo de bienes y servicios.
Asimismo, considerando que los servicios son consumidos más intensamente por sectores de mayores ingresos -los beneficiados por paritarias- y que son ramas que pueden no verse tan afectadas –a priori- por las restricciones a las importaciones, su importancia -en torno al 60% de la economía- podría apuntalar la demanda interna en un año en el que no se destacarán las buenas noticias.
De esta forma, la apuesta por sostener el salario real “hasta donde se pueda” será el -quizás el único- objetivo que el Gobierno se trazará en la previa electoral. Paradójicamente, o no tanto, esto no será a través de una desaceleración de la inflación, sino a incrementos salariales más cercanos a ella, minando todavía más el poder adquisitivo de trabajadores informales y beneficiarios de la seguridad social. En su intento por estimular el consumo, el Gobierno habrá contribuido a amplificar la brecha en los ingresos de estos sectores a lo largo de su mandato.
El 6,6% de incremento del IPC nacional en febrero, la suba del 11,7% de la canasta básica alimentaria y el arrastre de cuatro meses consecutivos con descenso en la actividad económica ya ponen en jaque el escenario económico para este año: aparece en el horizonte la estanflación.
De manera simplificada, una economía con alta inflación pero con crecimiento supone que el consumo y la producción -entre otras cosas- continúan desarrollando procesos de expansión; incluso, desde un punto de vista fiscal, crecimiento con inflación le permite a los gobiernos recaudar por encima de las metas y así dirigir el gasto “excedente” de manera más discrecional, por fuera de lo estimado en los presupuestos.
Sin embargo, cuando a un régimen de alta inflación se le suma el estancamiento de la economía, la situación se torna difícil: el consumo cae, la producción se frena, el poder adquisitivo pierde -aún más-, y se ingresa en una situación de alta exigencia para los estados. Pero estos, además, enfrentan otro problema en paralelo: la baja de la actividad repercute de manera directa en las arcas públicas y ya no recaudas como antes. El Estado nacional, ante esto, puede emitir, con el riesgo de mayor presión inflacionaria. Pero ¿las provincias que pueden hacer? Ajustar, como primera medida, con un fuerte riesgo de erosionar la base social.
En materia fiscal, febrero fue un mes muy malo. La recaudación tributaria nacional cayó 10 puntos en términos reales; esto a su vez generó que las transferencias automáticas a provincias muestren una caída real del 3,1%. Por otro lado, el proceso de ajuste aplicado de manera muy fuerte a provincias en particular generó que en febrero el recorte de las remesas no automáticas fuera del 37,7%. Por ende, ya de entrada se observa que las cajas provinciales tuvieron cierto estrés durante febrero. Pero si nos limitamos al Norte Grande, la que peor la pasó fue Misiones, afectada por inflación pero también por asimetrías.
Por asimetrías en el esquema de reparto vigente vía Ley de Coparticipación, Misiones sigue siendo -como lo fue históricamente- la provincia más perjudicada del Norte Grande; en febrero, esto se volvió a evidenciar al observar la caída real más fuerte en la región durante ese mes en los envíos automáticos: -4,8%. Naturalmente, el mayor crecimiento del IPC del NEA (7,8%) sobre el del NOA (7,3%) genera caídas más fuertes para las provincias de este lado de la región, pero mientras Misiones desciende 4,8% real, Chaco lo hizo en -4,2%, Corrientes -4,5% y Formosa -4,1%.
Vemos entonces una caída mayor en tierra misionera que, si bien no parece ser demasiada importante la diferencia, se torna insostenible por la continuidad en el tiempo: cada vez que la región ve caídas, la misionera es la más alta; cada vez que presenta subas, la misionera es la menor. Además, el sostenimiento de Misiones como la provincia de menor recepción de fondos automáticos per cápita ($ 17.855 por misionero) de la región y la sexta menor de todo el país vuelve a ratificar este problema.
Vamos al segundo punto: las remesas no automáticas. En el país cayeron 37,7% real pero en el Norte Grande consolidado lo hicieron en “solo” -17% real, producto de una performance muy heterogénea entre el NOA y el NEA. De las diez provincias del Norte Grande, crecieron seis con el Chaco a la cabeza (29% real) y cuatro cayeron. De ese lote, el descenso misionero fue el segundo más alto de la región con -56,5%. En este caso, no se trata de regulaciones vía Ley, sino que se trata de la voluntad política de destinar fondos a las provincias. Estos fondos son los más políticos que hay. Ya en enero, en Misiones habían caído 53,4%, por lo que se trata de un primer bimestre de altísimo recorte de fondos nacionales para Misiones.
En un año electoral, es difícil pensar que las provincias enfrenten crisis de liquidez, pero a diferencia de otros contextos similares, la aceleración de los problemas es el principal problema. Guste o no, la necesidad de ajuste se torna cada vez más cercana no solo para lograr equilibrios fiscales en la Nación sino también para poder dar orden y cierta estabilidad a las variables que hoy están descontroladas. Hace falta una fuerte decisión económica y una fuerte decisión política. En este escenario, hay provincias que están comenzando a limitar sus programas de gobierno; otras, que siguen apostando a la inversión bajo dos características: orden fiscal e impulso a la economía local. Misiones dio la nota esta semana con la inauguración del Silicon Misiones, una obra que más allá de la infraestructura, abre las puertas del futuro para la provincia: la economía del conocimiento. Pero lejos de ser el puntapié inicial para la provincia, se trata más bien de la ratificación de un camino iniciado hace tiempo que generó que en Misiones el empleo relacionado a la economía del conocimiento crezca 30% y que se estima podría ser el principal complejo exportador de servicios del futuro.
Tras el dato de una inflación del 6,6 % en febrero y 102,5 interanual, el economista Daniel Adler lanzó sus propuestas para bajar la inflación
“Las personas de más bajos ingresos son los que más sufren este proceso inflacionario porque no suelen tener activos que superen el ritmo de estos aumentos de precios (propiedades e inversiones) y los ingresos o el salario real es cada vez menor y tiene menos poder de compra. Cada día 2800 trabajadores cruzan el umbral de la pobreza. Estamos viendo la pulverización del poder adquisitivo y el consumo”, aseguró Daniel Adler, especialista en Educación Financiera y Emprendedurismo.
Adler explicó que: “unos 28 millones de argentinos reciben ingresos directos de parte del Estado nacional. Hay 182 programas de asistencia social y el último año hubo un incremento de 54% de la cantidad de inscriptos en estos programas”.
Existen 167 impuestos y a esos hay que sumarles la inflación, que es el peor de todos. Argentina tiene hoy la inflación más alta de los últimos 32 años y es producto de la falta de inversión y de ausencia de incentivos para el ahorro. La pobreza, según la UCA, llega al 43,1% de los habitantes y la indigencia al 8,1%. El 61.6% de los niños de entre 1 y 17 años es pobre.
“Estamos ante un escenario donde la inflación golpea constante y metódicamente, el bolsillo de todos y cada uno de los argentinos, en donde cada vez hay menos Pyme, las que representan el 99% del tejido empresarial y el 80% del empleo, casi 11 millones de puestos de trabajo (el doble que las grandes corporaciones), y el 50% del PBI”.
“Me permito, continuó Adler, proponer algunas medidas puntuales para bajar la inflación y lograr la reactivación económica, en dos etapas de 6 meses cada una:”
Etapa uno:
1 – Establecer por Ley la prohibición de emisión monetaria cómo lo hizo Israel en el año 1989. Restringir absolutamente la emisión monetaria es poner un potente freno de mano.
2 – Limitar el déficit fiscal al 2,5% del producto bruto interno (siempre se dice que hay que gastar menos, pero está bueno cuantificar cuánto es el presupuesto)
3- Mantener fijos los precios de los Servicios como electricidad, gas, impuestos y combustibles por los primeros 6 meses (más tarde se comenzarán a actualizar progresivamente)
Etapa dos:
4 – Creación de créditos a una tasa nunca mayor del 18% anual, dependiendo el sector.
5 – Liberación de todos los precios privados. Los planes de congelamiento de precios nunca sirvieron, no sirven y no servirán nunca.
6 – Eliminación del cepo cambiario. Que el dólar pase a ser una moneda de uso corriente al igual que el peso argentino. Que haya una convivencia entre ambas maneras como sucede en Panamá.
7 – Generar valor: tal vez lo más importante viene el final pero debemos volver al ruedo y a la competencia. Es esencial. El Gobierno debe invertir en su activo más valioso que es su gente, para que puedan crear marcas personales que sean exportables como productos terminados. El mundo realmente está necesitando de proveedores argentinos, con un sello de calidad como el que tendremos muy pronto, si seguimos estos pasos, pero para eso necesitamos políticas económicas internas claras, transparentes y sostenibles en el tiempo indistintamente del gobierno de turno, tal como lo hace Uruguay.
“Una vez que tengamos certidumbre y claridad, como así también crédito y previsibilidad, podremos empezar un Plan Nacional de Educación Financiera, proyectando un 40% de emprendedores que exporte en su talento y que traigan dólares genuinos para sí mismos y para el país”, finalizó Adler
